ONP OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACION PREVISIONAL

Fondo de pensiones pierde unos S/.98 mlls.
El Comercio 22 de Julio

Unas 10 mil personas que, con ayuda de grupos organizados, utilizaron documentación falsa para obtener rentas y beneficios de invalidez o viudez que no les correspondían
Por José Santillán Arruz
La Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP) suspendió el pago de pensiones a unas 8 mil personas, las cuales se valieron de documentación falsa para cobrar indebidamente las rentas y beneficios que, por derecho de invalidez o jubilación, no les correspondía.
Todas estas personas, que nunca trabajaron en una empresa o, si lo hicieron, no completaron el tiempo de servicios que exige la ley para obtener una pensión, eran captadas por mafias de tramitadores. Estas les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de ofrecerles certificados de trabajo falsos, declaraciones juradas suscritas por presuntos representantes legales de empresas que utilizaban minutas adulteradas o falsas y hasta certificados médicos de invalidez con la firma falsa de algún médico o certificados de invalidez suscritos por médicos que también formaban parte de la red criminal que se encargaba de estafar al Estado.
Roberto Sánchez León, representante legal de la ONP, reveló que estas 8 mil personas fueron detectadas el último año y medio, tras efectuarse el control de las solicitudes presentadas para obtener una pensión, sea de jubilación o de invalidez. Como sea, el perjuicio causado al Sistema Nacional de Pensiones y al Estado asciende a unos S/.60 millones. A ello se suman los casos detectados en Huaura, donde operaban dos organizaciones que ocasionaron otros 38 millones de soles en pérdidas. En total S/.98 millones que ahora, al dejar de pagarse, representan un ahorro para la ONP, el que servirá para incrementar las pensiones de los jubilados, indicó Sánchez León.
Precisó también que la mayoría de los 8 mil falsos pensionistas cobró en los últimos cuatro o cinco años y en algunos casos desde el 2001. En todo caso, precisó Sánchez, ya fueron denunciadas penalmente 2.745 personas al actuar en calidad de cómplices de las organizaciones que se dedicaban a la falsificación de documentos, en tanto que hay otras 554 procesadas ante el Poder Judicial.
Gerardo Velarde, gerente del área legal de la ONP, recordó que muchas de estas organizaciones delictivas, integradas por médicos, abogados, contadores y hasta simples comerciantes han sido desarticuladas en Huancayo, Arequipa, Ica, Chimbote, Tambogrande, Huaura y Lima.
CLAN FAMILIAR AL DESCUBIERTOEn Lima, el 5 de diciembre del 2007, el Juzgado Penal 12 del distrito judicial del cono norte de Lima sentenció a las hermanas Milagros y Dalia Muñoz Vargas, a cinco y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente, al ser halladas culpables de los delitos contra el patrimonio, en modalidad de estafa, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
En la sentencia se da cuenta de la intervención policial del 19 de abril de ese año. Se encontró impresoras y computadoras cuyos archivos contenían todos los formatos de los certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, declaraciones juradas de las empresas, algunas de ellas fantasmas, que utilizaban para estafar al Estado. Ambas sentenciadas contaban con el apoyo de algunos de sus familiares directos que se encargaban de captar a las personas que pretendían una pensión vitalicia. Entre los involucrados, se encuentra Antonio Giol Flores, quien trabajó en una empresa minera como contador. De acuerdo con las investigaciones, esta mafia operaría desde el año 2002.
LA MAFIA DE 'LA GORDITA'Pero este no es el único caso en Lima. En noviembre del 2007 fue detenida preventivamente Carmen del Pilar Contreras Sánchez 'La Gordita'. Ella fue denunciada ante la Fiscalía Penal 16 de Lima, al descubrirse que era la principal autora de la manipulación y presentación de solicitudes de jubilación fraudulentas ante la ONP en Lima. De la investigación conjunta realizada por la ONP, la División de Estafas de la Policía Nacional y el Ministerio Público se logró identificar a 11 miembros de esa organización delictiva, refirió Sánchez León.
LOS CASOS DE HUAURAEl caso de Huaura, donde fueron desarticuladas dos poderosas mafias dedicadas a la captación de personas para que obtengan una pensión indebida, tal vez sea el más emblemático de todos, pues ambas organizaciones marcaban sus territorios de operación. Mientras una, encabezada por Efemio Bao Romero, se dedicaba a obtener pensiones por invalidez o discapacidad; la otra, cuyo cabecilla era Claudio Campos Egües, conseguía toda la documentación necesaria para obtener una pensión de jubilación.
En ambos casos, contaban con la participación de Víctor Collantes, Mirko Vásquez y Verónica Ruiz, tres verificadores de documentación que trabajaban para la empresa Equifax, proveedor contratado por la ONP. Ellos aprobaban la documentación falsa que era tramitada como verdadera ante el fondo de pensiones.
Efemio Bao contaba además con el apoyo de dos médicos, Édgar Jara Salas y Félix Pari Loayza, que emitían certificados de incapacidad siempre con los mismos diagnósticos. "Ambos galenos admitieron su responsabilidad, fueron detenidos, luego liberados y siguen ejerciendo", lamentó Sánchez León. Bao empleaba, además, según Sánchez, su emisora para publicitar la captación de personas que pretendían una pensión. Manuel Pablo Olórtegui se encargaba de hacer los trámites, era quien recibía las cartas-poder de los solicitantes. También se servía de las empresas San Cristóbal, VilcaHuara, Desagravio y José Rondoy para utilizar sus libros de planillas e insertar gente que no trabajó realmente. Bao habría iniciado sus operaciones en el 2002, beneficiando a 1.230 personas que le costaron al Estado S/.30'843.725,04. Bao fue detenido en mayo de este año y fue condenado el 24 de junio pasado a 7 años de cárcel, tras admitir sus responsabilidad.
Claudio Campos Egües, por su parte, utilizaba a pequeñas empresas agrícolas, talleres de carpintería y hasta una picantería como empresas de fachada para insertar personas y de este modo lograr una pensión de jubilación indebida. Campos fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel.