Comisión Permanente en extraña demora
Expreso 25 3 09
Resulta preocupante la demora que viene mostrando la Comisión Permanente del Congreso en el trámite para debatir y someter a votación la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior, Fernando Rospigliosi, por irregularidades halladas en el proceso de licitación para la compra de uniformes para la Policía Nacional, durante su gestión al frente de ese portafolio el año 2004.
La demora resulta extraña ya que la denuncia constitucional fue aprobada en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y se encuentra en pendiente de trámite desde el 22 de diciembre de 2008 en la Comisión Permanente. Como es de conocimiento público, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, en su informe final del 16 de junio del año pasado, concluyó en acusar constitucionalmente a Rospigliosi “al haber actuado en favor de intereses propios o de terceros”.Y es que Rospigliosi Capurro avaló la participación de la ONG Proética –que entre sus fundadores tiene a las ONG Transparencia e IPYS y Rospigliosi integró ambas– para que supervisara la transparencia de la licitación, pese a que no tenía ninguna experiencia al respecto y no se encontraba inscrita en los Registros Públicos.Por ello, el subgrupo de trabajo que preside Martha Moyano recomendó sancionar a Rospigliosi Capurro “con inhabilitación en el ejercicio de la función pública hasta por un periodo de cinco años”.La Comisión Permanente del Congreso debe actuar antes de que prescriba la prerrogativa del antejuicio que tiene como ex ministro y que vence en mayo próximo, cuando se cumpla la fecha en que dejó el Mininter. De no pronunciarse, el Parlamento avalaría un delito, apoyaría la impunidad y sentaría un pésimo precedente.
miércoles, 25 de marzo de 2009
lunes, 23 de marzo de 2009
FONCODES Y CARLOS ARANA
LO QUE HACE CARLOS ARANA EN FONCODES
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized
La última vez que supimos de Carlos Arana, Director de FONCODES, fue su desfile con la “Sub 50″ del Partido Aprista Peruano, al lado del Presidente de la República, en el Día de la Fraternidad. Y la verdad, es que su gestión al frente de una de las instituciones que maneja programas sociales ha sido de perfil bastante bajo. Por ello, era importante que alguien le diera luz a lo que estaba haciendo.
Otra Mirada, una entidad nueva que está haciendo análisis de coyuntura sobre lo que pasa en el país, hizo un pequeño informe sobre los gastos que se vienen haciendo en FONCODES durante la gestión de uno de los predilectos de Agustín Mantilla. Estos fueron los resultados:
En el 2006, FONCODES dedicó el 12% de su presupuesto en administración; en el 2007, esto llegó al 18%; pero en el 2008, bajo la dirección de Carlos Arana, este programa dedicó más de 32 millones de soles en gastos administrativos, vale decir, el 36% de un presupuesto ejecutado de 88 millones de soles. ¿Logró así, ser más eficaz? No, ya que en el 2008, dejó de ejecutar más de un cuarto de su presupuesto (27%). Así pues, con la llegada de este importante dirigente aprista a la dirección de FONCODES, su ejecución presupuestal ha empeorado, dedicando una mayor proporción del presupuesto en burocracia. ¿Qué otros servicios presta Carlos Arana al gobierno que justifica que siga en el cargo?
El informe tuvo rebote en algunas páginas web y Arana dio sus descargos, pero terminaron enredándolo más:
4. Los gastos totales del FONCODES en el año 2008, ascendieron a S/. 101.7 millones (sumando UE001 y FONCODES), de los cuales S/. 46.1 millones correspondieron a gastos de operación y el monto de S/. 55.6 millones se destinaron a inversión social. De ese total, el 61% se ejecutó en el periodo de agosto-diciembre, lo cual demuestra la eficacia de mi gestión. En cuanto a los gastos operativos, debo indicarle que en ese mismo periodo se ejecutó S/. 19.9 millones, que representa el 43% del total gastado en ese rubro. Le adjunto el siguiente detalle:
Como señalan, en su dúplica, los investigadores de Otra Mirada:
En efecto, en su carta Carlos Arana reconoce que en el 2008 los gastos administrativos de Foncodes han ascendido a 46 millones de soles y los gastos de inversión social a apenas 55,6 millones. Es decir, ¡los gastos operativos son el 45% del total! ¡Por cada millón de inversiones, gastan 900 mil en burocracia!
(En realidad, como se desprende del propio cuadro presentado por Arana, es el 46.1% del total. Y ojo, la web de FONCODES aun no registra estos datos que el compañero dirigente ha presentado como descargo).
Como dicen en mi barrio, el pez por la boca muere. Pregunta para la Ministra Carmen Vildoso: ¿Aún sigue “en evaluación” la presencia de Carlos Arana en FONCODES? ¿O es que la campaña electoral de sus dos jefes, García y Simon, importa más?
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en Uncategorized
La última vez que supimos de Carlos Arana, Director de FONCODES, fue su desfile con la “Sub 50″ del Partido Aprista Peruano, al lado del Presidente de la República, en el Día de la Fraternidad. Y la verdad, es que su gestión al frente de una de las instituciones que maneja programas sociales ha sido de perfil bastante bajo. Por ello, era importante que alguien le diera luz a lo que estaba haciendo.
Otra Mirada, una entidad nueva que está haciendo análisis de coyuntura sobre lo que pasa en el país, hizo un pequeño informe sobre los gastos que se vienen haciendo en FONCODES durante la gestión de uno de los predilectos de Agustín Mantilla. Estos fueron los resultados:
En el 2006, FONCODES dedicó el 12% de su presupuesto en administración; en el 2007, esto llegó al 18%; pero en el 2008, bajo la dirección de Carlos Arana, este programa dedicó más de 32 millones de soles en gastos administrativos, vale decir, el 36% de un presupuesto ejecutado de 88 millones de soles. ¿Logró así, ser más eficaz? No, ya que en el 2008, dejó de ejecutar más de un cuarto de su presupuesto (27%). Así pues, con la llegada de este importante dirigente aprista a la dirección de FONCODES, su ejecución presupuestal ha empeorado, dedicando una mayor proporción del presupuesto en burocracia. ¿Qué otros servicios presta Carlos Arana al gobierno que justifica que siga en el cargo?
El informe tuvo rebote en algunas páginas web y Arana dio sus descargos, pero terminaron enredándolo más:
4. Los gastos totales del FONCODES en el año 2008, ascendieron a S/. 101.7 millones (sumando UE001 y FONCODES), de los cuales S/. 46.1 millones correspondieron a gastos de operación y el monto de S/. 55.6 millones se destinaron a inversión social. De ese total, el 61% se ejecutó en el periodo de agosto-diciembre, lo cual demuestra la eficacia de mi gestión. En cuanto a los gastos operativos, debo indicarle que en ese mismo periodo se ejecutó S/. 19.9 millones, que representa el 43% del total gastado en ese rubro. Le adjunto el siguiente detalle:
Como señalan, en su dúplica, los investigadores de Otra Mirada:
En efecto, en su carta Carlos Arana reconoce que en el 2008 los gastos administrativos de Foncodes han ascendido a 46 millones de soles y los gastos de inversión social a apenas 55,6 millones. Es decir, ¡los gastos operativos son el 45% del total! ¡Por cada millón de inversiones, gastan 900 mil en burocracia!
(En realidad, como se desprende del propio cuadro presentado por Arana, es el 46.1% del total. Y ojo, la web de FONCODES aun no registra estos datos que el compañero dirigente ha presentado como descargo).
Como dicen en mi barrio, el pez por la boca muere. Pregunta para la Ministra Carmen Vildoso: ¿Aún sigue “en evaluación” la presencia de Carlos Arana en FONCODES? ¿O es que la campaña electoral de sus dos jefes, García y Simon, importa más?
domingo, 22 de marzo de 2009
GENRAL FAP HERNAN DE SOUZA, SENTENCIA
CULPABLE DE TRES DELITOS
Dan 8 años de cárcel a ex contralor de la FAP
Con boletas falsas Hernán de Souza Peixoto justificó gastos personales por 28 mil soles"
Por Ítalo Sifuentes Alemán
El ex contralor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Hernán de Souza Peixoto Zumaeta fue sentenciado a ocho años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica, peculado y contra la fe pública (utilización de documento público) en agravio del Estado por la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia que dirige el magistrado Iván Sequeiros.
Este Diario conoció que De Souza Peixoto se encuentra interno en el Penal para Reos Primarios de Lima, antes San Jorge, desde que lo sentenciaron el 25 de junio de este año; es decir, casi tres años después de que fue destituido de la jefatura del Órgano de Control Institucional (OCI) de la FAP, instituto armado del que pasó al retiro con el grado de teniente general.
Según la sentencia, De Souza Peixoto fue sentenciado por haberse apropiado de S/.28.881,55 mediante declaraciones de gastos con boletas falsas de 22 establecimientos comerciales que supuestamente vendieron a la OCI de la FAP artículos de oficina, ferretería, fotográficos, librería, fotocopiado y de computación.
Mientras De Souza estuvo al frente de la OCI de enero a mayo del 2005), manejó cien mil soles que la Dirección de Economía de la FAP giró para el fondo de pagos en efectivo de la OCI de la FAP.
Las primeras irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República, la cual destituyó y denunció a De Souza Peixoto por los delitos por los que acaba de ser condenado.
El Ministerio Público había solicitado una condena de 6 años para De Souza Peixoto, pero la Sexta Sala Penal Especial lo condenó a 8 años de prisión por considerar el alto grado de instrucción del ex oficial de la FAP así como su labor de contralor de los recursos públicos que maneja este instituto armado, según consta en la sentencia.
También pesó sobre la decisión, el hecho de que durante la investigación judicial encontraron que --pese a no ser necesario-- el ex contralor solicitó más recursos para su oficina. "La actividad delictiva de este acusado resulta tan angurrienta que no solo utilizaba el dinero público para sus gastos personales sino que todos los días disponía de ese dinero para su alimentación", señala la sentencia.
Dicha sala también condenó a la ex empleada de la OCI de la FAP Rosa Ramírez Ponce, a quien consideró cómplice de De Souza Peixoto, por no cautelar los fondos y permitir el festín descontrolado con los dineros públicos, de parte de su entonces jefe.
Defensa apela ante la Corte SupremaEste Diario se comunicó con el abogado del ex contralor Hernán de Souza Peixoto Zumaeta, el doctor Joel Quiñones Montenegro, quien si bien se mostró renuente a dar declaraciones, señaló que su defendido apelará ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia de 8 años de prisión impuesta por la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia.
Ante dicha sala, De Souza Peixoto ha señalado que ha sido víctima de un complot, a lo que el tribunal retrucó que las irregularidades detectadas las cometió durante su gestión.
Dan 8 años de cárcel a ex contralor de la FAP
Con boletas falsas Hernán de Souza Peixoto justificó gastos personales por 28 mil soles"
Por Ítalo Sifuentes Alemán
El ex contralor de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Hernán de Souza Peixoto Zumaeta fue sentenciado a ocho años de cárcel por los delitos de falsedad ideológica, peculado y contra la fe pública (utilización de documento público) en agravio del Estado por la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia que dirige el magistrado Iván Sequeiros.
Este Diario conoció que De Souza Peixoto se encuentra interno en el Penal para Reos Primarios de Lima, antes San Jorge, desde que lo sentenciaron el 25 de junio de este año; es decir, casi tres años después de que fue destituido de la jefatura del Órgano de Control Institucional (OCI) de la FAP, instituto armado del que pasó al retiro con el grado de teniente general.
Según la sentencia, De Souza Peixoto fue sentenciado por haberse apropiado de S/.28.881,55 mediante declaraciones de gastos con boletas falsas de 22 establecimientos comerciales que supuestamente vendieron a la OCI de la FAP artículos de oficina, ferretería, fotográficos, librería, fotocopiado y de computación.
Mientras De Souza estuvo al frente de la OCI de enero a mayo del 2005), manejó cien mil soles que la Dirección de Economía de la FAP giró para el fondo de pagos en efectivo de la OCI de la FAP.
Las primeras irregularidades fueron detectadas por la Contraloría General de la República, la cual destituyó y denunció a De Souza Peixoto por los delitos por los que acaba de ser condenado.
El Ministerio Público había solicitado una condena de 6 años para De Souza Peixoto, pero la Sexta Sala Penal Especial lo condenó a 8 años de prisión por considerar el alto grado de instrucción del ex oficial de la FAP así como su labor de contralor de los recursos públicos que maneja este instituto armado, según consta en la sentencia.
También pesó sobre la decisión, el hecho de que durante la investigación judicial encontraron que --pese a no ser necesario-- el ex contralor solicitó más recursos para su oficina. "La actividad delictiva de este acusado resulta tan angurrienta que no solo utilizaba el dinero público para sus gastos personales sino que todos los días disponía de ese dinero para su alimentación", señala la sentencia.
Dicha sala también condenó a la ex empleada de la OCI de la FAP Rosa Ramírez Ponce, a quien consideró cómplice de De Souza Peixoto, por no cautelar los fondos y permitir el festín descontrolado con los dineros públicos, de parte de su entonces jefe.
Defensa apela ante la Corte SupremaEste Diario se comunicó con el abogado del ex contralor Hernán de Souza Peixoto Zumaeta, el doctor Joel Quiñones Montenegro, quien si bien se mostró renuente a dar declaraciones, señaló que su defendido apelará ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia de 8 años de prisión impuesta por la Sexta Sala Penal Especial de la Corte Superior de Justicia.
Ante dicha sala, De Souza Peixoto ha señalado que ha sido víctima de un complot, a lo que el tribunal retrucó que las irregularidades detectadas las cometió durante su gestión.
NARCO AVION FAP - MONTESINOS
La sombra del narco avión (I)
miércoles, 19/09/2007
Después de 11 años, la captura de “Pelado” pone en el candelero a Montesinos en un caso plagado de crímenes
La vieja estrategia del silencio, sumada a súbitos cuadros depresivos para no acudir a las audiencias en la Base Naval del Callao, habían permitido a Vladimiro Montesinos, capear las acusaciones que lo involucran en el escandaloso hallazgo de un cargamento por más de 170 kilos de cocaína de alta pureza en el fuselaje del avión presidencial, en 1996.
La extraña muerte del técnico FAP, Juan Carlos Aliaga Mena, de un balazo en la cabeza y el asesinato del narcotraficante José María Aguilar (a) “Shushupe” en una cárcel de la selva central, habían eliminado a dos incómodos testigos para el Doc, a los que se sumaron otros hechos turbulentos que han empañado ese proceso.
El ex jefe de los servicios de inteligencia y ex brazo derecho del extraditable Alberto Fujimori, parecía sentirse a sus anchas en un proceso donde los testigos parecían tener la mala suerte de morir antes de llegar a los tribunales o desaparecían temerosos de represalias al más puro estilo gangsteril.
Como mansa paloma
Uno de las piezas sueltas en este engranaje era César Augusto Egoávil García, de 60 años de edad , (a) “Pelado” o “Charapa” a quien la Tercera Fiscalía del Callao demandó su captura desde la década pasada por introducir cargamentos de droga al avión presidencial y en las naves de la Armada BAP Ilo y BAP “Matarani”.
Este escurridizo personaje se había dedicado también a enviar remesas de clorhidrato cocaína de alta pureza al exterior a través del servicio postal y, entre otras actividades mafiosas, estaba vinculado con burriers y los llamados narcopitucos.
“Pelado” se ufanaba de no tener un pelo de tonto y se movilizaba como pez en el agua por los vericuetos del sub mundo del polvillo blanco sin presagiar que era seguido por los servicios de inteligencia que habían advertido sobre la búsqueda.
El aspirante a Vito Corleone cayó hace dos días como una mansa paloma en la esquina de las avenidas Colonial y Universitaria, Callao.
Al ser arrestado por los efectivos de la comisaría Playa Rímac, intentó simular ser un empresario pedro comprendió que estaba haciendo el ridículo con un patético alegato de inocencia. “Ya perdí, tranquilo jefe que voy a hablar”, dijo al ser enmarrocado.
Los primeros informes señalan que Egoavil está dispuesto a revelar los entretelones del narco avión presidencial, quiénes financiaron el “pase” así como la vinculación directa de Montesinos y los militares que conformaban la corrupta cúpula fujimorista.
Buenos muchachos
De acuerdo a las investigaciones de la titular del l 5° Juzgado Anticorrupción, Antonia Saquicuray, el Doc autorizó el envío de la droga, 174 kilos de cocaína, camuflada en el fuselaje del avión FAP de matricula DC8-371, aprovechando una misión secreta a Rusia, el 10 de mayo de 1996.
Montesinos fue acusado por los delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado y, en calidad de cómplices, el ex comandante general de la FAP Elesbán Bello Vásquez y los generales en retiro Luis Leoncio Buroncle y Pedro Palomino Horna.
Asimismo Pablo Carbone Merino, Hernán de Souza Peixoto Zumaeta, Wilfredo Barrantes Bolívar, Manuel Barrera, Nelson Echáiz Velásquez y Danfer Suárez Carranza.
En ese entonces el Perú adquiría armas en Bielorrusia y la Federación Rusa, por lo que se realizaban frecuentes vuelos de aviones militares hacia esos países.
Ante las narices de lo que se suponía una estricta vigilancia al avión presidencial, la droga se había camuflado en las turbinas y los entrepaños del fuselaje, maniobra que requería no solo de técnicos sino de la complicidad de centinelas y oficiales.
A raíz de información alcanzada por agentes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, se descubrió el cargamento de cocaína que involucró a altos oficiales del entorno del entonces presidente, Alberto Fujimori.
Veintiocho oficiales y subalternos de la FAP, entre ellos los jefes del Grupo Aéreo Nº 8 del Callao, fueron incluidos en el proceso. El presidente Fujimori salió a defender públicamente a uno de los oficiales comprometidos con el cargamento de droga, quien por ese entonces era su edecán y su piloto de confianza.
Al final los oficiales de alta graduación salieron limpios de polvo y paja gracias al apoyo presidencial, Montesinos sen hizo el loco y algunos avioneros fueron los chivos expiatorios pese a que nadie se explicaba cómo pudieron financiar el “pase”, burlar la vigilancia y tener contactos con la mafia rusa.
Muerte de un testigo
En la mañana del 27 de septiembre del 2000, el técnico FAP, Juan Carlos Aliaga Mena, fue encontrado muerto en una cabina de control del Grupo Aéreo nro. 8 de la Fuerza Aérea. Tenía el cráneo destrozado por un balazo y de inmediato se esgrimió la hipótesis de que se había suicidado con su fusil AKM para cerrar el caso.
El infortunado suboficial era uno de los tripulantes del avión presidencial donde se camufló la droga y , tal como insisten sus allegados , conocía más de una de las actividades clandestinas de Vladimiro Montesinos.
La hipótesis fue desechada desde el primer momento por los deudos y, poco después, el dictamen pericial del Equipo Peruano de Antropología Forense, (EPAF) confirmó que era prácticamente imposible un suicidio, de acuerdo a las características de los daños sufridos en la bóveda craneana.
En buen romance, su extraña muerte no se debía a un suicidio o accidente al manipular su fusil AKM sino, de acuerdo a los peritos en balísticas, a un crimen aparentemente vinculado a los secretos que conocía sobre el avión presidencial, donde se encontró los 174 kilos de cocaína pura.
La lesión no es consistente con aquella que produciría un rifle AKM a corta distancia. “Si hubiera sido así, el cráneo habría volado en mil pedazos”, reafirmó el presidente del EPAF, José Pablo Baraybar, ante la tercera sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao que investigó el caso.
Precisó que si el disparo se hubiera producido con el cañón en contacto o muy cerca de la cabeza, el gas que sale del cañón que sigue al proyectil hubiera ingresado también a la cabeza y la presión intracraneana hubiera sido tal que habría estallado literalmente en miles de pedazos.
Lo extraño es que la cabeza está fracturada, pero tiene solo un pequeño orificio de entrada y otro de salida. “Ese tipo de lesión es más consistente con un disparo de arma corta o un disparo realizado a mucha distancia con arma larga, a 5, 20 metros o más” , agregó Baraybar.
El abogado de la Parte Civil , Carlos Enrique Rodríguez Olivera, explicó que estos resultados descartan completamente que el técnico Aliaga se haya suicidado.
Dice que para que el proyectil de ese fusil no haya volado el cráneo en pedazos tenía que haberse disparado a 5 metros o más. Lo que nos permite afirmar que si la bala era de un AKM tuvo que ser disparada por mano ajena, declaró en una entrevista a La República.
Si el técnico Aliaga hubiera utilizado un arma corta, ¿cómo es posible que no la hayan encontrado en la escena del crimen? ¿Por qué tampoco se halló la bala?, preguntó el letrado quien no descarta que se haya armado la escena del crimen para simular un suicidio.
Afirmó que si bien los peritos grafológicos han confirmado que la carta suicida que se halló entre las pertenencias del técnico fue escrita por él, por otro lado se advierten extraños espacios en blanco, que hacen pensar que fue presionado a escribir el documento.
La viuda, Juana Ortega, también rechazó el móvil del suicidio y la pretendida misiva que se encontró al lado del cadáver, pero su demanda también cayó en saco roto ante la maraña que , en ese entonces, había tejido en torno al narcoavión presidencial, Vladimiro Montesinos. “Mi esposo nunca firmaba solo con el nombre de Juan, como aparece en esa carta. Hay muchas cosas raras en esto”, indicó.
Primero dijeron que se había disparado porque tenía SIDA, luego porque tenía una relación extramarital con una señora que nunca se presentó a las audiencias. Todo lo han inventado para que no se sepa que lo mataron para que no denuncie los casos de corrupción, señaló la indignada mujer.
Recordó que su esposo formó parte de la tripulación del avión presidencial entre 1997 y el 2000, durante los últimos años del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, y que durante ese tiempo viajó en numerosas oportunidades con el ex jefe de Estado. “Yo estoy segura de que él sabía muchas cosas y, como era correcto, lo mataron para que no denuncie estos hechos”, precisó.
Lo sorprendente es que Aliaga Mena en más de una oportunidad le contó que vio subir bolsas a la nave, y que incluso en una oportunidad quisieron obligarlo a cargarlas, a lo que él se negó, pero no especificó si se trataba de simple contrabando o cargamento de drogas.
Esta vez el Doc dejó su sonrisa cínica y sus fanfarronadas. La sombra del narcoavón presidencial terminó alcanzándolo.
miércoles, 19/09/2007
Después de 11 años, la captura de “Pelado” pone en el candelero a Montesinos en un caso plagado de crímenes
La vieja estrategia del silencio, sumada a súbitos cuadros depresivos para no acudir a las audiencias en la Base Naval del Callao, habían permitido a Vladimiro Montesinos, capear las acusaciones que lo involucran en el escandaloso hallazgo de un cargamento por más de 170 kilos de cocaína de alta pureza en el fuselaje del avión presidencial, en 1996.
La extraña muerte del técnico FAP, Juan Carlos Aliaga Mena, de un balazo en la cabeza y el asesinato del narcotraficante José María Aguilar (a) “Shushupe” en una cárcel de la selva central, habían eliminado a dos incómodos testigos para el Doc, a los que se sumaron otros hechos turbulentos que han empañado ese proceso.
El ex jefe de los servicios de inteligencia y ex brazo derecho del extraditable Alberto Fujimori, parecía sentirse a sus anchas en un proceso donde los testigos parecían tener la mala suerte de morir antes de llegar a los tribunales o desaparecían temerosos de represalias al más puro estilo gangsteril.
Como mansa paloma
Uno de las piezas sueltas en este engranaje era César Augusto Egoávil García, de 60 años de edad , (a) “Pelado” o “Charapa” a quien la Tercera Fiscalía del Callao demandó su captura desde la década pasada por introducir cargamentos de droga al avión presidencial y en las naves de la Armada BAP Ilo y BAP “Matarani”.
Este escurridizo personaje se había dedicado también a enviar remesas de clorhidrato cocaína de alta pureza al exterior a través del servicio postal y, entre otras actividades mafiosas, estaba vinculado con burriers y los llamados narcopitucos.
“Pelado” se ufanaba de no tener un pelo de tonto y se movilizaba como pez en el agua por los vericuetos del sub mundo del polvillo blanco sin presagiar que era seguido por los servicios de inteligencia que habían advertido sobre la búsqueda.
El aspirante a Vito Corleone cayó hace dos días como una mansa paloma en la esquina de las avenidas Colonial y Universitaria, Callao.
Al ser arrestado por los efectivos de la comisaría Playa Rímac, intentó simular ser un empresario pedro comprendió que estaba haciendo el ridículo con un patético alegato de inocencia. “Ya perdí, tranquilo jefe que voy a hablar”, dijo al ser enmarrocado.
Los primeros informes señalan que Egoavil está dispuesto a revelar los entretelones del narco avión presidencial, quiénes financiaron el “pase” así como la vinculación directa de Montesinos y los militares que conformaban la corrupta cúpula fujimorista.
Buenos muchachos
De acuerdo a las investigaciones de la titular del l 5° Juzgado Anticorrupción, Antonia Saquicuray, el Doc autorizó el envío de la droga, 174 kilos de cocaína, camuflada en el fuselaje del avión FAP de matricula DC8-371, aprovechando una misión secreta a Rusia, el 10 de mayo de 1996.
Montesinos fue acusado por los delitos contra la salud pública y tráfico ilícito de drogas en agravio del Estado y, en calidad de cómplices, el ex comandante general de la FAP Elesbán Bello Vásquez y los generales en retiro Luis Leoncio Buroncle y Pedro Palomino Horna.
Asimismo Pablo Carbone Merino, Hernán de Souza Peixoto Zumaeta, Wilfredo Barrantes Bolívar, Manuel Barrera, Nelson Echáiz Velásquez y Danfer Suárez Carranza.
En ese entonces el Perú adquiría armas en Bielorrusia y la Federación Rusa, por lo que se realizaban frecuentes vuelos de aviones militares hacia esos países.
Ante las narices de lo que se suponía una estricta vigilancia al avión presidencial, la droga se había camuflado en las turbinas y los entrepaños del fuselaje, maniobra que requería no solo de técnicos sino de la complicidad de centinelas y oficiales.
A raíz de información alcanzada por agentes de la agencia antidrogas estadounidense, DEA, se descubrió el cargamento de cocaína que involucró a altos oficiales del entorno del entonces presidente, Alberto Fujimori.
Veintiocho oficiales y subalternos de la FAP, entre ellos los jefes del Grupo Aéreo Nº 8 del Callao, fueron incluidos en el proceso. El presidente Fujimori salió a defender públicamente a uno de los oficiales comprometidos con el cargamento de droga, quien por ese entonces era su edecán y su piloto de confianza.
Al final los oficiales de alta graduación salieron limpios de polvo y paja gracias al apoyo presidencial, Montesinos sen hizo el loco y algunos avioneros fueron los chivos expiatorios pese a que nadie se explicaba cómo pudieron financiar el “pase”, burlar la vigilancia y tener contactos con la mafia rusa.
Muerte de un testigo
En la mañana del 27 de septiembre del 2000, el técnico FAP, Juan Carlos Aliaga Mena, fue encontrado muerto en una cabina de control del Grupo Aéreo nro. 8 de la Fuerza Aérea. Tenía el cráneo destrozado por un balazo y de inmediato se esgrimió la hipótesis de que se había suicidado con su fusil AKM para cerrar el caso.
El infortunado suboficial era uno de los tripulantes del avión presidencial donde se camufló la droga y , tal como insisten sus allegados , conocía más de una de las actividades clandestinas de Vladimiro Montesinos.
La hipótesis fue desechada desde el primer momento por los deudos y, poco después, el dictamen pericial del Equipo Peruano de Antropología Forense, (EPAF) confirmó que era prácticamente imposible un suicidio, de acuerdo a las características de los daños sufridos en la bóveda craneana.
En buen romance, su extraña muerte no se debía a un suicidio o accidente al manipular su fusil AKM sino, de acuerdo a los peritos en balísticas, a un crimen aparentemente vinculado a los secretos que conocía sobre el avión presidencial, donde se encontró los 174 kilos de cocaína pura.
La lesión no es consistente con aquella que produciría un rifle AKM a corta distancia. “Si hubiera sido así, el cráneo habría volado en mil pedazos”, reafirmó el presidente del EPAF, José Pablo Baraybar, ante la tercera sala penal de la Corte Superior de Justicia del Callao que investigó el caso.
Precisó que si el disparo se hubiera producido con el cañón en contacto o muy cerca de la cabeza, el gas que sale del cañón que sigue al proyectil hubiera ingresado también a la cabeza y la presión intracraneana hubiera sido tal que habría estallado literalmente en miles de pedazos.
Lo extraño es que la cabeza está fracturada, pero tiene solo un pequeño orificio de entrada y otro de salida. “Ese tipo de lesión es más consistente con un disparo de arma corta o un disparo realizado a mucha distancia con arma larga, a 5, 20 metros o más” , agregó Baraybar.
El abogado de la Parte Civil , Carlos Enrique Rodríguez Olivera, explicó que estos resultados descartan completamente que el técnico Aliaga se haya suicidado.
Dice que para que el proyectil de ese fusil no haya volado el cráneo en pedazos tenía que haberse disparado a 5 metros o más. Lo que nos permite afirmar que si la bala era de un AKM tuvo que ser disparada por mano ajena, declaró en una entrevista a La República.
Si el técnico Aliaga hubiera utilizado un arma corta, ¿cómo es posible que no la hayan encontrado en la escena del crimen? ¿Por qué tampoco se halló la bala?, preguntó el letrado quien no descarta que se haya armado la escena del crimen para simular un suicidio.
Afirmó que si bien los peritos grafológicos han confirmado que la carta suicida que se halló entre las pertenencias del técnico fue escrita por él, por otro lado se advierten extraños espacios en blanco, que hacen pensar que fue presionado a escribir el documento.
La viuda, Juana Ortega, también rechazó el móvil del suicidio y la pretendida misiva que se encontró al lado del cadáver, pero su demanda también cayó en saco roto ante la maraña que , en ese entonces, había tejido en torno al narcoavión presidencial, Vladimiro Montesinos. “Mi esposo nunca firmaba solo con el nombre de Juan, como aparece en esa carta. Hay muchas cosas raras en esto”, indicó.
Primero dijeron que se había disparado porque tenía SIDA, luego porque tenía una relación extramarital con una señora que nunca se presentó a las audiencias. Todo lo han inventado para que no se sepa que lo mataron para que no denuncie los casos de corrupción, señaló la indignada mujer.
Recordó que su esposo formó parte de la tripulación del avión presidencial entre 1997 y el 2000, durante los últimos años del gobierno del ex presidente Alberto Fujimori Fujimori, y que durante ese tiempo viajó en numerosas oportunidades con el ex jefe de Estado. “Yo estoy segura de que él sabía muchas cosas y, como era correcto, lo mataron para que no denuncie estos hechos”, precisó.
Lo sorprendente es que Aliaga Mena en más de una oportunidad le contó que vio subir bolsas a la nave, y que incluso en una oportunidad quisieron obligarlo a cargarlas, a lo que él se negó, pero no especificó si se trataba de simple contrabando o cargamento de drogas.
Esta vez el Doc dejó su sonrisa cínica y sus fanfarronadas. La sombra del narcoavón presidencial terminó alcanzándolo.
sábado, 21 de marzo de 2009
MAS APRISMO MAS CORRUPCION - petroaudios
Va llegando a su fin el escándalo de los petroaudios, en un acuerdo sin contratos ni firmas de por medio, todas las instituciones, que tienen que ver con el supuesto, que jamás sera probado, "negociado de los petroaudios", van haciendo de la vista gorda y metiendo en la congeladora "EL QUE BIEN PUDO SER EL NEGOCIO DEL SIGLO", negocio que les hubiera dado la seguridad económica eterna a todos los involucrados, hasta su quinta generación, no necesitamos nombrarlos, ni todos son apristas, que extraño no hay ningún militar de por medio; ni todos son Ministros, ni todos son abogados, lo que sí podemos afirmar es "que la madriguera quedo al descubierto", una confabulación increiblemente sincronizada, ningún partido político se salvo de colaborar "ni tan secretamente" en semejante afrenta a la dignidad nacional.
El hecho es que con seguridad no todos los peruanos son caidos del palto, y creen ciegamente en la inocencia de los involucrados.
Los militares que bien pudieron darle la estocada que muchos claman, "golpe y nuevas elecciones", han sido capados en todo sentido y no tienen la mas mínima probabilidad ni posibilidad de enfrentarse al poder político.
POlcese
Dios perdona el pecado, pero no el escándalo
Muy interesante la siguiente lectura
La corrupción en Perú
“En el caso improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles”.
Wasington Post
Washington, DC.— La mayor parte de los libros sobre la corrupción en América Latina son tendenciosos, confunden los síntomas con las causas o se entrampan en lo puramente sensacionalista. Por eso, cuando el profesor Alfonso Quiroz de la City University of New York me invitó a presentar su libro Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru en el Woodrow Wilson Center, pensé declinar la invitación. Pero se trata, en realidad, de una contribución sustancial a la comprensión de la corrupción latinoamericana. Aunque se centra en el caso del Perú desde la época colonial hasta el presente, su validez es universal.El libro presenta la corrupción como un fenómeno que recorre todos los tipos de gobierno que ha padecido el Perú. Con ello, muestra que se trata de un rasgo institucional, no de espasmos episódicos. La colosal corrupción que existe desde siempre en el Perú sería hija de la forma en que está organizado el poder y se fijan las reglas. El autor intenta cuantificar las pérdidas, una tarea ardua porque el cálculo incluye la sustracción o desvío de dineros públicos y la riqueza que podría haberse creado en un contexto más seguro. Entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del cuatro por ciento del PBI cada año. Entre la década de 1820 –cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia– y comienzos del siglo 21 el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el siglo 20, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990. Bajo Alberto Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al cincuenta por ciento del presupuesto del Estado y al 4.5 por ciento del PBI cada año. El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo.Pero el verdadero aporte del libro es más fundamental que sus fosforescentes estadísticas. Es la aseveración de que la “corrupción como sistema tiene lugar cuando las reglas formales e informales, las políticas destinadas al crecimiento y las normas constitucionales—que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la búsqueda de renta y garantizan los pesos y contrapesos políticos—brillan por su ausencia, están distorsionadas o son inciertas”.Hace unos años, describí en un libro los “cinco principios de la opresión” que están detrás del relativo atraso de América Latina: el corporativismo, el mercantilismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política o Derecho politizado. En estas sociedades, los derechos individuales, la propiedad privada y la competencia fueron sofocados por el poder autoritario. El gobierno colonial descargó sobre los peruanos un millón de leyes que fueron desobedecidas tanto por quienes debí an aplicarlas como por las víctimas. La república independiente se deshizo del dominio español, no de la tradición estatista. En el Brasil del siglo 19, el Vizconde de Albuquerque se refería al poder persistente de las instituciones defectuosas en contra de los intentos reformistas cuando, en un contexto distinto, sostuvo que “un conservador es un liberal que está en el gobierno”. Solo aquellos países en los que la sociedad civil fue más fuerte y las instituciones menos intrusas, la corrupción resultó menos abarcadora: Costa Rica, Uruguay y Chile.Según Corrupt Circles, la corrupción peruana ha cambiado de foco, según las tendencias prevalecientes. En tiempos de gobierno militar —por ejemplo, con los dictadores Sánchez Cerro, Oscar Benavides y Manuel Odría—, fue especialmente elevado el cohecho ligado a las compras militares. En el período, entre las décadas de 1930 y 1980, cuando el nacionalismo económico embrujó al Perú como a la mayor parte del continente, la corrupción estuvo muy ligada a las políticas proteccionistas y socialistas —por ejemplo – bajo el general Juan Velasco. La corrupción es un síntoma de la inoperancia institucional. Es el medio mediante el cual una persona común se protege de reglas poco realistas –una especie de seguro contra el riesgo de obedecer la ley— y mediante el cual la gente poderosa explota la maquinaria de un Estado que le pone escasos límites. En 2001, poco después del colapso del gobierno de Fujimori, sugerí la necesidad de un “museo de la corrupción”, financiado de forma independiente. La memoria es una manera en la que los peruanos puedan empezar a modificar algunas de las causas sempiternas de la corrupción. Pero la preservación de la memoria política no es una tradición peruana. Un debate tiene lugar en estos días con respecto a la propuesta de crear un “museo de la memoria” relacionado al atroz sufrimiento infligido a los peruanos, la mayoría de ellos andinos sin pena ni gloria, por dos décadas de terrorismo marxista y la respuesta militar indiscriminada. El ministro de Defensa del Perú, de apellido Flores- Aráoz, sin duda bajo la directiva del Pdte Alan García, pues a este personalmente le recuerda sus atrocidades, pensó que les prestaba un servicio a los uniformados, aunque en el fondo los insultaba, cuando sostuvo, hace poco, que en un país pobre los museos no son una prioridad. El vicepresidente Giampietri, un cuestionado ex almirante, también se ha ofuscado con la amenaza de un museo. En el caso harto improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles. Podría ayudarlos a comprender por qué la memoria puede ser un poderoso antídoto contra la repetición de la (mala) historia.
El hecho es que con seguridad no todos los peruanos son caidos del palto, y creen ciegamente en la inocencia de los involucrados.
Los militares que bien pudieron darle la estocada que muchos claman, "golpe y nuevas elecciones", han sido capados en todo sentido y no tienen la mas mínima probabilidad ni posibilidad de enfrentarse al poder político.
POlcese
Dios perdona el pecado, pero no el escándalo
Muy interesante la siguiente lectura
La corrupción en Perú
“En el caso improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles”.
Wasington Post
Washington, DC.— La mayor parte de los libros sobre la corrupción en América Latina son tendenciosos, confunden los síntomas con las causas o se entrampan en lo puramente sensacionalista. Por eso, cuando el profesor Alfonso Quiroz de la City University of New York me invitó a presentar su libro Corrupt Circles: A History of Unbound Graft in Peru en el Woodrow Wilson Center, pensé declinar la invitación. Pero se trata, en realidad, de una contribución sustancial a la comprensión de la corrupción latinoamericana. Aunque se centra en el caso del Perú desde la época colonial hasta el presente, su validez es universal.El libro presenta la corrupción como un fenómeno que recorre todos los tipos de gobierno que ha padecido el Perú. Con ello, muestra que se trata de un rasgo institucional, no de espasmos episódicos. La colosal corrupción que existe desde siempre en el Perú sería hija de la forma en que está organizado el poder y se fijan las reglas. El autor intenta cuantificar las pérdidas, una tarea ardua porque el cálculo incluye la sustracción o desvío de dineros públicos y la riqueza que podría haberse creado en un contexto más seguro. Entre 1680 y 1810, el cohecho y otros delitos económicos equivalieron en promedio a más del cuatro por ciento del PBI cada año. Entre la década de 1820 –cuando el Perú obtuvo (le obtuvieron) su independencia– y comienzos del siglo 21 el promedio anual fue levemente inferior a esa cifra. En el siglo 20, las peores décadas fueron la de 1920, la de 1970 y la de 1990. Bajo Alberto Fujimori y su monje negro, Vladimiro Montesinos, la corrupción equivalió al cincuenta por ciento del presupuesto del Estado y al 4.5 por ciento del PBI cada año. El autor calcula que los sobornos le han costado al Perú la mitad de sus posibilidades de desarrollo.Pero el verdadero aporte del libro es más fundamental que sus fosforescentes estadísticas. Es la aseveración de que la “corrupción como sistema tiene lugar cuando las reglas formales e informales, las políticas destinadas al crecimiento y las normas constitucionales—que protegen los derechos de propiedad, reducen los costos de transacción, desalientan la búsqueda de renta y garantizan los pesos y contrapesos políticos—brillan por su ausencia, están distorsionadas o son inciertas”.Hace unos años, describí en un libro los “cinco principios de la opresión” que están detrás del relativo atraso de América Latina: el corporativismo, el mercantilismo, el privilegio, la transferencia de riqueza y la ley política o Derecho politizado. En estas sociedades, los derechos individuales, la propiedad privada y la competencia fueron sofocados por el poder autoritario. El gobierno colonial descargó sobre los peruanos un millón de leyes que fueron desobedecidas tanto por quienes debí an aplicarlas como por las víctimas. La república independiente se deshizo del dominio español, no de la tradición estatista. En el Brasil del siglo 19, el Vizconde de Albuquerque se refería al poder persistente de las instituciones defectuosas en contra de los intentos reformistas cuando, en un contexto distinto, sostuvo que “un conservador es un liberal que está en el gobierno”. Solo aquellos países en los que la sociedad civil fue más fuerte y las instituciones menos intrusas, la corrupción resultó menos abarcadora: Costa Rica, Uruguay y Chile.Según Corrupt Circles, la corrupción peruana ha cambiado de foco, según las tendencias prevalecientes. En tiempos de gobierno militar —por ejemplo, con los dictadores Sánchez Cerro, Oscar Benavides y Manuel Odría—, fue especialmente elevado el cohecho ligado a las compras militares. En el período, entre las décadas de 1930 y 1980, cuando el nacionalismo económico embrujó al Perú como a la mayor parte del continente, la corrupción estuvo muy ligada a las políticas proteccionistas y socialistas —por ejemplo – bajo el general Juan Velasco. La corrupción es un síntoma de la inoperancia institucional. Es el medio mediante el cual una persona común se protege de reglas poco realistas –una especie de seguro contra el riesgo de obedecer la ley— y mediante el cual la gente poderosa explota la maquinaria de un Estado que le pone escasos límites. En 2001, poco después del colapso del gobierno de Fujimori, sugerí la necesidad de un “museo de la corrupción”, financiado de forma independiente. La memoria es una manera en la que los peruanos puedan empezar a modificar algunas de las causas sempiternas de la corrupción. Pero la preservación de la memoria política no es una tradición peruana. Un debate tiene lugar en estos días con respecto a la propuesta de crear un “museo de la memoria” relacionado al atroz sufrimiento infligido a los peruanos, la mayoría de ellos andinos sin pena ni gloria, por dos décadas de terrorismo marxista y la respuesta militar indiscriminada. El ministro de Defensa del Perú, de apellido Flores- Aráoz, sin duda bajo la directiva del Pdte Alan García, pues a este personalmente le recuerda sus atrocidades, pensó que les prestaba un servicio a los uniformados, aunque en el fondo los insultaba, cuando sostuvo, hace poco, que en un país pobre los museos no son una prioridad. El vicepresidente Giampietri, un cuestionado ex almirante, también se ha ofuscado con la amenaza de un museo. En el caso harto improbable de que el ministro y el vicepresidente consideren que los libros tienen alguna utilidad en los países pobres, deberían leer Corrupt Circles. Podría ayudarlos a comprender por qué la memoria puede ser un poderoso antídoto contra la repetición de la (mala) historia.
martes, 17 de marzo de 2009
PODER JUDICIAL PODRIDO
Robo causa “terremoto” en Corte Superior de Lima
Villa Stein ordena a jueces revisar expedientes hoja por hoja.El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, puso prácticamente de cabeza la Corte Superior de Lima, al ordenar a los jueces y secretarios revisar hoja por hoja los expedientes de cada uno de los despachos donde laboran, para deslindar responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables del robo de legajos del edificio Alzamora Valdez, sede principal de la corte capitalina.
“Estamos disponiendo en el acto y en coordinación con el presidente de la Corte Superior (de Lima) César Vega Vega, que cada juez haga directamente el inventario de los expedientes (bajo responsabilidad), el total de los mismos y la revisión al milímetro de los folios (hoja por hoja), porque puede haberse sustraído de éstos una letra de cambio u otros documentos de valor; esto tomará tiempo”, precisó Villa Stein. El representante del PJ y de la Corte Suprema de la República, bastante mortificado, llegó al local de la corte metropolitana donde se reunió con Vega Vega, con quien directamente llegó al piso 17 (foco principal donde se han producido esos actos dolosos) al promediar las 13:00 horas, para pedir explicaciones de lo acontecido y disponer de manera inmediata que todos los titulares de los seis juzgados civiles (32º,33º,34º,35º,36, y 37º) comprendidos en las investigaciones se apersonen inmediatamente a la presidencia de la Corte Superior de Lima.Villa Stein dio a conocer a la prensa reunida allí la realización de un inventario (en realidad, iniciado hace algunos días) de todos los expedientes; admitió que habrían claros signos de expedientes manipulados, temiéndose por eso el robo de piezas procesales importantísimas para las partes en litigio. Expediente cortadoEn otro extremo, Villa Stein informó que como resultado de las pesquisas se había encontrado un expediente en un basural de la corte limeña, pero –aclaró– “es intrascendente” porque es un material que ya se encuentra resuelto (sentencia de por medio). No obstante, falta todavía agotar otras investigaciones para tener una idea más clara sobre la magnitud del robo.Empleados judicialesEl presidente del Poder Judicial no descartó que algún empleado judicial pudiera estar implicado en el presunto robo de expedientes o piezas procesales de la Corte Superior de Lima. Ranura delgada En su inspección, Villa Stein constató que el archivo de los seis juzgados del piso 17, tiene una ranura que divide la sala de lectura de dicho ambiente, por donde fácilmente una persona de contextura delgada podría haber pasado a sus interiores. “De acuerdo a la filmación criminalística, se podría saber quién es el personaje que se ve en dicha grabación, debido a la contextura que tendría, pues existe una ranura muy delgada por la cual habría podido pasar el malhechor”, confirmó el magistrado. Hechos sí fueron denunciados El magistrado informó que estos hechos fueron oportunamente denunciados ante la Fiscalía Penal de Turno Permanente, y que se entablaron coordinaciones con los especialistas de la Policía Nacional. Manifestó que también se han adoptado medidas de seguridad complementarias, de manera que los despachos del edificio Alzamora tengan cámaras sensibles, tal como existe en el 34º Juzgado Penal de Lima a cargo del caso “Chuponeo Telefónico”. JANET LEIVA D.
El datoJavier Villa Stein consideró que si no hubiese sido por las medidas de seguridad existentes en la Corte Superior de Lima, como las cámaras de video, ni el personal ni las propias autoridades se habrían enterado de lo acontecido.
Villa Stein ordena a jueces revisar expedientes hoja por hoja.El presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, puso prácticamente de cabeza la Corte Superior de Lima, al ordenar a los jueces y secretarios revisar hoja por hoja los expedientes de cada uno de los despachos donde laboran, para deslindar responsabilidades y sancionar a los presuntos responsables del robo de legajos del edificio Alzamora Valdez, sede principal de la corte capitalina.
“Estamos disponiendo en el acto y en coordinación con el presidente de la Corte Superior (de Lima) César Vega Vega, que cada juez haga directamente el inventario de los expedientes (bajo responsabilidad), el total de los mismos y la revisión al milímetro de los folios (hoja por hoja), porque puede haberse sustraído de éstos una letra de cambio u otros documentos de valor; esto tomará tiempo”, precisó Villa Stein. El representante del PJ y de la Corte Suprema de la República, bastante mortificado, llegó al local de la corte metropolitana donde se reunió con Vega Vega, con quien directamente llegó al piso 17 (foco principal donde se han producido esos actos dolosos) al promediar las 13:00 horas, para pedir explicaciones de lo acontecido y disponer de manera inmediata que todos los titulares de los seis juzgados civiles (32º,33º,34º,35º,36, y 37º) comprendidos en las investigaciones se apersonen inmediatamente a la presidencia de la Corte Superior de Lima.Villa Stein dio a conocer a la prensa reunida allí la realización de un inventario (en realidad, iniciado hace algunos días) de todos los expedientes; admitió que habrían claros signos de expedientes manipulados, temiéndose por eso el robo de piezas procesales importantísimas para las partes en litigio. Expediente cortadoEn otro extremo, Villa Stein informó que como resultado de las pesquisas se había encontrado un expediente en un basural de la corte limeña, pero –aclaró– “es intrascendente” porque es un material que ya se encuentra resuelto (sentencia de por medio). No obstante, falta todavía agotar otras investigaciones para tener una idea más clara sobre la magnitud del robo.Empleados judicialesEl presidente del Poder Judicial no descartó que algún empleado judicial pudiera estar implicado en el presunto robo de expedientes o piezas procesales de la Corte Superior de Lima. Ranura delgada En su inspección, Villa Stein constató que el archivo de los seis juzgados del piso 17, tiene una ranura que divide la sala de lectura de dicho ambiente, por donde fácilmente una persona de contextura delgada podría haber pasado a sus interiores. “De acuerdo a la filmación criminalística, se podría saber quién es el personaje que se ve en dicha grabación, debido a la contextura que tendría, pues existe una ranura muy delgada por la cual habría podido pasar el malhechor”, confirmó el magistrado. Hechos sí fueron denunciados El magistrado informó que estos hechos fueron oportunamente denunciados ante la Fiscalía Penal de Turno Permanente, y que se entablaron coordinaciones con los especialistas de la Policía Nacional. Manifestó que también se han adoptado medidas de seguridad complementarias, de manera que los despachos del edificio Alzamora tengan cámaras sensibles, tal como existe en el 34º Juzgado Penal de Lima a cargo del caso “Chuponeo Telefónico”. JANET LEIVA D.
El datoJavier Villa Stein consideró que si no hubiese sido por las medidas de seguridad existentes en la Corte Superior de Lima, como las cámaras de video, ni el personal ni las propias autoridades se habrían enterado de lo acontecido.
sábado, 7 de marzo de 2009
Ministerio Publico,, CORRUPCION
Ex funcionarios se niegan a devolver los 24 mil soles
Los ex funcionarios del Ministerio Público involucrados en la compra sobrevaluada de cuatro de los 14 minibuses adquiridos a la empresa Gildemeister, no estarían dispuestos a devolver los 24 mil soles que solidariamente deben reembolsar por dicha compra. Ayer, la conciliación a la que fueron convocados los tres investigados se frustró justamente porque uno de ellos, Rubén Valverde Rao, no acudió a la cita para acordar la forma en que deben devolver el dinero.
Es por ello que tanto Valverde como Jorge Rafael Becerra y Luis Guillermo Rengifo Sandoval han sido citados de grado o fuerza para que este martes 10 acudan al Centro de Conciliación y Arbitraje Omnipaz, a fin de llegar a un acuerdo respecto a la devolución del dinero.
Dicha Procuraduría culminó así con las formalidades del caso y, de no llegar a una acuerdo entre los procesados, podría disponer las acciones judiciales correspondientes, advirtió una fuente del Ministerio Público.
Valverde, Becerra y Rengifo fueron encontrados responsables de la apropiación del dinero de acuerdo al informe de Control Interno realizado al Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía realizado en torno a la operación de compra-venta de los vehículos, en marzo de 2007. Según dicho documento, el Ministerio Público adquirió a la empresa chilena Automotores Gildemeister Perú S.A, diez automóviles y cuatro vehículos tipo VAN petroleros de marca Hyundai, encontrándose deficiencias en el proceso de compra, pues de acuerdo al mismo, los cuatro vehículos tipo VAN fueron adquiridos a un precio unitario de S/.72,567.00, que constituye un precio superior a los S/.66,696.98 pagados meses antes por el mismo lote. Esta operación provocó una sobrevaloración de S/.23,480.08 en agravio del Estado. (KBQ)
Los ex funcionarios del Ministerio Público involucrados en la compra sobrevaluada de cuatro de los 14 minibuses adquiridos a la empresa Gildemeister, no estarían dispuestos a devolver los 24 mil soles que solidariamente deben reembolsar por dicha compra. Ayer, la conciliación a la que fueron convocados los tres investigados se frustró justamente porque uno de ellos, Rubén Valverde Rao, no acudió a la cita para acordar la forma en que deben devolver el dinero.
Es por ello que tanto Valverde como Jorge Rafael Becerra y Luis Guillermo Rengifo Sandoval han sido citados de grado o fuerza para que este martes 10 acudan al Centro de Conciliación y Arbitraje Omnipaz, a fin de llegar a un acuerdo respecto a la devolución del dinero.
Dicha Procuraduría culminó así con las formalidades del caso y, de no llegar a una acuerdo entre los procesados, podría disponer las acciones judiciales correspondientes, advirtió una fuente del Ministerio Público.
Valverde, Becerra y Rengifo fueron encontrados responsables de la apropiación del dinero de acuerdo al informe de Control Interno realizado al Proceso de Adjudicación de Menor Cuantía realizado en torno a la operación de compra-venta de los vehículos, en marzo de 2007. Según dicho documento, el Ministerio Público adquirió a la empresa chilena Automotores Gildemeister Perú S.A, diez automóviles y cuatro vehículos tipo VAN petroleros de marca Hyundai, encontrándose deficiencias en el proceso de compra, pues de acuerdo al mismo, los cuatro vehículos tipo VAN fueron adquiridos a un precio unitario de S/.72,567.00, que constituye un precio superior a los S/.66,696.98 pagados meses antes por el mismo lote. Esta operación provocó una sobrevaloración de S/.23,480.08 en agravio del Estado. (KBQ)
miércoles, 4 de marzo de 2009
HAY CORNEJO PARA RATO. CONTRALORIA
La Contraloría General detectó corrupción en Mivivienda
La Asociación Nueva Economía, fundada por ex el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, contrató con la entidad financiera estatal. Funcionarios hicieron mal uso del dinero en alimentación, movilidad y consumo de gasolina.
Por Zarella Sierra Peralta
Poco efecto hizo en los directivos del Fondo Mivivienda (FMV) el escándalo que protagonizaron en 2008, cuando Perú.21 publicó las irregularidades en el nombramiento del presidente del directorio, Guillermo Alarcón, y el festín que este y el gerente general, Luis Izaguirre, se daban con fondos de la entidad. Hechos que fueron reportados durante la gestión de Enrique Cornejo como titular del sector Vivienda.
Hoy, el informe emitido por la Contraloría sobre el manejo del FMV no deja lugar a dudas: La directiva ha incurrido en irregularidades que, lejos de ser subsanadas, se han incrementado y otras nuevas han aparecido.
La auditoría detectó que la Asociación Nueva Economía (ANE), fundada en 2001 por el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, contrató con la entidad financiera estatal.
EL CONTRATO. En junio de 2008, siendo Cornejo titular de Vivienda, la ANE se hizo de una adjudicación de menor cuantía, por S/.8,273, para proveer al FMV de desayunos empresariales.
El documento de la Contraloría obtenido por Perú.21 dice: “A la fecha (enero 2009) figura como representante legal Enrique Cornejo, ex ministro de Vivienda. Aun cuando la vinculación no representa transgresión de la normativa legal ni administrativa, se enmarca en las prohibiciones éticas del servidor público”.
Otra de las socias de la ANE es Nora Tejada Vidal, actual directora del FMV. Ella, junto con Alarcón y con Izaguirre, dio el visto bueno para la firma del referido contrato, por lo que actuó como juez y parte en la adjudicación. Este diario intentó comunicarse con el ministro Cornejo, pero no hubo respuesta.
OTROS CASOS. En tanto, en enero, la Contraloría exigió a Alarcón y a Izaguirre el reembolso de los S/.4,353.99 que utilizaron para cubrir sus gastos de alimentación que, según el informe, “no fueron necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios que brinda el FMV”.
Así, por ejemplo, existe una factura de S/.138 bajo el rubro “Consumo de gerente general’, monto que “fue reportado por el funcionario como “Gastos para atención a directores’, cuando en las fechas en que se realizaron los consumos solo existieron sesiones de directorio no presenciales”, dice el documento.
Lejos de atender el pedido de la Contraloría, “el directorio dispuso la contratación de un estudio de abogados para revisar el documento de control, contraviniendo la ley”. A la fecha, el reembolso no se ha hecho efectivo.
OTRO “GASOLINAZO’. La Contraloría también detectó que “existen comprobantes de pago por S/.5,008.61 que sustentan el suministro de combustible en fechas y horarios en los que los vehículos asignados al gerente general y al presidente del directorio se encontraban ubicados en las instalaciones del FMV”.
Esto sin contar los vales de movilidad que, por S/.1,318, fueron cobrados por los choferes de Alarcón e Izaguirre. Este último los justificó aduciendo que “por la naturaleza de los servicios prestados, que comprenden el traslado del gerente general y del presidente del directorio a sus domicilios, se consideró pertinente reconocer a los conductores una suma de dinero para movilizarse hacia sus hogares”. Según la Contraloría, estos vales “no evidencian su relación con alguna comisión de servicio”.
IMPEDIMENTOS. Y sobre el nombramiento de Alarcón, la Contraloría dijo que “se ha evidenciado, con fecha 13 de enero de 2009, que la calificación de riesgo del presidente del directorio continúa en situación de “pérdida’, por mantener aún créditos castigados en el sistema financiero”. En respuesta, Izaguirre envió a la Oficina de Control Interno del FMV “información emitida por tres entidades financieras sobre la cancelación, no adeudo y acuerdo de cancelación de los créditos vencidos del presidente del directorio”. El caso queda ahora en manos de la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez.
La Asociación Nueva Economía, fundada por ex el ministro de Transportes y Comunicaciones, Enrique Cornejo, contrató con la entidad financiera estatal. Funcionarios hicieron mal uso del dinero en alimentación, movilidad y consumo de gasolina.
Por Zarella Sierra Peralta
Poco efecto hizo en los directivos del Fondo Mivivienda (FMV) el escándalo que protagonizaron en 2008, cuando Perú.21 publicó las irregularidades en el nombramiento del presidente del directorio, Guillermo Alarcón, y el festín que este y el gerente general, Luis Izaguirre, se daban con fondos de la entidad. Hechos que fueron reportados durante la gestión de Enrique Cornejo como titular del sector Vivienda.
Hoy, el informe emitido por la Contraloría sobre el manejo del FMV no deja lugar a dudas: La directiva ha incurrido en irregularidades que, lejos de ser subsanadas, se han incrementado y otras nuevas han aparecido.
La auditoría detectó que la Asociación Nueva Economía (ANE), fundada en 2001 por el hoy ministro de Transportes y Comunicaciones, contrató con la entidad financiera estatal.
EL CONTRATO. En junio de 2008, siendo Cornejo titular de Vivienda, la ANE se hizo de una adjudicación de menor cuantía, por S/.8,273, para proveer al FMV de desayunos empresariales.
El documento de la Contraloría obtenido por Perú.21 dice: “A la fecha (enero 2009) figura como representante legal Enrique Cornejo, ex ministro de Vivienda. Aun cuando la vinculación no representa transgresión de la normativa legal ni administrativa, se enmarca en las prohibiciones éticas del servidor público”.
Otra de las socias de la ANE es Nora Tejada Vidal, actual directora del FMV. Ella, junto con Alarcón y con Izaguirre, dio el visto bueno para la firma del referido contrato, por lo que actuó como juez y parte en la adjudicación. Este diario intentó comunicarse con el ministro Cornejo, pero no hubo respuesta.
OTROS CASOS. En tanto, en enero, la Contraloría exigió a Alarcón y a Izaguirre el reembolso de los S/.4,353.99 que utilizaron para cubrir sus gastos de alimentación que, según el informe, “no fueron necesarios para el desarrollo de las actividades relacionadas con los servicios que brinda el FMV”.
Así, por ejemplo, existe una factura de S/.138 bajo el rubro “Consumo de gerente general’, monto que “fue reportado por el funcionario como “Gastos para atención a directores’, cuando en las fechas en que se realizaron los consumos solo existieron sesiones de directorio no presenciales”, dice el documento.
Lejos de atender el pedido de la Contraloría, “el directorio dispuso la contratación de un estudio de abogados para revisar el documento de control, contraviniendo la ley”. A la fecha, el reembolso no se ha hecho efectivo.
OTRO “GASOLINAZO’. La Contraloría también detectó que “existen comprobantes de pago por S/.5,008.61 que sustentan el suministro de combustible en fechas y horarios en los que los vehículos asignados al gerente general y al presidente del directorio se encontraban ubicados en las instalaciones del FMV”.
Esto sin contar los vales de movilidad que, por S/.1,318, fueron cobrados por los choferes de Alarcón e Izaguirre. Este último los justificó aduciendo que “por la naturaleza de los servicios prestados, que comprenden el traslado del gerente general y del presidente del directorio a sus domicilios, se consideró pertinente reconocer a los conductores una suma de dinero para movilizarse hacia sus hogares”. Según la Contraloría, estos vales “no evidencian su relación con alguna comisión de servicio”.
IMPEDIMENTOS. Y sobre el nombramiento de Alarcón, la Contraloría dijo que “se ha evidenciado, con fecha 13 de enero de 2009, que la calificación de riesgo del presidente del directorio continúa en situación de “pérdida’, por mantener aún créditos castigados en el sistema financiero”. En respuesta, Izaguirre envió a la Oficina de Control Interno del FMV “información emitida por tres entidades financieras sobre la cancelación, no adeudo y acuerdo de cancelación de los créditos vencidos del presidente del directorio”. El caso queda ahora en manos de la ministra de Vivienda, Nidia Vílchez.
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