| Investigación a gerenta del Ministerio Público |
| La 52º Fiscalía Provincial Penal de Lima abrió investigación preliminar contra la gerenta de Bienestar del Ministerio Público, María de la Paz Hernández, quien fue descubierta usando los vehículos de la Fiscalía para uso personal. Leer la noticia completa en el siguiente LINK http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=112279&Itemid=32 |
Cargos. Atribuirían tres delitos a Omar Quezada. Informe final de grupo legislativo señala a ex jefes zonales de Lima, Ica, Trujillo, Cusco y Ayacucho por serias irregularidades.
Marco Sánchez.
El informe preliminar de la comisión de Fiscalización del Congreso sobre las irregularidades en Cofopri acusó a 22 ex funcionarios de esta entidad y a su ex director ejecutivo Omar Quezada Martínez, por presuntos delitos penales.
El documento debió ser discutido y aprobado el miércoles en la comisión, pero los legisladores apristas y fujimoristas impidieron el quórum necesario, debido a sus calculadas ausencias.
La situación de Quezada es delicada, pues se le acusa de tres delitos penales: Incumplimiento de Deber Funcional, Negociación Incompatible y Abuso de Autoridad. Ello debido a que habría incumplido el reglamento de funciones de esa entidad, forzado la aplicación de normas y expedido títulos de propiedad a pesar de conocer “todas las actuaciones irregulares en expedientes de adjudicación”.
El informe se refiere, en este punto, a adjudicaciones realizadas en Cofopri-La Libertad.
Omisión dolosa
Fiscalización investigó el accionar de Cofopri en el periodo 2006-2009 y las irregularidades en la adjudicación de terrenos eriazos y tráfico en Chilca-Cañete.
El grupo halló además irregularidades en las sedes de Cofopri en Lima, Cusco, Ayacucho y Trujillo. En esta última se investigó la adjudicación de un terreno de 3,758 m2 a favor de una asociación de artesanos, proceso en el cual –dice el informe– Cofopri no debió actuar.
Por ello se atribuye a Quezada haber cometido “omisión dolosa en la adjudicación del inmueble”.
Junto a él se acusó a cinco ex funcionarios de Cofopri-La Libertad, con el jefe zonal Martín Sifuentes Palacios a la cabeza.
Veintena de acusados
En el caso de la irregular adjudicación al aprista Oswaldo Chauca, en Chilca, el grupo acusó al ex jefe de Cofopri-Lima Hernando Hidalgo Díaz por aprobar resoluciones conseguidas con trámites evidentemente deficientes.
También al ex secretario general de Cofopri Julio Calderón y los ex servidores César Castagne Chung, Erika Serrano, Daniel Gonzales Gonzales, Paul Herbacio Sánchez y José Luis Vílchez.
El documento acusa además a los ex jefes zonales de Cofopri, en Ica, Eddy García Mendoza; de Cusco, Sandro Villanueva Gutiérrez, y Rodrigo Quispe Galarza, ex responsable en Ayacucho.
De aprobarse la acusación contra los 22 ex funcionarios, esta será remitida al Ministerio Público y a la Contraloría.
Apristas: “Es un informe político”
Los apristas sostienen que la propuesta de informe es sesgada y mal elaborada. Daniel Robles, miembro de Fiscalización, señaló que “es exagerado atribuirle delitos a Quezada, pues cumplió su responsabilidad política al renunciar e incluso pedir licencia como secretario general del partido. Las normas de Cofopri sostienen que el director ejecutivo representa a la institución dentro y fuera, firma convenios, pero no es responsable técnico”.
Robles López trasladó la responsabilidad civil y penal de las adjudicaciones irregulares a los jefes zonales de Cofopri. “En el caso de Trujillo –por el que se acusa a Quesada– los asesores de Fiscalización solo tomaron la versión del gobierno regional, olvidando que la asociación beneficiada ganó juicios del PJ. En definitiva, el informe es político y tiene sesgo para perjudicar al partido”.
De los acusados, Eddy García es candidato aprista a la región Ica. Martín Sifuentes fue candidato en las elecciones internas.
| Hermano de Quesada en tráfico de tierras |
| Rolando Chalo Quesada Martínez, hermano del ex presidente de Cofopri, Omar Quesada, estaría implicado en la adjudicación irregular de más de 10 hectáreas de terreno en Ayacucho a favor de un grupo de militantes apristas; para ello, habría utilizado su poder político y su influencia en Cofopri. Fuentes judiciales informaron que el Ministerio Público de Huamanga estaría evaluando abrir investigación preliminar por este hecho, luego de que el tesorero de la comunidad campesina de Quicapata, en el distrito de Carmen Alto, Juan de Dios Mendoza Vílchez, denunciara que Rolando Quesada estaría negociando terrenos en su zona. “Muchos señores, hábilmente, han hecho una supuesta compra-venta junto con el señor Chalo Quesada, que es el hermano de Omar Quesada. Ellos han inventado documentación fraudulenta, de compra-venta en terrenos de la comunidad campesina. Hay un promedio de veinte personas que han querido apropiarse de terrenos”, anotó Mendoza Vílchez. |
| Fiscalía pide 10 años para funcionarios de Minpeco |
El Ministerio Público solicitó de seis a diez años de prisión efectiva contra ex funcionarios de Minpeco, acusados de haberse beneficiado económicamente supuestamente a raíz de la adquisición de sus acreencias judiciales, según el dictamen emitido por el fiscal superior Rafael Agüero Pinto. |
| Proponen inhabilitar a dos ex ministros |
 A 270 millones de dólares ascendería el monto de impuestos que no se pagaron al Estado.Recomiendan denunciar a William Kallop, Alberto Varillas Cueto y Rosy Gadea por presunta corrupción de funcionarios. La comisión investigadora de la venta de las acciones de Petro-Tech Perú recomendó la inhabilitación política por el plazo de diez años de los ex ministros Jaime Quijandría Salmón y Jorge Chamot Sarmiento, quienes junto a otros funcionarios “facilitaron la defraudación del patrimonio público” con el consiguiente perjuicio económico al Estado de 482 millones 300 mil dólares. Así da cuenta el informe realizado por la comisión que investiga las razones de la venta de las acciones de la empresa Petro-Tech Peruana S.A. y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo, en relación a los contratos celebrados con el Estado. “Remitir copia del presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso a fin de que conforme a sus atribuciones, dictamine si procede la instauración del juicio político, al amparo del artículo 100 de la Constitución para la inhabilitación política por el plazo de diez años de los ex ministros Jaime Quijandría Salmón, Jorge Chamot Sarmiento (…) quienes por el abandono de sus funciones facilitaron la defraudación del patrimonio público”, indica. Dicho informe, que aún no ha sido aprobado por el Parlamento Nacional, recomienda la Sunat deberá proceder de inmediato a calificar la operación de transferencia de las participaciones del contratista en el contrato, de conformidad con la Norma VIII del Título Preliminar del Código Tributario, a fin de hacer efectivo el cobro del impuesto a la renta por dicha operación que ascendería a la suma de US$ 270 millones. Asimismo, exhortó al Tribunal Fiscal a fin de que resuelva a la brevedad posible las reclamaciones vinculadas con el uso indebido del crédito fiscal del IGV, por parte de Petro-Tech Peruana S.A., contingencias que ascienden a la suma de US$ 78 millones, para lo cual la comisión remitirá a dicho tribunal administrativo los antecedentes correspondientes. “Perupetro SA deberá proceder inmediatamente a iniciar las acciones tendientes al resarcimiento del perjuicio ocasionado por el no pago de la compensación económica por parte de Petro-Tech Peruana S.A. originado por la inclusión del impuesto a la renta disponible para el titular del Exterior para el cálculo de la retribución al contratista, que ascendería aproximadamente a la suma de US$ 66.7”, indica. Pago de compensación De igual forma, exhorta a Osinergmin para que concluya en el más breve plazo, los procedimientos administrativos sancionadores por el inadecuado mantenimiento y falta de protección anticorrosiva de las 74 plataformas petroleras arrendadas a Petro-Tech Peruana S.A., faltas tipificadas en los artículos 171 y 217 del reglamento de actividades de explotación y exploración de hidrocarburos aprobado por DS Nº 032-2004-EM cuyo monto de multas ascendería aproximadamente a la suma de US$ 64 millones. Recomienda también que Petroperú y Osinergmin deberán proceder de inmediato a iniciar las acciones destinadas al cobro de las reparaciones de las plataformas petroleras deterioradas “por la violación del numeral 6.1 de la cláusula sexta del Contrato de Arrendamiento de Activos entre Petroperú S.A. y Petro-Tech Peruana S.A. firmada en 2003 que ascendería aproximadamente a la suma de US$ 7 millones. “Perupetro deberá proceder inmediatamente a iniciar las acciones tendientes a obtener de Petro-Tech Peruana S.A., el pago de la compensación económica por concepto del Impuesto al Patrimonio Empresarial (IPE) correspondiente al ejercicio fiscal 2008, que ascendería a la suma de US$ 6.5 millones”, sostiene. Recomendó al Mineg que proceda a disponer una nueva acotación que en forma equitativa, justa y transparente señale los montos reales que Petro-Tech Peruana S.A. debe pagar al Estado como resultado de la ilegal operación de la planta criogénica de gas, fuera del contrato de servicios de exploración y explotación por el Lote Z-2B. Pide remitir copia del presente informe al procurador publico anticorrupción a fin de que promueva una investigación preliminar contra las personas de William Kallop Moore, Alberto Varillas Cueto, Rosy Gadea Benavides, por el presunto delito de corrupción de funcionarios en agravio del Estado; así como contra Mario Pasco Cosmópoli por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de usurpación de funciones, por haberse arrogado a la representación de Perupetro SA para participar en la negociación de la conformación del tribunal arbitral; Rafael Samaniego Bogovich, Luis Sologuren Casas, German Kruger Espantoso, José Chueca Romero y Miguel Celi Rivera por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de colusión, todos ellos conforme a los hechos expuestos en el presente informe. |
| Proceso judicial pasa a la fiscalía |
| El caso del ex juez penal del Callao, Óscar Zevallos Ortiz Drago, procesado por liberar extrañamente a un “narco” colombiano que estaba requerido en vía de extradición por Estados Unidos, pasó a poder del fiscal supremo penal, Pablo Sánchez Velarde, para que su despacho emita su dictamen sobre el particular. El narcotraficante beneficiado con la cuestionada decisión tomada por Zevallos Ortiz Drago fue Carlos Alberto Jaramillo Guzmán (a) “Tribilín”, quien estaba requerido por la justicia de Miami por lavado de dinero producto del tráfico de drogas, entre otros delitos más en agravio del Estado norteamericano. |
Según dijo, en esos correos Rómulo León informaba sobre
las actividades que realizaba con el empresario dominicano
Fortunato Canaán y Discover Petroleum
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(La Primera 07/05/10)
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Se trata de diálogos entre ‘Don Bieto’ y Roger Ferreira, vocal supremo que renunció en octubre de 2009 ante los rumores de que existía ese material. Villa Stein calló sobre los audios comprometedores.
Aunque el presidente del Poder Judicial, Javier Villa Stein, negó siempre la existencia de audios comprometedores protagonizados por magistrados supremos, el tiempo lo ha desmentido. Hoy LA PRIMERA divulga el audio con la conversación interceptada a Roger Ferreira Vildózola, vocal supremo de su entorno que renunció a fines de octubre de 2009, luego de los rumores de la existencia de ese material.
Lo que a continuación se narra evidencia una serie de hechos cuestionados y devela que Villa Stein se esforzó arduamente por encubrir la existencia de los audios de los magistrados supremos, a pesar de saber que ese material había sido encontrado en las computadoras de Manuel Elías Ponce Feijoó.
Este diario ha recopilado toda la información en relación a las circunstancias que se produjeron desde que la jueza María Martínez y el fiscal Walter Milla, a cargo del proceso de interceptación de la empresa Business Track, escucharon por primera vez los audios que comprometían a los magistrados supremos.
El audio que hoy presentamos, que demuestra el poder y el nivel de infiltración que tenía el abogado Alberto Químper en la Corte Suprema, se suma al ya publicitado audio del fiscal supremo José Peláez Bardales, que apareció el último fin de semana en el programa Panorama, de Panamericana Televisión.
Todo conduce a Villa
La historia se remonta al 18 de setiembre de 2009, cuando la jueza Martínez y el fiscal Milla escucharon el audio de una llamada de Alberto Químper al entonces vocal supremo Roger Ferreira, en el que el famoso “Don Bieto” le comunica que irá en calidad de abogado a informar sobre un determinado caso a su sala.
Inclusive se atreve a darle el número del expediente sobre el cual intervendrá y luego le dice: “después conversamos”, ante la total disposición del magistrado Ferreira. Además le da otros detalles, como los nombres de los demandados y del demandante para que no olvide de qué se trata. Al final Ferreira termina diciendo: “muy bien, mañana conversamos”. Esta es la primera vez que aparece la transcripción oficial de ese audio.
Ni la jueza ni el fiscal hicieron nada en ese momento para que las autoridades competentes del Poder Judicial y el Ministerio Público conozcan el contenido de ese material e inicien las investigaciones del caso.
¿Por qué?
LA PRIMERA ha confirmado a través de una fuente confiable y, además, con un documento oficial, que Javier Villa Stein llamó a la jueza María Martínez el 1 de octubre de 2009 para pedirle que le informe los pormenores del contenido de los audios de los magistrados supremos. ¿Por qué pidió ese informe si el proceso es absolutamente reservado? ¿Por qué la jueza le tuvo que dar esa información, inclusive, por teléfono?
Esto significa que el presidente del Poder Judicial estuvo perfectamente informado de que existía el audio del vocal supremo Ferreira Vildózola, que hoy presenta LA PRIMERA y que estuvo guardado bajo siete llaves, y también del audio del fiscal supremo Peláez Bardales.
Sin embargo, en las presentaciones públicas durante los días siguientes a la conversación con la jueza (1 de enero de 2009), Villa negó rotundamente la existencia de los audios comprometedores sobre los vocales. Inclusive, en una conferencia de prensa, dijo que eran puras especulaciones.
Paralelamente ni la jueza ni el fiscal le daban el trámite correspondiente a las transcripciones que comprometían a los magistrados supremos. ¿Hubo afán de encubrirlos? A la luz de los hechos, sí.
Semanas después, ante los rumores de la existencia de un audio de Ferreira, éste presentó convenientemente su renuncia al Poder Judicial y desapareció de la escena pública, tal vez para evitar un gran escándalo en la judicatura si aparecía su audio, a pesar de los esfuerzos de Villa Stein por negar la existencia de ese material.
Sus esfuerzos dieron fruto, pues el contenido real del audio nunca se hizo público, sino hasta hoy.
Tampoco se hicieron públicos los audios en los que Rómulo León y un tal “Betito”; ni los de Alberto Químper referidos a situaciones comprometedoras para algunos vocales supremos.
Lo más cuestionable es que este último material, cuya existencia no niegan ni la jueza Martínez ni el fiscal Milla, se haya quedado encarpetado y no haya sido materia de una mayor investigación.
Esta semana corrieron insistentes rumores de que los audios se harán públicos en los siguientes días a través de medios de prensa. Evidentemente, Químper y allegados a él tenían mucha influencia en algunos supremos, como lo demuestran las conversaciones interceptadas hasta hoy presentadas.
Responde el fiscal Milla
La explicación que ofreció el fiscal Walter Milla, respecto a su inacción luego de escuchar, el 18 de setiembre de 2009, los audios comprometedores del fiscal supremo José Peláez, así como del entonces vocal supremo Roger Ferreira, fue que ese material no tenía los nombres y apellidos de los citados magistrados.
Dijo que cuando escucharon, por ejemplo, el nombre de Tuco, no sabían que era el fiscal Peláez. De la misma manera tampoco supieron que Roger era, en realidad, el vocal Roger Ferreira. Por eso, no pidió copia certificada de las transcripciones de los audios para enviarlos a la Fiscalía de la Nación, pero sí adjuntaron, según dijo, las transcripciones en el expediente del caso.
Ha sido la prensa la que ha develado las identidades de los magistrados protagonistas de los audios y lo hizo con el cruce de información y una indagación seria.
Respecto a los audios, escuchados también en setiembre de 2009, donde Rómulo León habla con un interlocutor llamado “Betito” sobre magistrados Gonzales y Paredes, sostuvo que no se tuvo la seguridad de que se trate de los vocales supremos Robinson Gonzales Campos y Antonio Pajares Paredes, hoy retirado del Poder Judicial.
El audio de Ferreira
Este es el facsímil del acta judicial con la conversación de Químper y Ferreira. El proceso del cual hablan se refiere a una demanda de Astros S.A. contra Raúl Leguía y Humberto Leguía, quienes estaban en litigio para que Astros S.A. sea reconocida como empresa insolvente y para mantener su presencia en el directorio de Canal 13. Todo indica que Químper intervino a favor de los Leguía en la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema, donde estaba Ferreira. El audio data del 10 de junio de 2009.
Alberto Químper : (A.Q)
Roger Ferreira : (R.F)
(A.Q) : Aló
(R.F) : Un momentito por favor.
(A.Q) : Roger acá te estaba…, yo tengo mañana un informe oral en tu sala
(R.F) : Sí.
(A.Q) : Es una acción de amparo…la 315-2008, proviene de la segunda civil
(R.F) : Ya, ok, de quién, quién
(A.Q) : Yo voy a informar
(R.F) : Ah ya, ok, ok
(A.Q) : Ya, ok, y después conversamos, yo vengo ganando
(R.F) : Quién, quién,
(A.Q) : Es, es…este…el demandante creo que es (rasias…ininteligible)
(R.F) : Ok, perfecto.
(A.Q) : Ya, y demandado es ... y de Indecopi
(R.F) : Ya, muy bien, mañana conversamos, chau.
Qué buena suerte de Peláez Bardales
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió el martes último una investigación preliminar al fiscal supremo José Peláez Bardales, por sus conversaciones telefónicas con el abogado Mario Vélez Beaumont, socio de Alberto Químper, en las que, presumiblemente, reiteran un acuerdo para interceder en un proceso a favor de un litigante.
Lo sorprendente en esta investigación es que la institución encargada de realizarla (CNM), estará dirigida a partir del 7 de julio de este año, nada menos que por el hermano del investigado, es decir, por el consejero, Edmundo Peláez Bardales.
Esto debido a que el actual presidente, Maximiliano Cárdenas, cumple cinco años como consejero y deberá dejar la institución por mandato de la ley. Entonces, asumirá automáticamente el cargo el vicepresidente de la institución: Edmundo Peláez.
Pero eso no es todo. Actualmente, la Comisión de Disciplina de dicha institución, encargada de recaudar las informaciones del caso, está dirigida por el consejero Aníbal Torres, conocido por ser drástico en sus apreciaciones. Sin embargo, el mismo 7 de julio, por las mismas razones que Maximiliano Cárdenas, Aníbal Torres deberá abandonar sus funciones.
El consejero que reemplazará a Torres en el caso del fiscal Peláez será Carlos Mansilla, ex fiscal, es decir, colega de años de Peláez.
Raúl Sánchez
Redacción
