lunes, 31 de agosto de 2009
ACUSACIÓN PPK Y QUIJANDRIA
Expreso (31/08/2009)
LA SUBCOMISIÓN DE ACUSACIONES CONSTITUCIONALES, QUE PRESIDÍA LA CONGRESISTA MARTHA MOYANO (GPF),
declaró improcedente y dispuso el archivamiento de la denuncia constitucional formulada por la procuradora Nelly Mercedes Malarín Cáceres, contra los ex ministros Pedro Pablo Kuczynski y Jaime Quijandría, por el presunto delito de abuso de autoridad.
En la conclusión del informe se indica que los procuradores carecen de competencia para formular denuncias constitucionales y su función está limitada a casos jurisdiccionales.
Como se recuerda, la acusación constitucional fue presentada el pasado 3 de febrero por Malarín Cáceres y fue signada con el número 134.
El motivo de la denuncia señalaba que según el informe Especial 220-2008-CG/SP-EE –resultante del examen Especial a Petroperú S.A, Proceso de Contratación del Lote 56, el cual tuvo entre sus objetivos evaluar el proceso de negociación directa para la suscripción del Contrato de Licencia, para la explotación hidrocarburos en el Lot. 56 (Llamado Camisea II)–, entre Petroperú S.A. y la contratista Pluspetrol Perú Corporation–, ambos ex ministros habían incurrido en el presunto delito de abuso de autoridad.
ILEGALES.
En los fundamentos de hecho de la denuncia se detallaba que el refrendo ministerial –por parte del entonces ministro de Energía y Minas, Jaime Quijandría– del D.S. 033-2004-EM aprobó el contrato de licencia para explotación de hidrocarburos en el Lote 56, “no obstante que contenía términos contrarios a ley y, en su caso, no previstos en la legislación en materia de hidrocarburos”.
El documento agrega que “se establecieron para el Estado límites superiores (o topes máximos) para los porcentajes de regalías correspondientes a los diferentes hidrocarburos que incumplen con el principio de determinación de regalías mediante una escala variable en función de factores técnicos y económicos; y términos que permiten al contratista mantener la propiedad de algunos bienes que debían pasar a propiedad del Estado, una vez terminado el plazo de vigencia del contrato”.
“En el presente caso, la actuación contraria a normativa expresa y atentatoria de los principios de legalidad por parte de los ministros que refrendaron el Decreto Supremo 033-2004-EM, aprobando el Contrato de Licencia para la Explotación de Hidrocarburos - Lote 56, ha permitido que se establezcan condiciones desfavorables para el Estado”, añadía el documento.
LA SESIÓN.
En sesión del 28 de abril de 2009, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, presidida por la congresista Martha Moyano, resolvió archivar la denuncia de la CGR por un tema formal, al señalar que los procuradores públicos no pueden formular denuncias constitucionales ante el Parlamento porque sólo intervienen en actuaciones jurisdiccionales.
Esta tesis siempre ha sido manejada por dicha congresista porque busca cuestionar los procesos judiciales seguidos contra el ex presidente Fujimori y sus ministros, porque recordemos que la mayoría de denuncias fueron presentadas por los procuradores José Ugaz y Luis Vargas Valdivia, lo cual significa que en estos casos se habría vulnerado el debido proceso.
Además, Moyano olvida que en ocasión de la denuncia a la ex legisladora Tula Benítez, el Ministerio de Justicia, mediante la Secretaría Técnica del Consejo de Defensa del Estado, opinó sobre la procedencia que los procuradores puedan interponer denuncias constitucionales y mencionan una serie de antecedentes.
Otro hecho grave de esta interpretación de Moyano Delgado es que limitar la actuación de los procuradores públicos a la sede judicial significaría que no tendrían ninguna actuación a nivel fiscal o policial cuando denuncian casos de corrupción, lo cual viene ocurriendo actualmente.
sábado, 29 de agosto de 2009
GARCIA Y EL SUPERESTAFADOR MADOFF
viernes, 28 de agosto de 2009
GASOLINAZO PNP
Denuncian a 75 por caso “gasolinazo” en la PNP |
Por presunta sustracción de más de 24 millones y medio de soles al año. La denuncia fue formalizada por el fiscal Demetrio Díaz Huamán, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, con lo cual se abre un nuevo escándalo en el seno de la institución policial, máxime si uno de los implicados principales es el ex inspector general de la PNP, teniente general Luis Arnaldo Henríquez Palacios. En base a testimonios y las pericias correspondientes en 16 grifos capitalinos, el fiscal Díaz estableció la existencia de una mafia que traficaba con el combustible destinado a las labores operativas de la institución, para quedarse con parte del dinero destinado para este fin y que provenía del erario público. Los cargos hechos contra los encausados van desde peculado, corrupción de funcionarios (cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico), encubrimiento personal, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones en agravio del Estado. Exactamente, los cargos hechos por Díaz Huamán involucran a 55 miembros de la Policía Nacional, entre generales, coroneles y personal subalterno, y a 20 civiles entre propietarios y encargados de los grifos emplazados. Documentos claves Uno de los documentos claves que sirvió al fiscal para sustentar su acusación, fue un informe del ex inspector de las Direcciones Especializadas de la PNP, José Trinidad Muñoz, donde dio cuenta minuciosamente de las irregularidades ocurridas en diversos grifos capitalinos y que, sin embargo, no habría sido tomado en cuenta por Henríquez Palacios. Otro informe sobre asuntos internos de la Policía Nacional etiquetado como “Caso SA-86”, llegó a la conclusión que “Henríquez ocultó información respecto a la responsabilidad de diversos oficiales que cometieron irregularidades en la administración y abastecimiento del combustible asignado por el Estado a la flota vehicular de la PNP”. “Dejó transcurrir innecesariamente más de ocho meses para emitir el memorándum Nº 154-2008-IGPNP/SP el último día del año (31 de diciembre de 2008), ordenando recién el inicio de la investigación administrativo disciplinaria por las irregularidades”, sostuvo el documento. Junto a estos grifos fueron implicados los administradores y representantes del grifo Santa Margherita SAC (Breña), Eduardo Caprile Carvajal, José Apuy Aquije, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cómplices de peculado. Del mismo grifo, Marlon Orihuela Salvador, Javier Cheque Guissa y Alan Laupa Arana, como supuestos cómplices de peculado. Estos no sólo tenían que presentar la mejor propuesta para la licitación sino también debían otorgar una "coima" para beneficiar a los encargados de la Dirección de la PNP, Inteligencia, Inspectoría y Logística, según las pesquisas. En tanto que los efectivos policiales acusados provienen de las direcciones de la Dirlog-PNP, Dircote, Dirbie-PNP, Direcfin-PNP, Dirandro, VII Dirtep, Dirincri, entre otras. Otra modalidad era abastecer a las unidades móviles sólo con la mitad de la dotación diaria de combustible y la otra mitad “la cobraban en dinero”. Por eso se presume que la red de corrupción en dicha institución policial se habría apropiado de millón y medio de nuevos soles anuales por cada grifo, tal como lo denunció en su momento el congresista Édgar Núñez, aun cuando los montos exactos serán fijados en el curso del proceso penal. El requerimiento del fiscal Díaz está ahora en poder de la jueza Aiza Mendoza, del Segundo Juzgado Anticorrupción, cuyo despacho deberá formalizar el proceso correspondiente en cualquier momento. Finalmente solicitó que el juzgado dicte que los denunciados afronten la causa –de abrirse el juicio correspondiente– bajo mandato de comparecencia restringida y con impedimento de salida del país. La pena Los requeridos por este caso podrían llegar a purgar penas de hasta ocho años de prisión si se comprobara que cometieron delitos de peculado o cohecho pasivo propio. Mientras que la pena por el delito de usurpación de funciones alcanza siete años de pena privativa de libertad y el delito de cohecho activo genérico alcanza hasta seis años de prisión. 1. Luis Arnaldo Henríquez Palacios (ex inspector general de la PNP) 2. Arturo Obregón Fernández (Jefe encargado de la división de Combustible de la Dirlog- PNP). 3. Juan Domínguez Rosales (Jefe del Departamento de adquisiciones de la Dirlog- PNP). 4. Fermín Véliz Réliz (Personal de rendición de cuentas de la Dirlog- PNP) 5. Adolfo Navarro Correa (Personal de rendición de cuentas de la Dirlog-PNP). 6. Gerardo Aguirre Bustamante. 7. Luciano Olivos Brecciani. 8. Víctor Baldeón Caqui. 9. Víctor Postigo Rojas. 10. Nilton Quipuscoa Peralta, entre otros.Civiles 1. Eduardo Caprilé Carvajal. 2. José Apuy Aquije. 3. Marlon Origuela Salvador. 4. Javier Cheque Guisso. 5. Alan Laupa Arana, entre otros. Tres meses |
sábado, 15 de agosto de 2009
ALAN GARCIA - NAVA GUIBERT - CANAAN
columna de César Hildebrandt
El doctor Alan García condecoró ayer a su secretario personal Luis Nava Guibert. Le impuso la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial.
Luis Nava Guibert agradeció emocionado. El doctor García dijo que eso era lo justo. Todos aplaudieron.
Presente en la ceremonia estaba José Antonio Nava, el próspero hijo del condecorado, a quien algunos han acusado de tener privilegios especialísimos como proveedor de servicios en algunas empresas privadas y del Estado.
Una de esas empresas privadas auxiliadas por el talento de José Antonio Nava ha sido "Comarsa", de propiedad de la familia Sánchez Paredes. Curiosamente, el doctor Alan García le vendió a la empresa "Alta Tecnología", también de los Sánchez Paredes, una camioneta que el actual Presidente de la República compró nueva y por un precio de ganga a la firma "Maquinarias".
Volviendo a lo de ayer, diremos que no acudió a esta celebración de la cercanía y la mutualidad el señor Rómulo León, tan relacionado, como se sabe, con el señor Luis Nava Guibert.
El 26 de julio del año 2007, Rómulo León envió este correo electrónico a su jefe Fortunato Canáan:
"Esta noche irá a cenar a mi casa Luis Nava. Ajustaremos con él algunas cosas..."
Y el 18 de octubre del 2007, el mismo León a Canáan:
"11 de octubre, Palacio de Gobierno. Reunión con el Dr. Luis Nava. El suscrito entregó cinco importantes documentos al Dr. Nava..."
Y el 21 de diciembre, mismo remitente y mismo destinatario:
"Por iniciativa de Luis Nava ayer nos reunimos con el nuevo ministro Hernán Garrido Lecca y se le transmitió la voluntad del Presidente de contar con Fortluck (la empresa de Canáan, nota de C.H.) para la construcción de hospitales..."
En otro mensaje, León Alegría le anuncia a Canáan que, para la constitución de la empresa filial que planean, hará uso del estudio de abogados de "una persona que resulta clave para nuestros superiores objetivos... " Ese estudio, como se pudo comprobar después, es el que aparece en los registros públicos como "Nava y Huesa abogados", propiedad, por mayoría de acciones, del doctor Luis Nava Guibert, secretario de la Presidencia de la República. Quien se encargó de redactar los documentos fue específicamente el doctor Eduardo León, que figura como asociado de ese estudio.
Cuando la Comisión del Congreso le preguntó a Nava por qué había intercedido de modo tan activo en la concertación de la cita entre el ministro de Salud, Carlos Vallejos, y el dominicano Fortunado Canáan, el ahora condecorado secretario dijo que se había limitado a cumplir órdenes. Y cuando le preguntaron a qué órdenes se refería, señaló que se trataba de directivas del propio Presidente de la República, "interesado en que la construcción de hospitales marchara lo más rápidamente posible".
Esta, en realidad, no es la primera condecoración que podrá lucir Luis Nava Guibert. En octubre del 2008, Su Majestad el Rey de España le concedió, por real decreto, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica.
Porque cuando uno le entrega su vida a la causa de la democracia y se despoja de toda ambición para sacrificarse "por objetivos superiores" -palabras que resumen la biografía del prócer Nava Guibert-, entonces vienen los reyes y los presidentes y lo reconocen con discursos y medallas. SALUDOS
Romain
SECRETARIA PERSONAL DE GARCIA CON CANAAN
Los analistas del Poder Judicial descubrieron un mail en la computadora del prófugo ex ministro Rómulo León Alegría que revela una reunión entre el empresario dominicano Fortunato Canaán y Mirtha Cunza, secretaria personal del presidente Alan García.
Según el diario ‘La Razón’, este correo electrónico contiene menciones sobre un "Proyecto Perú" o "Plan Perú", que consiste en planes de inversión impulsados por el gobierno, y en los que Canaán tendría parte. El listado involucraba proyectosinmobiliarios, centrales de energía, hidroeléctricos y construcción de penales. Se señala que la reunión entre los principales implicados en el caso de los “petroaudios" y Cunza habría ocurrido el 13 de octubre del 2007 y podría estar ligada a los audios de conversaciones amicales entre ella León Alegría. Asimismo, se reveló además que la funcionaria de Palacio de Gobierno habría ofrecido una cena en su domicilio a Canaán en octubre del año pasado. El diario indica que tras las últimas revelaciones obtenidas del disco duro del prófugo, Mirtha Cunza sí podría ser citada a la comisión investigadora del Congreso para explicar su relación con el prófugo León Alegría. Por su parte, Edgard Reymundo Mercado, miembro de la comisión investigadora del caso Discover Petroleum, adelantó que volverá a pedir el testimonio de la secretaria presidencial.