El desafuero de Tula Benites ya es oficial
El Comercio
Olga Cribilleros ocupa escaño. Ofrece impulsar reforma educativa y dialogar con maestros
Hasta que se hizo oficial. Tula Benites salió por la puerta falsa del Congreso de la República y su escaño ya tiene una nueva inquilina. Se trata de la liberteña Olga Cribilleros Shigihara.Hace unos días, Benites interpuso un recurso de hábeas corpus en contra del Congreso en busca de mantener su cargo, sin embargo el último lunes el Decimocuarto Juzgado Penal lo consideró improcedente. Ayer, el diario oficial "El Peruano" publicó la resolución del Congreso que deja fuera temporalmente a Tula Benites por presunta responsabilidad en los delitos de peculado, colusión y falsedad genérica. EMPIEZA CON BRÍOSCribilleros --según contó a El Comercio-- recibió el viernes una llamada telefónica de Mauricio Mulder, secretario general del Apra, quien la felicitó y le adelantó detalles del nuevo encargo que tendrá en el Palacio Legislativo. Ella comenzó en la política desde joven. Ingresó a las filas del Apra a los 13 años y fue regidora --junto con Tula Benites-- de la municipalidad distrital Víctor Larco Herrera (Trujillo) a los 21 años. Quedó fuera del Congreso luego de las elecciones del 2006 porque el voto preferencial benefició a su compañera.Consideró lamentable el caso de Benites y no cree que el Apra la haya blindado. "Hemos visto actuaciones imparciales y destacables en este caso, como la de Mercedes Cabanillas, por poner un ejemplo", acotó. Desde hace año y medio dirige la Beneficencia de Trujillo, donde dice que se ha duplicado la ayuda social y ha podido crear nuevos programas sociales. La nueva congresista ejerció la docencia por 11 años, por lo que le gustaría trabajar en la Comisión de Educación. Cribilleros consideró positiva la reforma educativa propuesta por el Gobierno y afirmó que está dispuesta a tender canales de diálogo con los maestros, porque falta saber explicar oportunamente las reformas. "El desconocimiento es mal aprovechado por ciertos grupos que quieren enfrentar al país", acotó.
sábado, 30 de agosto de 2008
CORRUPCION BANCO DE MATERIALES
martes 25 de marzo de 2008
Corrupción en Banco de Materiales.- Involucrado el toledista "Chiquito" Aparicio Mosselli, hermanón y financiador de AGP
Jorge Aparicio Mosselli, alias "Chiquito", aportó 23,310 nuevos soles, en efectivo, para la Campaña del club electoral "Perú Posible". Sujeto oportunista que busca estar en buenas relaciones con todos los politicastros, Aparicio también financió la campaña de Alan. El muy pendenciero tuvo la conciencia de desfilar tres veces en el pasado “Día de la Fraternidad”. Hoy es gerente general del Banco de Materiales y responsable de la realización de diversos actos de corrupción institucional.El empresario de la construcción "Chiquito" Aparicio llegó al Banco de Materiales en el año 2002 con la orden de cerrar el Banco. Sin embargo, terminó quedándose en el puesto seis años, gracias a los buenos negocios que pudo organizar.Aparicio es uno de los tantos burócratas oportunistas que trajo el borrachín Toledo al Sector Vivienda. Por su intervención, los burócratas colocados por el Felipillo de Cabana siguen mamando la ubre fiscal. Setenta por ciento de los actuales empleados del BANMAT fueron recomendados como "hermanos" toledistas.A pesar que el presidente del Banco de Materiales es el doctor Mario Valcárcel Aragón, un aprista reconocido de larga trayectoria política y profesional, quien realmente manda en el Banco es el "Chiquito". Aparicio dispone del BANMAT como si fuera su chacra. Por ejemplo, en septiembre de 2007 agredió verbalmente a funcionarios del Ministerio de Trabajo que realizaban una visita de inspección laboral. El “patrón” Aparicio condujo a los inspectores al ascensor y los desalojó con insultos incluidos. Por infracciones a la labor inspectiva, Aparicio fue multado por la suma de 38 mil nuevos soles. Afortunadamente para él, Pasco Cosmópolis, el cómplice alanista a cargo del Ministerio de Trabajo, dispuso se deje sin efecto la multa y quede en nada el agravio a los inspectores.Aparicio y el entorno seguidor de Felipillo Toledo mantienen en funcionamiento las Brigadas Chakanas. A través de ellas se defienden y encubren mutuamente. Puede señalarse el caso de Remigio Medina de la Cruz, Secretario Departamental de Perú Posible en Ayacucho, cuya tarjeta de presentación para el puesto fue ser detenido antes de su llegada a Lima con la marcha de los cuatro suyos. El “hermano” toledista Medina ha sido constantemente denunciado por los administradores de la sucursal de Ayacucho. Sus delitos: apropiación de dinero en las cobranzas, utilización del vehículo de la sucursal fuera del horario de trabajo, agresiones físicas a los trabajadores, incluidos sus propios jefes, sin que las instancias administrativas del Banco hayan emitido siquiera una amonestación verbal. La razón es porque los llamados a sancionar los hechos (Aparicio, Guevara, Seminario, Gordón, López, Velásquez y Peña) son “hermanos toledistas”, que figuran como aportantes de la campaña electoral del año 2006. (No hay que olvidar que el Banco de Materiales fue el centro de operaciones del obeso Bruce.)Rogamos a la Contraloría General de la República iniciar una severa auditoría en el Banco de Materiales, centrándose en la investigación de lo siguiente:1) Otorgamiento irregular de préstamos;2) Contrataciones "dirigidas" de obras y servicios que no soportarían una auditoría imparcial;3) El jefe del Órgano de Control Institucional es el toledista Marco Peña Mesías, colocado en el cargo sin reunir los requisitos correspondientes y con la finalidad de cubrir las espaldas de los “hermanos” toledistas;4) Incapacidad para recuperar los préstamos irregulares que aprobaron las administraciones fujimorista y toledista;5) Sucursales con graves problemas operativos e incapaces de recuperar los créditos otorgados.Tomado del blog "César Vasquez". Autor: César Vasquez
Corrupción en Banco de Materiales.- Involucrado el toledista "Chiquito" Aparicio Mosselli, hermanón y financiador de AGP
Jorge Aparicio Mosselli, alias "Chiquito", aportó 23,310 nuevos soles, en efectivo, para la Campaña del club electoral "Perú Posible". Sujeto oportunista que busca estar en buenas relaciones con todos los politicastros, Aparicio también financió la campaña de Alan. El muy pendenciero tuvo la conciencia de desfilar tres veces en el pasado “Día de la Fraternidad”. Hoy es gerente general del Banco de Materiales y responsable de la realización de diversos actos de corrupción institucional.El empresario de la construcción "Chiquito" Aparicio llegó al Banco de Materiales en el año 2002 con la orden de cerrar el Banco. Sin embargo, terminó quedándose en el puesto seis años, gracias a los buenos negocios que pudo organizar.Aparicio es uno de los tantos burócratas oportunistas que trajo el borrachín Toledo al Sector Vivienda. Por su intervención, los burócratas colocados por el Felipillo de Cabana siguen mamando la ubre fiscal. Setenta por ciento de los actuales empleados del BANMAT fueron recomendados como "hermanos" toledistas.A pesar que el presidente del Banco de Materiales es el doctor Mario Valcárcel Aragón, un aprista reconocido de larga trayectoria política y profesional, quien realmente manda en el Banco es el "Chiquito". Aparicio dispone del BANMAT como si fuera su chacra. Por ejemplo, en septiembre de 2007 agredió verbalmente a funcionarios del Ministerio de Trabajo que realizaban una visita de inspección laboral. El “patrón” Aparicio condujo a los inspectores al ascensor y los desalojó con insultos incluidos. Por infracciones a la labor inspectiva, Aparicio fue multado por la suma de 38 mil nuevos soles. Afortunadamente para él, Pasco Cosmópolis, el cómplice alanista a cargo del Ministerio de Trabajo, dispuso se deje sin efecto la multa y quede en nada el agravio a los inspectores.Aparicio y el entorno seguidor de Felipillo Toledo mantienen en funcionamiento las Brigadas Chakanas. A través de ellas se defienden y encubren mutuamente. Puede señalarse el caso de Remigio Medina de la Cruz, Secretario Departamental de Perú Posible en Ayacucho, cuya tarjeta de presentación para el puesto fue ser detenido antes de su llegada a Lima con la marcha de los cuatro suyos. El “hermano” toledista Medina ha sido constantemente denunciado por los administradores de la sucursal de Ayacucho. Sus delitos: apropiación de dinero en las cobranzas, utilización del vehículo de la sucursal fuera del horario de trabajo, agresiones físicas a los trabajadores, incluidos sus propios jefes, sin que las instancias administrativas del Banco hayan emitido siquiera una amonestación verbal. La razón es porque los llamados a sancionar los hechos (Aparicio, Guevara, Seminario, Gordón, López, Velásquez y Peña) son “hermanos toledistas”, que figuran como aportantes de la campaña electoral del año 2006. (No hay que olvidar que el Banco de Materiales fue el centro de operaciones del obeso Bruce.)Rogamos a la Contraloría General de la República iniciar una severa auditoría en el Banco de Materiales, centrándose en la investigación de lo siguiente:1) Otorgamiento irregular de préstamos;2) Contrataciones "dirigidas" de obras y servicios que no soportarían una auditoría imparcial;3) El jefe del Órgano de Control Institucional es el toledista Marco Peña Mesías, colocado en el cargo sin reunir los requisitos correspondientes y con la finalidad de cubrir las espaldas de los “hermanos” toledistas;4) Incapacidad para recuperar los préstamos irregulares que aprobaron las administraciones fujimorista y toledista;5) Sucursales con graves problemas operativos e incapaces de recuperar los créditos otorgados.Tomado del blog "César Vasquez". Autor: César Vasquez
BCCI BCR LEONEL FIGUEROA / HECTOR NEYRA / GARCIA
BCCI , BANCO CENTRAL DE RESERVA
Cuando el BCCI, un banco de dudosa reputación de origen pakistaní, quebró en todo el mundo, fue intervenido por las autoridades judiciales. En Nueva York, el fiscal Robert Morgenthau que revisó las cuentas del BCCI descubrió que funcionarios de ese banco habían pagado sobornos a dos altos funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esos funcionarios eran Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente y Gerente General respectivamente del BCRP en el gobierno de Alan García.
El BCCI había depositado unos tres y medio millones de dólares a Figueroa y Neyra en cuentas cifradas en un banco en Panamá. Esa coima había sido pagada a Figueroa y Neyra para que depositen las reservas internacionales peruanas (varios cientos de millones de dólares) en el BCCI de Panamá. Años después, Figueroa y Neyra fueron capturados en Brasil y extraditados al Perú, donde luego de pasar algunos años en la cárcel salieron en libertad.
El asunto es ¿Figueroa y Neyra actuaron solos o por órdenes superiores? ¿La coima de tres y medios millones de dólares la repartieron con alguien más? La fiscal suprema Nelly Calderón actual Fiscal de la Nación- consideró en su dictamen que habían suficientes indicios para acusar al ex presidente Alan García en este caso (Ver Corrupción). El vocal de la Corte Suprema Hugo Sivina también acusó a García por el caso BCCI.
El finado ex senador Carlos Malpica, implacable perseguidor de la corrupción, escribió un libro, "Pájaros de Alto Vuelo", donde con su reconocida acuciosidad investiga el caso del BCCI. A continuación algunos extractos.
PÁJAROS DE ALTO VUELO
CASO BCCI
Entre los días 5 y 8 de mayo de 1986 el Banco Central de Reserva. transfirió a cuentas cifradas del B.C.C.I. (Panamá) un total de 215 millones de dólares, cifra superior a la acordada. Se ha probado que Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente del Directorio y Gerente General del B.C.R.P. recibieron "coimas" por dichas operaciones.
Días antes, el 28 de abril, Figueroa remite un telex a la Fundación del Tercer Mundo declinando una invitación previamente recibida. Está comunicación la pone en conocimiento de Héctor Neyra. La importancia del telex no reside en su texto, sino en la anotación manuscrita por Figueroa. Esta dice: "Hector: este telex fue enviado a las 12:00". "Para tu conversación con Amer". Luego lo rubrica y a renglón seguido añade:" dile que el Pdte ya está de acuerdo con lo conversado"
Era evidente que no pudo tratarse del Presidente del Concejo de Ministros, Luis Alva Castro, quien actuó sólo periféricamente en este caso, por lo tanto debía tratarse del Presidente de la República. Cabe destacar que al referirse a "Amer" se trata de Amer Lodhi, funcionario del B.C.C.I. ¿Cuál pudo ser la discrepancia que tenían el B.C.R.P y el B.C.C.I. y que tenía que ser resuelta por García?
Hasta ese día el monto de las divisas a transferir a la sucursal de Panamá estaba determinado; las tasas de interés también, así como las garantías y modos de operación. Al parecer solo quedaba pendiente el monto de las coimas y su modalidad de reparto.
El fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, quien denuncia ante el gran Jurado al B.C.C.I. por estafa multimillonaria de desfalco a depositantes y lavado de dinero, afirmó en conferencia de prensa que el presidente García fue consultado y dio su aprobación a la colocación de los depósitos del Banco Central de Reserva del Perú en la oficina del BCCI, en Panamá.
LOS MIRAGE
El once de octubre de 1982 se autorizó la compra de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos franceses. En diciembre de ese año, con los convenios Júpiter 1 y II se mandó a fabricar a las empresas francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000 de francos franceses, mediante un convenio denominado Júpiter III.
El presidente electo, Alan García Pérez, conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en su periplo por Europa del mes de junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de mando de ese mismo año, aunque ese no sería su único viaje en el primer año de gobierno de García.
Esta probado que este personaje es un conocido traficante de armas que opera principalmente en el mundo árabe. Atan García tomó la decisión de reducir el número de aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage, se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los invito a viajar a España en su avión particular. Surge la figura de la reventa. El Perú compraría los 26 aviones y luego los revendería a otros países.
Con el convenio Júpiter IV, el Perú adquirió oficialmente sólo doce aviones y un "simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000 dólares, un precio superior al consignado en los anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron que era imposible, puesto que el Perú no poseía los aviones: los aviones no estaban construidos.
Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se consideran las fechas de llegada de los aviones, así como los números de serie de sus reactores. La operación dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó una utilidad de unos 200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan García y sus amigos, los intermediarios árabes, funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios franceses, egipcios e irakíes.
COLOFÓN
Está probado que Alan García fue consultado sobre el depósito de nuestras reservas internacionales en el B.C.C.I., así mismo, en el caso de los Mirage. No es pues cierto que nada tuvo que ver ni con la reventa de los aviones ni con el acuerdo de hacer dicho depósito, tal como lo ha afirmado en reiteradas ocasiones.
Cuando el BCCI, un banco de dudosa reputación de origen pakistaní, quebró en todo el mundo, fue intervenido por las autoridades judiciales. En Nueva York, el fiscal Robert Morgenthau que revisó las cuentas del BCCI descubrió que funcionarios de ese banco habían pagado sobornos a dos altos funcionarios del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP). Esos funcionarios eran Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente y Gerente General respectivamente del BCRP en el gobierno de Alan García.
El BCCI había depositado unos tres y medio millones de dólares a Figueroa y Neyra en cuentas cifradas en un banco en Panamá. Esa coima había sido pagada a Figueroa y Neyra para que depositen las reservas internacionales peruanas (varios cientos de millones de dólares) en el BCCI de Panamá. Años después, Figueroa y Neyra fueron capturados en Brasil y extraditados al Perú, donde luego de pasar algunos años en la cárcel salieron en libertad.
El asunto es ¿Figueroa y Neyra actuaron solos o por órdenes superiores? ¿La coima de tres y medios millones de dólares la repartieron con alguien más? La fiscal suprema Nelly Calderón actual Fiscal de la Nación- consideró en su dictamen que habían suficientes indicios para acusar al ex presidente Alan García en este caso (Ver Corrupción). El vocal de la Corte Suprema Hugo Sivina también acusó a García por el caso BCCI.
El finado ex senador Carlos Malpica, implacable perseguidor de la corrupción, escribió un libro, "Pájaros de Alto Vuelo", donde con su reconocida acuciosidad investiga el caso del BCCI. A continuación algunos extractos.
PÁJAROS DE ALTO VUELO
CASO BCCI
Entre los días 5 y 8 de mayo de 1986 el Banco Central de Reserva. transfirió a cuentas cifradas del B.C.C.I. (Panamá) un total de 215 millones de dólares, cifra superior a la acordada. Se ha probado que Leonel Figueroa y Héctor Neyra, Presidente del Directorio y Gerente General del B.C.R.P. recibieron "coimas" por dichas operaciones.
Días antes, el 28 de abril, Figueroa remite un telex a la Fundación del Tercer Mundo declinando una invitación previamente recibida. Está comunicación la pone en conocimiento de Héctor Neyra. La importancia del telex no reside en su texto, sino en la anotación manuscrita por Figueroa. Esta dice: "Hector: este telex fue enviado a las 12:00". "Para tu conversación con Amer". Luego lo rubrica y a renglón seguido añade:" dile que el Pdte ya está de acuerdo con lo conversado"
Era evidente que no pudo tratarse del Presidente del Concejo de Ministros, Luis Alva Castro, quien actuó sólo periféricamente en este caso, por lo tanto debía tratarse del Presidente de la República. Cabe destacar que al referirse a "Amer" se trata de Amer Lodhi, funcionario del B.C.C.I. ¿Cuál pudo ser la discrepancia que tenían el B.C.R.P y el B.C.C.I. y que tenía que ser resuelta por García?
Hasta ese día el monto de las divisas a transferir a la sucursal de Panamá estaba determinado; las tasas de interés también, así como las garantías y modos de operación. Al parecer solo quedaba pendiente el monto de las coimas y su modalidad de reparto.
El fiscal de Manhattan, Robert Morgenthau, quien denuncia ante el gran Jurado al B.C.C.I. por estafa multimillonaria de desfalco a depositantes y lavado de dinero, afirmó en conferencia de prensa que el presidente García fue consultado y dio su aprobación a la colocación de los depósitos del Banco Central de Reserva del Perú en la oficina del BCCI, en Panamá.
LOS MIRAGE
El once de octubre de 1982 se autorizó la compra de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos franceses. En diciembre de ese año, con los convenios Júpiter 1 y II se mandó a fabricar a las empresas francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000 de francos franceses, mediante un convenio denominado Júpiter III.
El presidente electo, Alan García Pérez, conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en su periplo por Europa del mes de junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de mando de ese mismo año, aunque ese no sería su único viaje en el primer año de gobierno de García.
Esta probado que este personaje es un conocido traficante de armas que opera principalmente en el mundo árabe. Atan García tomó la decisión de reducir el número de aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage, se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los invito a viajar a España en su avión particular. Surge la figura de la reventa. El Perú compraría los 26 aviones y luego los revendería a otros países.
Con el convenio Júpiter IV, el Perú adquirió oficialmente sólo doce aviones y un "simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000 dólares, un precio superior al consignado en los anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron que era imposible, puesto que el Perú no poseía los aviones: los aviones no estaban construidos.
Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se consideran las fechas de llegada de los aviones, así como los números de serie de sus reactores. La operación dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó una utilidad de unos 200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan García y sus amigos, los intermediarios árabes, funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios franceses, egipcios e irakíes.
COLOFÓN
Está probado que Alan García fue consultado sobre el depósito de nuestras reservas internacionales en el B.C.C.I., así mismo, en el caso de los Mirage. No es pues cierto que nada tuvo que ver ni con la reventa de los aviones ni con el acuerdo de hacer dicho depósito, tal como lo ha afirmado en reiteradas ocasiones.
ALCALDE DE CARABAYLLO DETENIDO
Detienen a alcalde de Carabayllo
Expreso 30 Agosto 2008
por tráfico de piezas arqueológicas
Agentes de la Policía Fiscal intervinieron ayer al alcalde de Carabayllo, Miguel Ríos Zarzosa, por su presunta participación en una red de contrabando de piezas arqueológicas.
El burgomaestre fue detenido en un inmueble ubicado en la manzana G, lote 10 de la asociación de vivienda Estrella Solar, en el citado distrito, donde también fue arrestada una arqueóloga. Fuentes policiales revelaron que en el lugar se encontró alrededor de 50 cajas que contenían piezas pertenecientes a una cultura del norte del país.
Los detenidos fueron interrogados por algunas horas en presencia del fiscal de Prevención del Delito de Lima Norte, Alejandro Reyes, y llevados a la sede de la Policía Fiscal, en el distrito de Chorrillos, de donde el burgomaestre salió en horas de la noche.
Ríos Zarzosa indicó que se trataba de una confusión, pues él había ido a visitar a un compadre, que vive en el predio intervenido por la PNP. Dijo que ha sido citado para el próximo miércoles para rendir su manifestación acerca del caso.
Expreso 30 Agosto 2008
por tráfico de piezas arqueológicas
Agentes de la Policía Fiscal intervinieron ayer al alcalde de Carabayllo, Miguel Ríos Zarzosa, por su presunta participación en una red de contrabando de piezas arqueológicas.
El burgomaestre fue detenido en un inmueble ubicado en la manzana G, lote 10 de la asociación de vivienda Estrella Solar, en el citado distrito, donde también fue arrestada una arqueóloga. Fuentes policiales revelaron que en el lugar se encontró alrededor de 50 cajas que contenían piezas pertenecientes a una cultura del norte del país.
Los detenidos fueron interrogados por algunas horas en presencia del fiscal de Prevención del Delito de Lima Norte, Alejandro Reyes, y llevados a la sede de la Policía Fiscal, en el distrito de Chorrillos, de donde el burgomaestre salió en horas de la noche.
Ríos Zarzosa indicó que se trataba de una confusión, pues él había ido a visitar a un compadre, que vive en el predio intervenido por la PNP. Dijo que ha sido citado para el próximo miércoles para rendir su manifestación acerca del caso.
jueves, 28 de agosto de 2008
LA CAMIONETA DE ALAN HUELE MAL
La camioneta
IDL 25 Agosto 2008
El 18 de agosto de 2004, un policía impuso una papeleta por infracción de tránsito en la cuadra 5 de Grau, al ciudadano Alfredo Sánchez Miranda, que conducía una camioneta Nissan Frontier 4x4, del año 2002. La camioneta estaba registrada a nombre de una empresa: Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A., domiciliada en el jirón Colón 130, of. 301, Miraflores. (Ver)
Alfredo Sánchez Miranda es hijo de Orlando Sánchez Paredes y sobrino de los desaparecidos Perciles y Segundo Sánchez Paredes, ambos vinculados al narcotráfico por una larga serie de acusaciones, señalamientos, evidencias y circunstancias. Hoy, la familia Sánchez Paredes es objeto de una investigación fiscal que indaga simultáneamente los ámbitos del lavado de dinero producto del narcotráfico y desviación de insumos químicos al narcotráfico.
A comienzos de año, el propio presidente de la República, Alan García, acompañado en la ocasión por el ministro del Interior, Luis Alva Castro, el jefe de la Policía, general PNP Octavio Salazar y por el jefe de la Dirandro, general PNP Miguel Hidalgo, reveló que la familia Sánchez Paredes era investigada por un equipo especial de la Dirandro. En total, 77 miembros de la familia y 124 empresas eran materia de investigación.
El conductor de la Nissan Frontier detenida en aquel agosto de 2004, Alfredo Sánchez Miranda no es solo hijo y sobrino de una familia notoria por los conceptos señalados, sino que tiene ya una importancia propia dentro del clan. Fue él quien recientemente presentó una demanda contra la revista Caretas, en el Consejo de la Prensa Peruana. La demanda sostiene que la serie de casi 20 reportajes de investigación sobre las vinculaciones de su familia con el narcotráfico (que significaron premios nacionales e internacionales de periodismo de investigación para la revista), eran difamatorios. Dada la cantidad de evidencias acumuladas, a estas alturas la acusación va a tener muchísimo más trabajo que la defensa en la presentación del caso.
Por eso, no hay mucha gente que tenga ahora particular interés en verse asociada con dicha familia. Ese no fue el caso hace unos pocos años. Prominentes empresarios, especialmente mineros, y varios políticos o importantes consejeros políticos tuvieron una relación cercana con los Sánchez Paredes.
A otros, la relación podría haberlos tocado de cerca en forma involuntaria.
Como por ejemplo, en la relación que estableció en sus primeros dos años la camioneta Nissan Frontier detenida aquella noche en Barranco.
Embarcada desde Yokohama, Japón el 31 de julio de 2002 la camioneta Nissan Frontier 4x4 de doble cabina fue importada a través del Callao por la compañía Nissan Maquinarias S.A., de la Av. La Marina 3380. La Declaración Única de Importación (ver) documenta que la camioneta llegó al Callao el 23 de agosto de 2002, pasó por aduanas declarando un valor CIF (costo, seguro y flete) de 14 mil 777.92 dólares.
Cinco días después, el 28 de agosto de 2002, Maquinarias vendía la camioneta. Declarando un precio de lista para la venta de 29 mil 850 dólares, la compañía hizo un sustantivo descuento de 11 mil 850 dólares, para venderla en 18 mil dólares a un ilustre cliente: Alan García Pérez, entonces el líder más importante de la oposición luego de su derrota en las elecciones generales de 2001. (Ver boleta de venta )
El vehículo fue inscrito a nombre de la sociedad conyugal de Alan García Pérez y Pilar Nores de García el 29 de agosto de 2002 en la oficina registral de Lima y Callao (ver).
Menos de un año después, la familia García-Nores vendió la camioneta con una ganancia de 4 mil dólares sobre el precio de compra. El 4 de julio de 2003, en la oficina del notario Fernando Loayza Bellido, Alan García y su esposa vendieron el vehículo por 22 mil dólares a la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. Dicha compañía estuvo representada por su gerente general Belisario Esteves Ostolaza, quien pagó al contado. (Ver documento).
El 29 de septiembre de 2003, en la misma notaría, se firmó el acta de ratificación de transferencia de vehículo. (Ver). Dicha acta buscó de subsanar la observación hecha sobre la transferencia anterior por el Registro de Propiedad Vehicular de Lima. El mismo día, la camioneta fue inscrita en la Sunarp a nombre de su nueva propietaria. (Ver).
Belisario Esteves, además de gerente general de la compañía Alta Tecnología e Inversión Minera y Metalúrgica S.A. (ATIMMS.A.) , fue viceministro de Comercio durante el primer gobierno de García. Pero el 2003 era una de las personas de mayor confianza del clan de los Sánchez Paredes.
En un acta de junta de accionistas del 1 de agosto de 2006, ATIMMS.A., mantenía como gerente general a Belisario Esteves, lo designó como presidente de la junta de accionistas, con un paquete minoritario de 803 acciones. El otro accionista individual era Wálter Valdez Muñoz, con 802 acciones. El accionista mayoritario era una compañía extranjera, inscrita en Panamá, llamada Ohana Overseas, con 78 mil 657 acciones, representada en ese directorio por Wálter Valdez. (Ver).
Jesús Esteves Ostolaza, Orlando Sánchez Paredes y Orlando Sánchez Miranda
¿Quiénes controlaban en realidad a Ohana Overseas, la dueña de ATIMMS.A. y de sus propiedades, incluyendo la Nissan 4x4?
Según la Escritura Pública número 562 inscrita en la Notaría Décima del Circuito de Panamá, fechada el 15 de enero de 2003, unos pocos meses antes de la venta de la camioneta, Ohana Overseas declaró como su presidente a Orlando Sánchez Miranda; como secretario a Elmer Manuel Vásquez Peláez y como tesorero a Carlos Alberto Vásquez Peláez. (Ver)
Orlando es hermano de Alfredo Sánchez Miranda e hijo de Orlando Sánchez Paredes. Elmer Manuel Vásquez Peláez fue detenido en 1987 por la policía mexicana, luego del asesinato de Segundo Simón Sánchez Paredes, en el rancho “Luna”, del estado de Hidalgo. Al ingresar la Policía al rancho, encontró un laboratorio de cocaína acondicionado en el sótano y arrestó tanto a Vásquez Peláez como a Fidel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes. Ambos resultaron denunciados por “elaboración y acondicionamiento de cocaína”. Sin embargo, años después, Vásquez Peláez aparecía como una de las personas de confianza de los Sánchez Miranda.
De manera que ATIMMSA y Esteves resultaron siendo la fachada de la compañía del clan de los Sánchez Paredes. Por si hubiera duda respecto de la cercanía de Esteves con dicha familia, el 18 de marzo de 2003, la “Compañía de Exploraciones Algamarca S.A.” registró en la Sunarp el primer directorio bajo el control de los Sánchez Paredes. Como presidente de Algamarca fue designado Wálter Valdez Muñoz, el de ATIMMSA; y como directores, Jesús Esteves y el abogado Humberto Abanto, quien también fue nombrado gerente general, en cuyo cargo permaneció hasta 2007 (Ver). El 2001 Abanto fue asesor de la comisión de Economía del Congreso, cuando el hoy ministro del Interior Luis Alva Castro era su presidente; y en 2006, Abanto fue asesor de la comisión de Presupuesto del Congreso, también presidida por Alva Castro.
IDL-SC preguntó a José Chirito, secretario de prensa de Palacio de Gobierno sobre la transacción de la camioneta Nissan Frontier. Chirito respondió, horas después, que, en efecto, “el 4 de julio de 2003, se vendió la camioneta a ATIMMSA… previamente se puso aviso en los clasificados de El Comercio. Finalmente se vendió el vehículo por 22 mil dólares a Esteves, representante de la empresa”.
Una búsqueda somera efectuada por IDL-SC de los avisos clasificados de junio y julio de 2003 en El Comercio, no encontró referencia a un anuncio de venta de esa camioneta. Quizá una búsqueda más exhaustiva pueda ubicarlo.
Por cierto que no hay delito en la venta de esa camioneta. Lo que sí ilustra la corta trayectoria de ese vehículo 4x4 es la cercanía, muchas veces involuntaria, otras no, en las que se desenvuelve la política y las empresas con grupos investigados por su pertenencia al crimen organizado. Así, las dos principales figuras de la conferencia de prensa en la que se anunció la investigación al clan de los Sánchez Paredes, resultaron haber tenido una cercanía presumiblemente involuntaria con ellos: Alan García les vendió su camioneta Nissan Frontier y Alva Castro los tuvo, a través de Abanto, como asesores en el Congreso. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)
Transportes a la mina
El mismo año, 2003, en el que Alan García vendió la camioneta Nissan Frontier a ATIMMSA y, probablemente sin saberlo, a sus dueños reales, una compañía de carga terrestre transportó en varias ocasiones insumos químicos a COMARSA, la compañía minera de los Sánchez Paredes. El nombre de la compañía de carga es “Transportes don Reyna” y su gerente general es José Antonio Nava, hijo de Luis Nava, actual secretario general de la Presidencia de la República.
De acuerdo con diversas facturas a las que tuvo acceso IDL-SC, entre el 12 de noviembre de 2003 y el 30 de diciembre de ese año Transportes don Reyna transportó por lo menos en nueve ocasiones cargamento hacia la mina en Angasmarca, La Libertad. La carga declarada, de varias toneladas en cada caso, fue, por lo general, de cajones de cianuro en briquetas, y en algunos casos de tubos y geomembranas. (Ver copias de facturas).
Transportes don Reyna es una sociedad anónima dedicada al “transporte de carga por carretera”, cuyo gerente general desde 1995 es José Antonio Nava. Su domicilio fiscal está en Paseo de la República 5812; y su domicilio físico se declara en Petit Thouars 2866, Of. 804, San Isidro. (Ver)
IDL-SC entrevistó por teléfono a José Antonio Nava, quien indicó que su compañía ha realizado “más de 3 mil fletes” y que a Comarsa “le hicimos unos pocos fletes el 2003”.
Los fletes, añadió Nava, “se hicieron cuando no sabíamos quiénes eran y han representado menos del 1% de nuestra facturación”.
Don Reyna” tiene, según informa Nava, “7 camiones propios y 5 en leasing”. En cuanto a los Sánchez Paredes, Nava afirmó que “no hubo ninguna relación personal con los Sánchez Paredes, ni volvimos a hacerles flete…se diluyó la relación con ellos… fue una operación enana”. Nava dijo haberlos visto “en los caballos de paso o en los baños turcos, pero no conozco a los Sánchez Paredes”. (Gustavo Gorriti y Sheilla Díaz)
* Ver carta del Presidente Alan García.
Publicado el 25 de agosto del 2008
miércoles, 27 de agosto de 2008
EX MINISTRO ROSPIGLIOSI Y PROETICA, JOSE UGAZ
Acusación constitucional contra Rospigliosi
Por IdeeleradioTransmitido el 4 de Julio del 2008 a las 12:00
Dijo finalmente, que el Congreso opinó a favor de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, por la contratación de Proética en la supervisión de la adquisición de uniformes, porque “existen indicios que ameritan una investigación judicial, pero no por una cuestión política”.“Más allá de las apreciaciones, mis argumentos son jurídicos, no he usado ningún adjetivo pero los he recibido todos. Lo concreto es que hubo un convenio firmado por el Ministerio del Interior firmado con Proética, una institución que no existía. Tan es así que los que firman los convenios son personas distintas, eso no es regular que se haga en un contrato, sino existe una persona jurídica formal e inscrita en la lista de proveedores del Estado. Debemos advertir esta irregularidad”, manifestó.Apuntó que defenderá su posición con argumentos jurídicos y que está dispuesto a ser confrontado con el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi y el ex director de Proética, José Ugaz.“Yo sólo doy argumentos de carácter jurídico, respeto a Ugaz, es un extraordinario abogado y siéndolo tiene que darnos una explicación (…) Estoy de acuerdo con este debate en la medida que sea sin adjetivos, sin calificativos y respondiendo a la verdad. Ahí donde descubra que me equivoqué lo reconoceré, porque no me creo soberbio, ni pedante, ni creo que tengo la última versión de la verdad. Conversemos con documentos y veremos quién tiene la razón”, aseveró.
Por IdeeleradioTransmitido el 4 de Julio del 2008 a las 12:00
Dijo finalmente, que el Congreso opinó a favor de la acusación constitucional contra el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi, por la contratación de Proética en la supervisión de la adquisición de uniformes, porque “existen indicios que ameritan una investigación judicial, pero no por una cuestión política”.“Más allá de las apreciaciones, mis argumentos son jurídicos, no he usado ningún adjetivo pero los he recibido todos. Lo concreto es que hubo un convenio firmado por el Ministerio del Interior firmado con Proética, una institución que no existía. Tan es así que los que firman los convenios son personas distintas, eso no es regular que se haga en un contrato, sino existe una persona jurídica formal e inscrita en la lista de proveedores del Estado. Debemos advertir esta irregularidad”, manifestó.Apuntó que defenderá su posición con argumentos jurídicos y que está dispuesto a ser confrontado con el ex ministro del Interior Fernando Rospigliosi y el ex director de Proética, José Ugaz.“Yo sólo doy argumentos de carácter jurídico, respeto a Ugaz, es un extraordinario abogado y siéndolo tiene que darnos una explicación (…) Estoy de acuerdo con este debate en la medida que sea sin adjetivos, sin calificativos y respondiendo a la verdad. Ahí donde descubra que me equivoqué lo reconoceré, porque no me creo soberbio, ni pedante, ni creo que tengo la última versión de la verdad. Conversemos con documentos y veremos quién tiene la razón”, aseveró.
MILITARES CORRUPTOS
ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA
Guillermo Tribín Piedrahita
PERU: CONDENA PARA MILITARES CORRUPTOS
La implantación de una de las más fuertes corrupciones políticas en América Latina, la que organizaron y dirigieron en Perú el fugitivo ex presidente Alberto Fujimori y su siniestro asesor Vladimiro Montesinos se cobró, por fortuna, la cabeza de otros 13 militares, que estaban involucrados en las dos huidas que el “Rasputín” protagonizó en el año 2000 y en el recibo ilegal de dineros pertenecientes al Erario Público.
El pasado 30 de diciembre de 2003 se conocieron en Lima las condenas impuestas por el magistrado Saúl Peña Farfán, del Sexto Juzgado Anticorrupción, que dictó penas de siete años de “prisión efectiva” para los generales retirados José Villanueva Ruesta y Elesvan Bello, y del capitán retirado Roberto Huamán Azcurra, por el delito de “encubrimiento real” de la fuga protagonizada por Montesinos a comienzos del año 2000 hacia Panamá.
Además de estos tres militares corruptos, el magistrado dictó condenas contra otros diez oficiales, que fluctúan entre dos y siete años de cárcel, que para “devolver favores” a Montesinos, que utilizó dineros del Estado y tráfico de influencias, le permitieron huir de Lima, cuando se descubrieron sus numerosos delitos.
Peña Farfán impuso una condena de cuatro años de cárcel al vicealmirante retirado Humberto Rosas Bonicelli, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y al militar José Malpartida; igualmente sentenció a dos años de prisión suspendida al oficial Mario Ruiz y a otros cuatro miembros de la seguridad personal de Montesinos.
El juez declaró “reos contumaces”, porque fueron juzgados en ausencia tras haber huido de Perú, a los militares Oscar Cáceres, Pedro Huertas Caballero, Edmundo Silva y Jesús Zamudio Aliaga.
A todos los 13 militares corruptos, además, Peña Farfán los condenó a pagar una reparación civil al Estado que totaliza 300.000 soles (86.206 dólares).
La decisión judicial del magistrado Peña Farfán fue recibida con especial complacencia por todos los estamentos peruanos, y en especial por los partidos políticos y los militares, que están seguros que Montesinos continuará recibiendo condenas por sus numerosos delitos y que no habrá en este caso, como en los procesos que se siguen contra Fujimori, “ninguna impunidad”.
Villanueva Rusta, que fue titular del ministerio del Interior y la Defensa, y que con el transcurso de los años ha sido descubierto como uno de los oficiales más corruptos del régimen, había sido también sentenciado una semana antes a otros 15 años de prisión por su implicación en la segunda fuga del “Rasputín” hacia Costa Rica y Venezuela en octubre del año 2000, a través de un segundo proceso judicial que se le abrió hace algunos meses.
En su primera huida, Montesinos pidió “asilo político” en Panamá, alegando que era un perseguido del nuevo gobierno instaurado tras la huida a Japón y posterior renuncia a su cargo de Fujimori, pero se le negó porque se consideró que no era un perseguido político sino un delincuente de “tomo y lomo”.
Montesinos, el más poderoso, junto con Fujimori, “jefe de la mafia” fue entregado por el gobierno venezolano en septiembre de 2000 a la justicia peruana y desde entonces se encuentra detenido y es juzgado por sus numerosos delitos.
Actualmente Montesinos ha sido condenado a penas firmes de prisión por 22 años y cuatro meses, que pueden verse aumentados notablemente pues aún le quedan pendientes, según la justicia peruana, no menos de 70 procesos por similar cantidad de delitos, y a indemnizar al Estado con 142 millones de dólares, suma insignificante porque sus robos le permitieron sacar más de 6.000 millones de dólares que había consignado en bancos de diferentes países, aunque ya algunas entidades bancarias suizas han devuelto algo más de 650 millones de dólares a las finanzas públicas peruanas.
Junto con Montesinos también otros siniestros y corruptos personajes políticos, como el ex ministro de la Presidencia Tomás González Reátegui y el ex alcalde del distrito limeño de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco han sido condenados a un total de 16 años de prisión por la juez Inés Villa, presidenta de la Sala Especial Anticorrupción. El “Rasputín” recibió una condena de 8 años, el ex ministro otra de tres y el ex alcalde una de cinco años, por el delito de peculado (uso indebido o malversación de fondos públicos).
El siniestro personaje, que con Fujimori ideó y creó una amplia red de corrupción, en la que ambos sacaron la “mejor tajada”, tiene aún numerosos juicios por violación de los derechos humanos, otros por nuevos delitos de “tráfico de influencias”, homicidios y torturas, narcotráfico, lavado de dinero y venta de armas.
Su otrora poderoso jefe, que sigue residiendo en Tokio amparado por el gobierno japonés aprovechando que no existe un convenio bilateral de extradición, tiene abiertos en Perú diez juicios, entre ellos el de tráfico de armas por venta ilegal a las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mal uso de donaciones, desapariciones forzadas, colusión ilegal y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, pago ilegal a políticos y congresistas corruptos para que se convirtieran en tránsfugas de la oposición.
Durante su gobierno (1990-noviembre de 2000), Fujimori y Montesinos formaron unos de los más siniestros “dúos” encargados de corromper a las personas y que, al mismo tiempo, les sirviera para enriquecerse fácilmente pero, como siempre ocurre, al final se descubrieron sus ilícitas actividades y ambos huyeron, aunque el que fuese jefe del SIN resultó dos veces recapturado y ahora se encuentra detenido en una prisión militar en el puerto de El Callao.
Los dos malversadores de fondos, los dos corruptores, los dos funcionarios que traicionaron a Perú, tendrán que pagar todas sus fechorías porque la justicia peruana, por fortuna, dejó de tener “patente de corso” y ahora no permitirá que sigan actuando impunemente. Ya Montesinos está entre rejas y más temprano que tarde “el chino” –como se conoce a Fujimori en Perú- tendrá una celda como casa.
Guillermo Tribín Piedrahita
PERU: CONDENA PARA MILITARES CORRUPTOS
La implantación de una de las más fuertes corrupciones políticas en América Latina, la que organizaron y dirigieron en Perú el fugitivo ex presidente Alberto Fujimori y su siniestro asesor Vladimiro Montesinos se cobró, por fortuna, la cabeza de otros 13 militares, que estaban involucrados en las dos huidas que el “Rasputín” protagonizó en el año 2000 y en el recibo ilegal de dineros pertenecientes al Erario Público.
El pasado 30 de diciembre de 2003 se conocieron en Lima las condenas impuestas por el magistrado Saúl Peña Farfán, del Sexto Juzgado Anticorrupción, que dictó penas de siete años de “prisión efectiva” para los generales retirados José Villanueva Ruesta y Elesvan Bello, y del capitán retirado Roberto Huamán Azcurra, por el delito de “encubrimiento real” de la fuga protagonizada por Montesinos a comienzos del año 2000 hacia Panamá.
Además de estos tres militares corruptos, el magistrado dictó condenas contra otros diez oficiales, que fluctúan entre dos y siete años de cárcel, que para “devolver favores” a Montesinos, que utilizó dineros del Estado y tráfico de influencias, le permitieron huir de Lima, cuando se descubrieron sus numerosos delitos.
Peña Farfán impuso una condena de cuatro años de cárcel al vicealmirante retirado Humberto Rosas Bonicelli, ex jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y al militar José Malpartida; igualmente sentenció a dos años de prisión suspendida al oficial Mario Ruiz y a otros cuatro miembros de la seguridad personal de Montesinos.
El juez declaró “reos contumaces”, porque fueron juzgados en ausencia tras haber huido de Perú, a los militares Oscar Cáceres, Pedro Huertas Caballero, Edmundo Silva y Jesús Zamudio Aliaga.
A todos los 13 militares corruptos, además, Peña Farfán los condenó a pagar una reparación civil al Estado que totaliza 300.000 soles (86.206 dólares).
La decisión judicial del magistrado Peña Farfán fue recibida con especial complacencia por todos los estamentos peruanos, y en especial por los partidos políticos y los militares, que están seguros que Montesinos continuará recibiendo condenas por sus numerosos delitos y que no habrá en este caso, como en los procesos que se siguen contra Fujimori, “ninguna impunidad”.
Villanueva Rusta, que fue titular del ministerio del Interior y la Defensa, y que con el transcurso de los años ha sido descubierto como uno de los oficiales más corruptos del régimen, había sido también sentenciado una semana antes a otros 15 años de prisión por su implicación en la segunda fuga del “Rasputín” hacia Costa Rica y Venezuela en octubre del año 2000, a través de un segundo proceso judicial que se le abrió hace algunos meses.
En su primera huida, Montesinos pidió “asilo político” en Panamá, alegando que era un perseguido del nuevo gobierno instaurado tras la huida a Japón y posterior renuncia a su cargo de Fujimori, pero se le negó porque se consideró que no era un perseguido político sino un delincuente de “tomo y lomo”.
Montesinos, el más poderoso, junto con Fujimori, “jefe de la mafia” fue entregado por el gobierno venezolano en septiembre de 2000 a la justicia peruana y desde entonces se encuentra detenido y es juzgado por sus numerosos delitos.
Actualmente Montesinos ha sido condenado a penas firmes de prisión por 22 años y cuatro meses, que pueden verse aumentados notablemente pues aún le quedan pendientes, según la justicia peruana, no menos de 70 procesos por similar cantidad de delitos, y a indemnizar al Estado con 142 millones de dólares, suma insignificante porque sus robos le permitieron sacar más de 6.000 millones de dólares que había consignado en bancos de diferentes países, aunque ya algunas entidades bancarias suizas han devuelto algo más de 650 millones de dólares a las finanzas públicas peruanas.
Junto con Montesinos también otros siniestros y corruptos personajes políticos, como el ex ministro de la Presidencia Tomás González Reátegui y el ex alcalde del distrito limeño de Miraflores Luis Bedoya de Vivanco han sido condenados a un total de 16 años de prisión por la juez Inés Villa, presidenta de la Sala Especial Anticorrupción. El “Rasputín” recibió una condena de 8 años, el ex ministro otra de tres y el ex alcalde una de cinco años, por el delito de peculado (uso indebido o malversación de fondos públicos).
El siniestro personaje, que con Fujimori ideó y creó una amplia red de corrupción, en la que ambos sacaron la “mejor tajada”, tiene aún numerosos juicios por violación de los derechos humanos, otros por nuevos delitos de “tráfico de influencias”, homicidios y torturas, narcotráfico, lavado de dinero y venta de armas.
Su otrora poderoso jefe, que sigue residiendo en Tokio amparado por el gobierno japonés aprovechando que no existe un convenio bilateral de extradición, tiene abiertos en Perú diez juicios, entre ellos el de tráfico de armas por venta ilegal a las terroristas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), mal uso de donaciones, desapariciones forzadas, colusión ilegal y asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, pago ilegal a políticos y congresistas corruptos para que se convirtieran en tránsfugas de la oposición.
Durante su gobierno (1990-noviembre de 2000), Fujimori y Montesinos formaron unos de los más siniestros “dúos” encargados de corromper a las personas y que, al mismo tiempo, les sirviera para enriquecerse fácilmente pero, como siempre ocurre, al final se descubrieron sus ilícitas actividades y ambos huyeron, aunque el que fuese jefe del SIN resultó dos veces recapturado y ahora se encuentra detenido en una prisión militar en el puerto de El Callao.
Los dos malversadores de fondos, los dos corruptores, los dos funcionarios que traicionaron a Perú, tendrán que pagar todas sus fechorías porque la justicia peruana, por fortuna, dejó de tener “patente de corso” y ahora no permitirá que sigan actuando impunemente. Ya Montesinos está entre rejas y más temprano que tarde “el chino” –como se conoce a Fujimori en Perú- tendrá una celda como casa.
CONGRESISTA JOSE VEGA
Proponen suspender por 90 días a congresista José Vega Antonio
Andina mar 05 2008
Congresista José Vega Antonio.. Foto: archivo.
Lima, mar. 05 (ANDINA).- La Comisión de Ética Parlamentaria acordó hoy proponer ante el Pleno del Congreso la aplicación de una suspensión por 90 días en sus funciones parlamentarias al congresista José Vega Antonio (UPP) al haber contratado indebidamente, como empleada de su despacho, a la madre de su nieta, según se afirmó.
El acuerdo fue adoptado por mayoría, con el voto en contra de la congresista Karina Beteta (UPP), quien antes de finalizar la reunión anunció que en la próxima sesión planteará una reconsideración de la votación.
Argumentó que no se ha acreditado debida y legalmente la relación familiar entre el congresista y la servidora Susan Silva Paz, como tampoco que haya sido una “trabajadora fantasma” del Congreso. El congresista Luis Galarreta (UN) dijo que la Comisión de Ética no juzga desde un punto de vista legal sino sólo el aspecto ético, como es el haber utilizado el cargo para contratar a la madre de su nieta.
Similar criterio expresó su colega Fabiola Salazar (PAP). Previamente, la congresista Elizabeth León lamentó el tener que adoptar una decisión en contra de una de los miembros de su bancada y secretario general de su partido, pero señaló que en la comisión siempre se ha actuado con absoluta transparencia. El congresista Vega Antonio, acudió a la sesión para insistir en su defensa y solicitar que la comisión adopte una decisión con criterio de justicia, pues sostuvo que en la contratación de la citada servidora no ha violado ninguna norma del Congreso. Finalmente, luego de declararse improcedente un pedido de la congresista Beteta para que se invite a un especialista en familia para que explique los grados de familiaridad existentes desde el punto de vista legal, se aprobó el la propuesta de suspensión por 90 días, sin goce de haber, y que todo lo actuado pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda de acuerdo a ley en el caso que corresponda. También, la comisión aprobó declarar improcedente las denuncias presentadas contra los congresistas Franklin Sánchez (PAP), Luis Falla Lamadrid (PAP) y Gustavo Espinoza (GEPD).
Declaró procedente el inicio de investigación sobre la denuncia del programa ‘Cuarto Poder’ contra el congresista Rafael Vásquez (GPN). Se anunció que en la próxima sesión se tomará una decisión de procedencia o no de las denuncias que se han formulada contra los congresistas Carlos Bruce (AP), Rocía Gonzales (GEPD), Rosario Sasieta (AP), Carlos Cánepa (UPP), Elías Rodríguez (PAP) y Tula Benites (PAP).
Andina mar 05 2008
Congresista José Vega Antonio.. Foto: archivo.
Lima, mar. 05 (ANDINA).- La Comisión de Ética Parlamentaria acordó hoy proponer ante el Pleno del Congreso la aplicación de una suspensión por 90 días en sus funciones parlamentarias al congresista José Vega Antonio (UPP) al haber contratado indebidamente, como empleada de su despacho, a la madre de su nieta, según se afirmó.
El acuerdo fue adoptado por mayoría, con el voto en contra de la congresista Karina Beteta (UPP), quien antes de finalizar la reunión anunció que en la próxima sesión planteará una reconsideración de la votación.
Argumentó que no se ha acreditado debida y legalmente la relación familiar entre el congresista y la servidora Susan Silva Paz, como tampoco que haya sido una “trabajadora fantasma” del Congreso. El congresista Luis Galarreta (UN) dijo que la Comisión de Ética no juzga desde un punto de vista legal sino sólo el aspecto ético, como es el haber utilizado el cargo para contratar a la madre de su nieta.
Similar criterio expresó su colega Fabiola Salazar (PAP). Previamente, la congresista Elizabeth León lamentó el tener que adoptar una decisión en contra de una de los miembros de su bancada y secretario general de su partido, pero señaló que en la comisión siempre se ha actuado con absoluta transparencia. El congresista Vega Antonio, acudió a la sesión para insistir en su defensa y solicitar que la comisión adopte una decisión con criterio de justicia, pues sostuvo que en la contratación de la citada servidora no ha violado ninguna norma del Congreso. Finalmente, luego de declararse improcedente un pedido de la congresista Beteta para que se invite a un especialista en familia para que explique los grados de familiaridad existentes desde el punto de vista legal, se aprobó el la propuesta de suspensión por 90 días, sin goce de haber, y que todo lo actuado pase a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que proceda de acuerdo a ley en el caso que corresponda. También, la comisión aprobó declarar improcedente las denuncias presentadas contra los congresistas Franklin Sánchez (PAP), Luis Falla Lamadrid (PAP) y Gustavo Espinoza (GEPD).
Declaró procedente el inicio de investigación sobre la denuncia del programa ‘Cuarto Poder’ contra el congresista Rafael Vásquez (GPN). Se anunció que en la próxima sesión se tomará una decisión de procedencia o no de las denuncias que se han formulada contra los congresistas Carlos Bruce (AP), Rocía Gonzales (GEPD), Rosario Sasieta (AP), Carlos Cánepa (UPP), Elías Rodríguez (PAP) y Tula Benites (PAP).
ONP OFICINA NACIONAL DE NORMALIZACION PREVISIONAL
Fondo de pensiones pierde unos S/.98 mlls.
El Comercio 22 de Julio
Unas 10 mil personas que, con ayuda de grupos organizados, utilizaron documentación falsa para obtener rentas y beneficios de invalidez o viudez que no les correspondían
Por José Santillán Arruz
La Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP) suspendió el pago de pensiones a unas 8 mil personas, las cuales se valieron de documentación falsa para cobrar indebidamente las rentas y beneficios que, por derecho de invalidez o jubilación, no les correspondía.
Todas estas personas, que nunca trabajaron en una empresa o, si lo hicieron, no completaron el tiempo de servicios que exige la ley para obtener una pensión, eran captadas por mafias de tramitadores. Estas les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de ofrecerles certificados de trabajo falsos, declaraciones juradas suscritas por presuntos representantes legales de empresas que utilizaban minutas adulteradas o falsas y hasta certificados médicos de invalidez con la firma falsa de algún médico o certificados de invalidez suscritos por médicos que también formaban parte de la red criminal que se encargaba de estafar al Estado.
Roberto Sánchez León, representante legal de la ONP, reveló que estas 8 mil personas fueron detectadas el último año y medio, tras efectuarse el control de las solicitudes presentadas para obtener una pensión, sea de jubilación o de invalidez. Como sea, el perjuicio causado al Sistema Nacional de Pensiones y al Estado asciende a unos S/.60 millones. A ello se suman los casos detectados en Huaura, donde operaban dos organizaciones que ocasionaron otros 38 millones de soles en pérdidas. En total S/.98 millones que ahora, al dejar de pagarse, representan un ahorro para la ONP, el que servirá para incrementar las pensiones de los jubilados, indicó Sánchez León.
Precisó también que la mayoría de los 8 mil falsos pensionistas cobró en los últimos cuatro o cinco años y en algunos casos desde el 2001. En todo caso, precisó Sánchez, ya fueron denunciadas penalmente 2.745 personas al actuar en calidad de cómplices de las organizaciones que se dedicaban a la falsificación de documentos, en tanto que hay otras 554 procesadas ante el Poder Judicial.
Gerardo Velarde, gerente del área legal de la ONP, recordó que muchas de estas organizaciones delictivas, integradas por médicos, abogados, contadores y hasta simples comerciantes han sido desarticuladas en Huancayo, Arequipa, Ica, Chimbote, Tambogrande, Huaura y Lima.
CLAN FAMILIAR AL DESCUBIERTOEn Lima, el 5 de diciembre del 2007, el Juzgado Penal 12 del distrito judicial del cono norte de Lima sentenció a las hermanas Milagros y Dalia Muñoz Vargas, a cinco y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente, al ser halladas culpables de los delitos contra el patrimonio, en modalidad de estafa, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
En la sentencia se da cuenta de la intervención policial del 19 de abril de ese año. Se encontró impresoras y computadoras cuyos archivos contenían todos los formatos de los certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, declaraciones juradas de las empresas, algunas de ellas fantasmas, que utilizaban para estafar al Estado. Ambas sentenciadas contaban con el apoyo de algunos de sus familiares directos que se encargaban de captar a las personas que pretendían una pensión vitalicia. Entre los involucrados, se encuentra Antonio Giol Flores, quien trabajó en una empresa minera como contador. De acuerdo con las investigaciones, esta mafia operaría desde el año 2002.
LA MAFIA DE 'LA GORDITA'Pero este no es el único caso en Lima. En noviembre del 2007 fue detenida preventivamente Carmen del Pilar Contreras Sánchez 'La Gordita'. Ella fue denunciada ante la Fiscalía Penal 16 de Lima, al descubrirse que era la principal autora de la manipulación y presentación de solicitudes de jubilación fraudulentas ante la ONP en Lima. De la investigación conjunta realizada por la ONP, la División de Estafas de la Policía Nacional y el Ministerio Público se logró identificar a 11 miembros de esa organización delictiva, refirió Sánchez León.
LOS CASOS DE HUAURAEl caso de Huaura, donde fueron desarticuladas dos poderosas mafias dedicadas a la captación de personas para que obtengan una pensión indebida, tal vez sea el más emblemático de todos, pues ambas organizaciones marcaban sus territorios de operación. Mientras una, encabezada por Efemio Bao Romero, se dedicaba a obtener pensiones por invalidez o discapacidad; la otra, cuyo cabecilla era Claudio Campos Egües, conseguía toda la documentación necesaria para obtener una pensión de jubilación.
En ambos casos, contaban con la participación de Víctor Collantes, Mirko Vásquez y Verónica Ruiz, tres verificadores de documentación que trabajaban para la empresa Equifax, proveedor contratado por la ONP. Ellos aprobaban la documentación falsa que era tramitada como verdadera ante el fondo de pensiones.
Efemio Bao contaba además con el apoyo de dos médicos, Édgar Jara Salas y Félix Pari Loayza, que emitían certificados de incapacidad siempre con los mismos diagnósticos. "Ambos galenos admitieron su responsabilidad, fueron detenidos, luego liberados y siguen ejerciendo", lamentó Sánchez León. Bao empleaba, además, según Sánchez, su emisora para publicitar la captación de personas que pretendían una pensión. Manuel Pablo Olórtegui se encargaba de hacer los trámites, era quien recibía las cartas-poder de los solicitantes. También se servía de las empresas San Cristóbal, VilcaHuara, Desagravio y José Rondoy para utilizar sus libros de planillas e insertar gente que no trabajó realmente. Bao habría iniciado sus operaciones en el 2002, beneficiando a 1.230 personas que le costaron al Estado S/.30'843.725,04. Bao fue detenido en mayo de este año y fue condenado el 24 de junio pasado a 7 años de cárcel, tras admitir sus responsabilidad.
Claudio Campos Egües, por su parte, utilizaba a pequeñas empresas agrícolas, talleres de carpintería y hasta una picantería como empresas de fachada para insertar personas y de este modo lograr una pensión de jubilación indebida. Campos fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel.
El Comercio 22 de Julio
Unas 10 mil personas que, con ayuda de grupos organizados, utilizaron documentación falsa para obtener rentas y beneficios de invalidez o viudez que no les correspondían
Por José Santillán Arruz
La Oficina Nacional de Normalización Previsional (ONP) suspendió el pago de pensiones a unas 8 mil personas, las cuales se valieron de documentación falsa para cobrar indebidamente las rentas y beneficios que, por derecho de invalidez o jubilación, no les correspondía.
Todas estas personas, que nunca trabajaron en una empresa o, si lo hicieron, no completaron el tiempo de servicios que exige la ley para obtener una pensión, eran captadas por mafias de tramitadores. Estas les exigían fuertes sumas de dinero a cambio de ofrecerles certificados de trabajo falsos, declaraciones juradas suscritas por presuntos representantes legales de empresas que utilizaban minutas adulteradas o falsas y hasta certificados médicos de invalidez con la firma falsa de algún médico o certificados de invalidez suscritos por médicos que también formaban parte de la red criminal que se encargaba de estafar al Estado.
Roberto Sánchez León, representante legal de la ONP, reveló que estas 8 mil personas fueron detectadas el último año y medio, tras efectuarse el control de las solicitudes presentadas para obtener una pensión, sea de jubilación o de invalidez. Como sea, el perjuicio causado al Sistema Nacional de Pensiones y al Estado asciende a unos S/.60 millones. A ello se suman los casos detectados en Huaura, donde operaban dos organizaciones que ocasionaron otros 38 millones de soles en pérdidas. En total S/.98 millones que ahora, al dejar de pagarse, representan un ahorro para la ONP, el que servirá para incrementar las pensiones de los jubilados, indicó Sánchez León.
Precisó también que la mayoría de los 8 mil falsos pensionistas cobró en los últimos cuatro o cinco años y en algunos casos desde el 2001. En todo caso, precisó Sánchez, ya fueron denunciadas penalmente 2.745 personas al actuar en calidad de cómplices de las organizaciones que se dedicaban a la falsificación de documentos, en tanto que hay otras 554 procesadas ante el Poder Judicial.
Gerardo Velarde, gerente del área legal de la ONP, recordó que muchas de estas organizaciones delictivas, integradas por médicos, abogados, contadores y hasta simples comerciantes han sido desarticuladas en Huancayo, Arequipa, Ica, Chimbote, Tambogrande, Huaura y Lima.
CLAN FAMILIAR AL DESCUBIERTOEn Lima, el 5 de diciembre del 2007, el Juzgado Penal 12 del distrito judicial del cono norte de Lima sentenció a las hermanas Milagros y Dalia Muñoz Vargas, a cinco y cuatro años de prisión efectiva, respectivamente, al ser halladas culpables de los delitos contra el patrimonio, en modalidad de estafa, falsedad genérica y asociación ilícita para delinquir.
En la sentencia se da cuenta de la intervención policial del 19 de abril de ese año. Se encontró impresoras y computadoras cuyos archivos contenían todos los formatos de los certificados de trabajo, liquidaciones de beneficios sociales, declaraciones juradas de las empresas, algunas de ellas fantasmas, que utilizaban para estafar al Estado. Ambas sentenciadas contaban con el apoyo de algunos de sus familiares directos que se encargaban de captar a las personas que pretendían una pensión vitalicia. Entre los involucrados, se encuentra Antonio Giol Flores, quien trabajó en una empresa minera como contador. De acuerdo con las investigaciones, esta mafia operaría desde el año 2002.
LA MAFIA DE 'LA GORDITA'Pero este no es el único caso en Lima. En noviembre del 2007 fue detenida preventivamente Carmen del Pilar Contreras Sánchez 'La Gordita'. Ella fue denunciada ante la Fiscalía Penal 16 de Lima, al descubrirse que era la principal autora de la manipulación y presentación de solicitudes de jubilación fraudulentas ante la ONP en Lima. De la investigación conjunta realizada por la ONP, la División de Estafas de la Policía Nacional y el Ministerio Público se logró identificar a 11 miembros de esa organización delictiva, refirió Sánchez León.
LOS CASOS DE HUAURAEl caso de Huaura, donde fueron desarticuladas dos poderosas mafias dedicadas a la captación de personas para que obtengan una pensión indebida, tal vez sea el más emblemático de todos, pues ambas organizaciones marcaban sus territorios de operación. Mientras una, encabezada por Efemio Bao Romero, se dedicaba a obtener pensiones por invalidez o discapacidad; la otra, cuyo cabecilla era Claudio Campos Egües, conseguía toda la documentación necesaria para obtener una pensión de jubilación.
En ambos casos, contaban con la participación de Víctor Collantes, Mirko Vásquez y Verónica Ruiz, tres verificadores de documentación que trabajaban para la empresa Equifax, proveedor contratado por la ONP. Ellos aprobaban la documentación falsa que era tramitada como verdadera ante el fondo de pensiones.
Efemio Bao contaba además con el apoyo de dos médicos, Édgar Jara Salas y Félix Pari Loayza, que emitían certificados de incapacidad siempre con los mismos diagnósticos. "Ambos galenos admitieron su responsabilidad, fueron detenidos, luego liberados y siguen ejerciendo", lamentó Sánchez León. Bao empleaba, además, según Sánchez, su emisora para publicitar la captación de personas que pretendían una pensión. Manuel Pablo Olórtegui se encargaba de hacer los trámites, era quien recibía las cartas-poder de los solicitantes. También se servía de las empresas San Cristóbal, VilcaHuara, Desagravio y José Rondoy para utilizar sus libros de planillas e insertar gente que no trabajó realmente. Bao habría iniciado sus operaciones en el 2002, beneficiando a 1.230 personas que le costaron al Estado S/.30'843.725,04. Bao fue detenido en mayo de este año y fue condenado el 24 de junio pasado a 7 años de cárcel, tras admitir sus responsabilidad.
Claudio Campos Egües, por su parte, utilizaba a pequeñas empresas agrícolas, talleres de carpintería y hasta una picantería como empresas de fachada para insertar personas y de este modo lograr una pensión de jubilación indebida. Campos fue condenado a 3 años y 4 meses de cárcel.
CONGRESISTAS TORRES CARO Y GUSTAVO ESPINOZA
Torres Caro y Espinoza hablan de pensar solo en ellos y no en intereses del país
El Comercio 22 de Julio 2008
"Aquí es el bienestar de nosotros primero. Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo", dijo Torres en el audio grabado, de manera maliciosa, por el legislador Gustavo Espinoza
Por Ítalo Sifuentes Alemán--
Congresista Gustavo Espinoza: Hay que buscar el bienestar del país.-- Congresista Carlos Torres Caro: No, no, aquí es el bienestar de nosotros primero. Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos venga a reconciliar?Este revelador diálogo --que se suma a los audios y videos que se conocieron el domingo en "Cuarto poder"-- desnuda la falta de solvencia moral de estos dos parlamentarios, que alcanzaron una curul llevados de la mano de Ollanta Humala y que luego renunciaron al Partido Nacionalista Peruano bajo el argumento de que buscaban distanciarse de la corrupción.La conversación se produjo el miércoles 16 en la casa del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien los había invitado para mediar entre ambos luego de que se lanzaran mutuas acusaciones por haber faltado a la ética parlamentaria.El encuentro se dio en momentos en que el candidato oficialista buscaba asegurar votos que lo lleven a la presidencia del Congreso, para lo cual hoy cuenta con el compromiso de Espinoza y con la duda de Torres Caro, quien podría votar por el postulante de la oposición.
UNA RÁPIDA DESCOMPOSICIÓNLa relación entre ambos ex humalistas se empezó a descomponer la primera quincena de junio y, como informáramos en aquellos días, el 20 de ese mes Espinoza ya había comunicado al oficial mayor del Congreso que en adelante el Grupo Parlamentario Especial Demócrata solo estaría integrado por él y por Rocío González Zúñiga, con lo que oficializó la salida de Torres Caro de esa minisociedad. Espinoza afirma que desde entonces Torres Caro buscó extorsionarlo para ser readmitido en ese grupo parlamentario y tener así la posibilidad de postular a un cargo en la Mesa Directiva para la próxima legislatura. Esta versión ha sido negada por el congresista en cuestión. Espinoza señala que la extorsión de Torres Caro se manifestó a través del periodista de su despacho Humberto Landeo Bustamante, quien denunció constitucionalmente a Espinoza por el supuesto delito de falsedad ideológica, acusación que retiró el 16 de julio luego de que Torres Caro le asegurara ese mismo día en el domicilio de Velásquez Quesquén que así iba a suceder. Según el legislador aprista, ese día recibió tanto a Torres Caro como a Espinoza para conciliar las rencillas entre ellos a raíz de la denuncia de Landeo, quien argumentaba que Espinoza lo había mandado a golpear. Mientras el aspirante oficialista a presidir el Congreso señala que actuó de buena voluntad (ver nota aparte), Espinoza manifiesta que grabó su conversación con Torres Caro "para tener una prueba de la mentalidad corrupta" de su ex compañero de bancada. Agregó que si ello le significa su separación del Congreso, pues está dispuesto a pagar ese costo.
COMISIÓN ENTRA A TALLARLa sanción que merezcan Espinoza Soto y Torres Caro será establecida por la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Elizabeth León (UPP), quien ha señalado que también investigará a Velásquez Quesquén. En el despacho de León informaron que el caso se había tomado de oficio, que la denuncia se encuentra en etapa de calificación y que mañana se verá en una sesión matinal. El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, aseveró que el caso debía ser investigado con toda rigurosidad, debido a que se viene afectando la imagen de dicho poder del Estado. Mientras tanto, el candidato de la oposición a sucederlo, Víctor Andrés García Belaunde (AP), pidió celeridad en la investigación, pues el caso --según él-- no solo afecta la imagen del Parlamento sino la del país entero. La Comisión de Ética Parlamentaria deberá estudiar los audios y videos que el mismo día de la grabación le entregó Espinoza y que en la víspera difundiera el programa "Cuarto Poder". Este grupo deberá analizar también el audio que hoy presenta El Comercio.
MÁS PRUEBAS Y TESTIGOSLa comisión también llamará a Landeo para que explique las amenazas que habría recibido de Espinoza por su pretensión de demostrar que este y su colega Rocío González le mintieron al Jurado Nacional de Elecciones al afirmar que poseían títulos profesionales. Espinoza, quien reiteró que votará por Velásquez Quesquén, refirió que efectivamente no posee un título universitario y que en su hoja de vida presentada al máximo organismo electoral consignó que solo había realizado cursos en distintas universidades. Ayer mismo, Espinoza agregó más gasolina al fuego al calificar a su colega, vía CPN Radio, de sinvergüenza. Dijo además que no lo asusta que vaya a entablar acciones legales en su contra por violar el derecho a las comunicaciones. Lo anecdótico de este penoso duelo es que las oficinas de ambos congresistas se ubican una frente a la otra e incluso comparten los servicios sanitarios del noveno piso de la sede parlamentaria del jirón Azángaro.
El Comercio 22 de Julio 2008
"Aquí es el bienestar de nosotros primero. Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo", dijo Torres en el audio grabado, de manera maliciosa, por el legislador Gustavo Espinoza
Por Ítalo Sifuentes Alemán--
Congresista Gustavo Espinoza: Hay que buscar el bienestar del país.-- Congresista Carlos Torres Caro: No, no, aquí es el bienestar de nosotros primero. Antes de pensar en el bienestar del país tiene que estar el bienestar tuyo. ¿Por qué tenemos que esperar que alguien nos venga a reconciliar?Este revelador diálogo --que se suma a los audios y videos que se conocieron el domingo en "Cuarto poder"-- desnuda la falta de solvencia moral de estos dos parlamentarios, que alcanzaron una curul llevados de la mano de Ollanta Humala y que luego renunciaron al Partido Nacionalista Peruano bajo el argumento de que buscaban distanciarse de la corrupción.La conversación se produjo el miércoles 16 en la casa del congresista Javier Velásquez Quesquén, quien los había invitado para mediar entre ambos luego de que se lanzaran mutuas acusaciones por haber faltado a la ética parlamentaria.El encuentro se dio en momentos en que el candidato oficialista buscaba asegurar votos que lo lleven a la presidencia del Congreso, para lo cual hoy cuenta con el compromiso de Espinoza y con la duda de Torres Caro, quien podría votar por el postulante de la oposición.
UNA RÁPIDA DESCOMPOSICIÓNLa relación entre ambos ex humalistas se empezó a descomponer la primera quincena de junio y, como informáramos en aquellos días, el 20 de ese mes Espinoza ya había comunicado al oficial mayor del Congreso que en adelante el Grupo Parlamentario Especial Demócrata solo estaría integrado por él y por Rocío González Zúñiga, con lo que oficializó la salida de Torres Caro de esa minisociedad. Espinoza afirma que desde entonces Torres Caro buscó extorsionarlo para ser readmitido en ese grupo parlamentario y tener así la posibilidad de postular a un cargo en la Mesa Directiva para la próxima legislatura. Esta versión ha sido negada por el congresista en cuestión. Espinoza señala que la extorsión de Torres Caro se manifestó a través del periodista de su despacho Humberto Landeo Bustamante, quien denunció constitucionalmente a Espinoza por el supuesto delito de falsedad ideológica, acusación que retiró el 16 de julio luego de que Torres Caro le asegurara ese mismo día en el domicilio de Velásquez Quesquén que así iba a suceder. Según el legislador aprista, ese día recibió tanto a Torres Caro como a Espinoza para conciliar las rencillas entre ellos a raíz de la denuncia de Landeo, quien argumentaba que Espinoza lo había mandado a golpear. Mientras el aspirante oficialista a presidir el Congreso señala que actuó de buena voluntad (ver nota aparte), Espinoza manifiesta que grabó su conversación con Torres Caro "para tener una prueba de la mentalidad corrupta" de su ex compañero de bancada. Agregó que si ello le significa su separación del Congreso, pues está dispuesto a pagar ese costo.
COMISIÓN ENTRA A TALLARLa sanción que merezcan Espinoza Soto y Torres Caro será establecida por la Comisión de Ética Parlamentaria, que preside Elizabeth León (UPP), quien ha señalado que también investigará a Velásquez Quesquén. En el despacho de León informaron que el caso se había tomado de oficio, que la denuncia se encuentra en etapa de calificación y que mañana se verá en una sesión matinal. El presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada, aseveró que el caso debía ser investigado con toda rigurosidad, debido a que se viene afectando la imagen de dicho poder del Estado. Mientras tanto, el candidato de la oposición a sucederlo, Víctor Andrés García Belaunde (AP), pidió celeridad en la investigación, pues el caso --según él-- no solo afecta la imagen del Parlamento sino la del país entero. La Comisión de Ética Parlamentaria deberá estudiar los audios y videos que el mismo día de la grabación le entregó Espinoza y que en la víspera difundiera el programa "Cuarto Poder". Este grupo deberá analizar también el audio que hoy presenta El Comercio.
MÁS PRUEBAS Y TESTIGOSLa comisión también llamará a Landeo para que explique las amenazas que habría recibido de Espinoza por su pretensión de demostrar que este y su colega Rocío González le mintieron al Jurado Nacional de Elecciones al afirmar que poseían títulos profesionales. Espinoza, quien reiteró que votará por Velásquez Quesquén, refirió que efectivamente no posee un título universitario y que en su hoja de vida presentada al máximo organismo electoral consignó que solo había realizado cursos en distintas universidades. Ayer mismo, Espinoza agregó más gasolina al fuego al calificar a su colega, vía CPN Radio, de sinvergüenza. Dijo además que no lo asusta que vaya a entablar acciones legales en su contra por violar el derecho a las comunicaciones. Lo anecdótico de este penoso duelo es que las oficinas de ambos congresistas se ubican una frente a la otra e incluso comparten los servicios sanitarios del noveno piso de la sede parlamentaria del jirón Azángaro.
lunes, 25 de agosto de 2008
CONGRESISTAS TORRES CARO Y ESPINOZA
Comisión de Etica abre investigación sumaria a Torres Caro y Espinoza
El Comercio 21 de Julio 2008
El primero de ellos fue acusado de ser 'lobbista' y de descontar a sus trabajadores mientras que el otro legislador grababa de manera oculta conversaciones
La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Elizabeth León, anunció que su grupo de trabajo investigará de manera sumaria a los legisladores Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza quienes se lanzaron vergonzosas acusaciones.
"A más tardar el miércoles debemos citar a los congresistas Torres Caro y Gustavo Espinoza, de modo que podamos tomar este caso de oficio y hacer un seguimientos respectivo par luego determinar las respectivas responsabilidades", indicó la legisladora según informó la agencia Andina.
Según un informe del programa "Cuarto Poder", un asesor de Torres, Humberto Landeo, acusó a Espinoza de haberlo mandado golpear. El motivo: Landeo iba a demostrar que Espinoza y la legisladora Rocío González mintieron al JNE al afirmar en sus hojas de vida que tenían estudios superiores.
Esto habría sido una represalia de Torres Caro contra ambos por haber dejado la bancada que hasta hace poco integraban los tres.
Para devolver el ataque, Espinoza grabó una conversación con un hombre de seguridad de Torres Caro, José Santos Echevarría, quien por ser pensionista de la Policía Nacional no puede recibir una remuneración del Estado. Sin embargo, Echevarría señala que Torres descuenta a los otros trabajadores de su despacho para poder pagarle a él mil soles.
Espinoza también registró de manera oculta un diálogo con el empresario argentino Sergio Cayrús Silva. En él, este dice que Torres Caro le ofreció tramitar una audiencia entre el presidente Alan García y unos inversionistas que él representaba a cambio de US$ 10 mil.
León informó que la secretaría técnica de su comisión se reunirá para coordinar las citaciones que realizará a dichos legisladores con la finalidad de esclarecer los hechos que se le imputan. "Posteriormente vamos a citar los miembros de la comisión para poner en consideración este caso y, por su parte, el equipo técnico de la comisión pedirá las pruebas pertinentes para calificar este denuncia que la comisión ha asumido", señaló.
El Comercio 21 de Julio 2008
El primero de ellos fue acusado de ser 'lobbista' y de descontar a sus trabajadores mientras que el otro legislador grababa de manera oculta conversaciones
La presidenta de la Comisión de Ética del Congreso de la República, Elizabeth León, anunció que su grupo de trabajo investigará de manera sumaria a los legisladores Carlos Torres Caro y Gustavo Espinoza quienes se lanzaron vergonzosas acusaciones.
"A más tardar el miércoles debemos citar a los congresistas Torres Caro y Gustavo Espinoza, de modo que podamos tomar este caso de oficio y hacer un seguimientos respectivo par luego determinar las respectivas responsabilidades", indicó la legisladora según informó la agencia Andina.
Según un informe del programa "Cuarto Poder", un asesor de Torres, Humberto Landeo, acusó a Espinoza de haberlo mandado golpear. El motivo: Landeo iba a demostrar que Espinoza y la legisladora Rocío González mintieron al JNE al afirmar en sus hojas de vida que tenían estudios superiores.
Esto habría sido una represalia de Torres Caro contra ambos por haber dejado la bancada que hasta hace poco integraban los tres.
Para devolver el ataque, Espinoza grabó una conversación con un hombre de seguridad de Torres Caro, José Santos Echevarría, quien por ser pensionista de la Policía Nacional no puede recibir una remuneración del Estado. Sin embargo, Echevarría señala que Torres descuenta a los otros trabajadores de su despacho para poder pagarle a él mil soles.
Espinoza también registró de manera oculta un diálogo con el empresario argentino Sergio Cayrús Silva. En él, este dice que Torres Caro le ofreció tramitar una audiencia entre el presidente Alan García y unos inversionistas que él representaba a cambio de US$ 10 mil.
León informó que la secretaría técnica de su comisión se reunirá para coordinar las citaciones que realizará a dichos legisladores con la finalidad de esclarecer los hechos que se le imputan. "Posteriormente vamos a citar los miembros de la comisión para poner en consideración este caso y, por su parte, el equipo técnico de la comisión pedirá las pruebas pertinentes para calificar este denuncia que la comisión ha asumido", señaló.
jueves, 21 de agosto de 2008
Corrupción Poder Judicial
ESCANDALO PODER JUDICIAL
Expreso 21 agosto 2008
Vocal favorece a PUCP con extraña posición
Un escándalo más remeció ayer el Poder Judicial, luego de que el vocal dirimente del caso PUCP-Arzobispado de Lima, Gustavo Guillermo Ruiz Torres, fallara a favor de los intereses de dicha universidad bajo argumentos que en ningún momento fueron reclamados por esta última, según pudo comprobarlo EXPRESO.
Empate
Este nuevo episodio no es definitivo porque la resolución de Ruiz Torres ha dejado “empatado” el caso mencionado, toda vez que hay dos fallos que declararon infundadas las pretensiones de la PUCP y otros dos a favor de ellas.
Básicamente, la acción de amparo de los abogados de dicha casa superior de estudios pugna para que el Arzobispado no participe a través de un representante suyo en la Junta de Administración de los bienes de la PUCP, hecho que contraviene en todos sus extremos el testamento dejado por el humanista y filántropo José de la Riva Agüero, al momento de donar sus propiedades a dicho claustro universitario pero bajo esas cláusulas.
Quinto vocal
Los vocales Manuel Soller Rodríguez, presidente de la Octava Sala Superior Civil de Lima, y su colega Basilio Cueva Chauca, declararon anteriormente infundada la demanda presentada por la Universidad Católica; y, sus pares, Angela Salazar Ventura y Gustavo Guillermo Ruiz Torres, se pronunciaron a favor de los requerimientos de la PUCP, aunque sólo en parte. Como quiera que el caso se encuentra ahora empatado en las votaciones –dos a dos-– es requisito indispensable el concurso de un quinto vocal (dirimente), cuyo veredicto será definitivo para terminar con esa causa, anunciaron voceros judiciales de crédito.
Voto unánime
Las normas procesales establecen que, para que un veredicto tenga la validez legal pertinente, tiene que tener el voto unánime de los tres miembros de la sala superior civil correspondiente, que en esta oportunidad no se cumple.
Ruiz Torres, en su discutida resolución, declaró fundado el petitorio de la PUCP en cuanto a que la posición del Arzobispado “viola su derecho a la propiedad”; sin embargo, esta universidad nunca enarboló esto último sino una supuesta amenaza al derecho de la propiedad.
Eduardo Salas G.
Expreso 21 agosto 2008
Vocal favorece a PUCP con extraña posición
Un escándalo más remeció ayer el Poder Judicial, luego de que el vocal dirimente del caso PUCP-Arzobispado de Lima, Gustavo Guillermo Ruiz Torres, fallara a favor de los intereses de dicha universidad bajo argumentos que en ningún momento fueron reclamados por esta última, según pudo comprobarlo EXPRESO.
Empate
Este nuevo episodio no es definitivo porque la resolución de Ruiz Torres ha dejado “empatado” el caso mencionado, toda vez que hay dos fallos que declararon infundadas las pretensiones de la PUCP y otros dos a favor de ellas.
Básicamente, la acción de amparo de los abogados de dicha casa superior de estudios pugna para que el Arzobispado no participe a través de un representante suyo en la Junta de Administración de los bienes de la PUCP, hecho que contraviene en todos sus extremos el testamento dejado por el humanista y filántropo José de la Riva Agüero, al momento de donar sus propiedades a dicho claustro universitario pero bajo esas cláusulas.
Quinto vocal
Los vocales Manuel Soller Rodríguez, presidente de la Octava Sala Superior Civil de Lima, y su colega Basilio Cueva Chauca, declararon anteriormente infundada la demanda presentada por la Universidad Católica; y, sus pares, Angela Salazar Ventura y Gustavo Guillermo Ruiz Torres, se pronunciaron a favor de los requerimientos de la PUCP, aunque sólo en parte. Como quiera que el caso se encuentra ahora empatado en las votaciones –dos a dos-– es requisito indispensable el concurso de un quinto vocal (dirimente), cuyo veredicto será definitivo para terminar con esa causa, anunciaron voceros judiciales de crédito.
Voto unánime
Las normas procesales establecen que, para que un veredicto tenga la validez legal pertinente, tiene que tener el voto unánime de los tres miembros de la sala superior civil correspondiente, que en esta oportunidad no se cumple.
Ruiz Torres, en su discutida resolución, declaró fundado el petitorio de la PUCP en cuanto a que la posición del Arzobispado “viola su derecho a la propiedad”; sin embargo, esta universidad nunca enarboló esto último sino una supuesta amenaza al derecho de la propiedad.
Eduardo Salas G.
miércoles, 20 de agosto de 2008
CONGRESISTA SUCARI DEFENDIDA POR CONGRESISTAS
El Comercio 20 de Agosto 2008
Entrampan denuncias contra Sucari y Anaya en medio de leguleyadas por doquier
Humalistas, Bloque Popular y UN alegaronque el procurador no puede encausar las denuncias. Un oficio del Consejo de Defensa Judicial del Estado dice lo contrario
Por Gerardo Caballero
Hace 16 días que se conoció una grave denuncia periodística contra la congresista Margarita Sucari (Bloque Popular). Hace siete días sucedió algo similar con el parlamentario José Anaya (UPP). Sin embargo, hasta ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ni siquiera admite las respectivas denuncias contra ellos.
Ayer se reunió este grupo de trabajo --que estrenaba en la presidencia a la fujimorista Martha Moyano-- para admitir las demandas e iniciar las investigaciones.
En eso estaban cuando Luis Galarreta (UN) preguntó si el procurador del Congreso, quien presentara las denuncias constitucionales contra Sucari y Anaya, era competente para hacerlo.
COMIENZA EL PLEITO
Y es que el artículo 89 del Reglamento del Congreso refiere que este tipo de denuncias puede ser presentado por los parlamentarios, por el fiscal de la Nación y por "cualquier persona que se considere directamente agraviada".
"No quiero pensar que ha sido, más que un error, una intención para que el proceso se caiga en el Poder Judicial", dijo Galarreta.
El humalista Cayo Galindo agregó que el procurador del Congreso solo se hace cargo de los asuntos judiciales del Parlamento. Para tal aseveración, Galindo se basó en la resolución suprema 138-2006-JUS, que nombró a Julio Ubillús en el cargo.
El humalista inquirió por qué el presidente del Congreso no presentó las denuncias. "Es bonito llenarse la boca, pero no comprarse el pleito", dijo.
Los únicos que intentaron rebatir estos argumentos fueron José Carrasco Távara (Apra) y, con más ahínco, Carlos Bruce (AP). Este último señaló que el agraviado en los casos de Sucari y Anaya era el Congreso. Y como la Mesa Directiva representa al Parlamento --prosiguió--, esta puede autorizar al procurador para presentar las denuncias.
Sin embargo, el humalista Daniel Abugattas refirió que es el titular del Congreso, y no la Mesa Directiva, el que representa al Poder Legislativo.
A todos ellos se sumó Édgard Reymundo (BP), quien aseguró que la denuncia contra Anaya tiene fecha 15 de agosto, mientras que la autorización de la Mesa Directiva para hacer tal denuncia es del 17 de agosto.
Martha Moyano intentó comunicarse con el presidente del Congreso para que asumiera personalmente las demandas y así zanjar los cuestionamientos. Sin embargo, Javier Velásquez Quesquén (Apra) se hallaba en vuelo de Chiclayo a Lima.
Moyano solo atinó a suspender la sesión y a programar una nueva para hoy al mediodía. "Ningún miembro ha pretendido dilatar el tema", manifestó.
EL HILO DE LA MADEJA
Sin embargo, el procurador del Congreso sí puede presentar denuncias constitucionales. Así lo establece el oficio 890-2007-JUS/CDJE-ST del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
El documento, del 3 de mayo del 2007, refiere que "no existe impedimento alguno para que, excepcionalmente, el titular del sector (...) autorice al procurador público ejercitar la representación legal o administrativa del Estado en determinadas situaciones, tales como los casos de denuncias constitucionales".
Fuentes parlamentarias recordaron que el procurador Ubillús ya presentó denuncias constitucionales en los casos de Tula Benites (Apra) y Ricardo Pando (GPF).
También se conoció que, para el Caso Anaya, el procurador fue autorizado a actuar por el presidente del Congreso el 15 de agosto (y no el 17) mediante la resolución 003-2008-2009-P/CR.
LOS PERSONAJES
- Margarita Sucari Cari. Congresista Bloque Popular
Fue denunciada por recortar el salario de la auxiliar Ivonne Araujo para pagar a personas que no tenían vínculo laboral con el Congreso. Presuntos delitos: Concusión y falsedad genérica.
- José Anaya Oropeza. Congresista UPP
Habría adulterado boletas para justificar gastos operativos y pedir el reembolso de pasajes que no le costaron. Supuestos delitos: falsa declaración, falsificación de documentos y peculado.
Entrampan denuncias contra Sucari y Anaya en medio de leguleyadas por doquier
Humalistas, Bloque Popular y UN alegaronque el procurador no puede encausar las denuncias. Un oficio del Consejo de Defensa Judicial del Estado dice lo contrario
Por Gerardo Caballero
Hace 16 días que se conoció una grave denuncia periodística contra la congresista Margarita Sucari (Bloque Popular). Hace siete días sucedió algo similar con el parlamentario José Anaya (UPP). Sin embargo, hasta ahora la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso ni siquiera admite las respectivas denuncias contra ellos.
Ayer se reunió este grupo de trabajo --que estrenaba en la presidencia a la fujimorista Martha Moyano-- para admitir las demandas e iniciar las investigaciones.
En eso estaban cuando Luis Galarreta (UN) preguntó si el procurador del Congreso, quien presentara las denuncias constitucionales contra Sucari y Anaya, era competente para hacerlo.
COMIENZA EL PLEITO
Y es que el artículo 89 del Reglamento del Congreso refiere que este tipo de denuncias puede ser presentado por los parlamentarios, por el fiscal de la Nación y por "cualquier persona que se considere directamente agraviada".
"No quiero pensar que ha sido, más que un error, una intención para que el proceso se caiga en el Poder Judicial", dijo Galarreta.
El humalista Cayo Galindo agregó que el procurador del Congreso solo se hace cargo de los asuntos judiciales del Parlamento. Para tal aseveración, Galindo se basó en la resolución suprema 138-2006-JUS, que nombró a Julio Ubillús en el cargo.
El humalista inquirió por qué el presidente del Congreso no presentó las denuncias. "Es bonito llenarse la boca, pero no comprarse el pleito", dijo.
Los únicos que intentaron rebatir estos argumentos fueron José Carrasco Távara (Apra) y, con más ahínco, Carlos Bruce (AP). Este último señaló que el agraviado en los casos de Sucari y Anaya era el Congreso. Y como la Mesa Directiva representa al Parlamento --prosiguió--, esta puede autorizar al procurador para presentar las denuncias.
Sin embargo, el humalista Daniel Abugattas refirió que es el titular del Congreso, y no la Mesa Directiva, el que representa al Poder Legislativo.
A todos ellos se sumó Édgard Reymundo (BP), quien aseguró que la denuncia contra Anaya tiene fecha 15 de agosto, mientras que la autorización de la Mesa Directiva para hacer tal denuncia es del 17 de agosto.
Martha Moyano intentó comunicarse con el presidente del Congreso para que asumiera personalmente las demandas y así zanjar los cuestionamientos. Sin embargo, Javier Velásquez Quesquén (Apra) se hallaba en vuelo de Chiclayo a Lima.
Moyano solo atinó a suspender la sesión y a programar una nueva para hoy al mediodía. "Ningún miembro ha pretendido dilatar el tema", manifestó.
EL HILO DE LA MADEJA
Sin embargo, el procurador del Congreso sí puede presentar denuncias constitucionales. Así lo establece el oficio 890-2007-JUS/CDJE-ST del Consejo de Defensa Judicial del Estado.
El documento, del 3 de mayo del 2007, refiere que "no existe impedimento alguno para que, excepcionalmente, el titular del sector (...) autorice al procurador público ejercitar la representación legal o administrativa del Estado en determinadas situaciones, tales como los casos de denuncias constitucionales".
Fuentes parlamentarias recordaron que el procurador Ubillús ya presentó denuncias constitucionales en los casos de Tula Benites (Apra) y Ricardo Pando (GPF).
También se conoció que, para el Caso Anaya, el procurador fue autorizado a actuar por el presidente del Congreso el 15 de agosto (y no el 17) mediante la resolución 003-2008-2009-P/CR.
LOS PERSONAJES
- Margarita Sucari Cari. Congresista Bloque Popular
Fue denunciada por recortar el salario de la auxiliar Ivonne Araujo para pagar a personas que no tenían vínculo laboral con el Congreso. Presuntos delitos: Concusión y falsedad genérica.
- José Anaya Oropeza. Congresista UPP
Habría adulterado boletas para justificar gastos operativos y pedir el reembolso de pasajes que no le costaron. Supuestos delitos: falsa declaración, falsificación de documentos y peculado.
JUEZ ORDENA NO INVESTIGAR A LOS SANCHEZ PAREDES
La República 20 de Agosto 2008
Juez de provincia norteña ordena que no se investigue a los Sánchez Paredes
Magistrado dice que ya pasó más de un año y no se ha probado vínculo entre el narcotráfico y riqueza de la familia.
Miguel Gutiérrez R.
Astutos. Manuel y Orlando Sánchez Paredes podrían evitar la investigación financiera gracias a nueva sentencia de juez.
El juez de Bolívar, Esteban Lévano.
En menos de 45 días, por segunda vez otro magistrado del Poder Judicial ordenó anular la investigación por lavado de activos abierta contra el conglomerado de empresas de la familia Sánchez Paredes.
El titular del Juzgado Mixto de Bolívar, perteneciente al distrito judicial de Cajamarca, Esteban Lévano Fuentes, falló a favor de Miguel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes, quien el pasado 18 de agosto interpuso un hábeas corpus contra el fiscal Eduardo Castañeda Garay que dirige las pesquisas a los herederos de Perciles Sánchez Paredes, quien estuvo preso por narcotráfico.
Lévano declaró nula y sin efecto la resolución del fiscal Eduardo Castañeda, que el 14 de enero de este año dispuso investigar a los Sánchez Paredes. El mandato del juez Lévano incluye la anulación de "todas las resoluciones que vulneran o amenazan derechos fundamentales de Miguel Sánchez Alayo".
De confirmarse la sentencia del magistrado Lévano en segunda instancia, esta se aplicaría a todos implicados en la investigación por presunto lavado de activos del narcotráfico.
La resolución del juez Lévano se sumó al fallo de su colega el magistrado suplente de Lambayeque Orlando Castillo Castillo, quien, durante el periodo de 72 horas que reemplazó al titular, el 12 de julio en un santiamén acogió y resolvió un hábeas corpus presentado por uno de los empleados de la familia Sánchez Paredes.
EL VIEJO TRUCO
La cuestionable resolución del juez Orlando Castillo que ordenaba el inmediato archivamiento de la investigación de los Sánchez Paredes fue declarada sin efecto el pasado 12 de agosto por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque porque consideró que se emitió irregularmente.
Los Sánchez Paredes no se rindieron y una semana después consiguieron que otro juez de una recóndita localidad, Bolívar, se pronunciara a favor de la suspensión de la investigación de lavado de activos.
La resolución expedida por el juez mixto de Bolívar es prácticamente idéntica a la que emitió el magistrado de Lambayeque.
De acuerdo con el juez de Bolívar, Esteban Lévano, la investigación fiscal contra los Sánchez Paredes se amplió más del tiempo legal previsto sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad de las personas que son materia de indagación.
"No resulta razonable que una investigación de carácter preliminar tenga vigencia desde el 20 de marzo del año 2007 y hasta la fecha no haya concluido con la formalización de la denuncia de ser el caso, o su archivo definitivo", señala el juez Lévano.
COMO DOS GOTAS DE AGUA
El magistrado expresa también que el fiscal titular de la investigación, Eduardo Castañeda Garay, no ha logrado establecer el vínculo delictivo que tendría el gerente de Logística de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), Miguel Angel Sánchez Alayo, con las actividades del presunto lavado de activos del narcotráfico.
El juez Esteban Lévano argumenta también que tampoco se ha comprobado la existencia del delito previo –tráfico ilícito de drogas– que justifique las indagaciones del Ministerio Público y la policía antidrogas a la familia Sánchez Paredes, dedicada especialmente a la explotación minera aurífera.
"(El fiscal Eduardo Castañeda) no ha señalado la forma o circunstancias en que el patrimonio de Perciles Sánchez Paredes habría ingresado a las arcas del favorecido (Miguel Sánchez Alayo)", indica el juez Lévano.
El titular del juzgado mixto de Bolívar recuerda con muy buena memoria que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema absolvió de los cargos imputados (tráfico ilícito de drogas) a Perciles Sánchez Paredes. Sin embargo, no menciona que dicho fallo del 8 de agosto de 1988 fue duramente cuestionado, al punto que una Comisión Especial del Senado en 1989 investigó a los vocales que favorecieron a Perciles Sánchez con la absolución.
Lluvia de hábeas corpus
La investigación por lavado de activos contra la familia Sánchez Paredes la inició en enero del 2007 la titular de la Primera Fiscalía Provincial de Cañete, Lita Sánchez Tejada.
Desde enero del 2008 es dirigida por el titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda Garay.
Desde que se iniciaron las indagaciones financieras, los integrantes de la familia Sánchez Paredes y personas ligadas al clan familiar han interpuesto por lo menos una docena de hábeas corpus contra el fiscal Castañeda.
Juez de provincia norteña ordena que no se investigue a los Sánchez Paredes
Magistrado dice que ya pasó más de un año y no se ha probado vínculo entre el narcotráfico y riqueza de la familia.
Miguel Gutiérrez R.
Astutos. Manuel y Orlando Sánchez Paredes podrían evitar la investigación financiera gracias a nueva sentencia de juez.
El juez de Bolívar, Esteban Lévano.
En menos de 45 días, por segunda vez otro magistrado del Poder Judicial ordenó anular la investigación por lavado de activos abierta contra el conglomerado de empresas de la familia Sánchez Paredes.
El titular del Juzgado Mixto de Bolívar, perteneciente al distrito judicial de Cajamarca, Esteban Lévano Fuentes, falló a favor de Miguel Sánchez Alayo, hijo de Manuel Sánchez Paredes, quien el pasado 18 de agosto interpuso un hábeas corpus contra el fiscal Eduardo Castañeda Garay que dirige las pesquisas a los herederos de Perciles Sánchez Paredes, quien estuvo preso por narcotráfico.
Lévano declaró nula y sin efecto la resolución del fiscal Eduardo Castañeda, que el 14 de enero de este año dispuso investigar a los Sánchez Paredes. El mandato del juez Lévano incluye la anulación de "todas las resoluciones que vulneran o amenazan derechos fundamentales de Miguel Sánchez Alayo".
De confirmarse la sentencia del magistrado Lévano en segunda instancia, esta se aplicaría a todos implicados en la investigación por presunto lavado de activos del narcotráfico.
La resolución del juez Lévano se sumó al fallo de su colega el magistrado suplente de Lambayeque Orlando Castillo Castillo, quien, durante el periodo de 72 horas que reemplazó al titular, el 12 de julio en un santiamén acogió y resolvió un hábeas corpus presentado por uno de los empleados de la familia Sánchez Paredes.
EL VIEJO TRUCO
La cuestionable resolución del juez Orlando Castillo que ordenaba el inmediato archivamiento de la investigación de los Sánchez Paredes fue declarada sin efecto el pasado 12 de agosto por la Sala Constitucional de la Corte Superior de Lambayeque porque consideró que se emitió irregularmente.
Los Sánchez Paredes no se rindieron y una semana después consiguieron que otro juez de una recóndita localidad, Bolívar, se pronunciara a favor de la suspensión de la investigación de lavado de activos.
La resolución expedida por el juez mixto de Bolívar es prácticamente idéntica a la que emitió el magistrado de Lambayeque.
De acuerdo con el juez de Bolívar, Esteban Lévano, la investigación fiscal contra los Sánchez Paredes se amplió más del tiempo legal previsto sin que hasta el momento se haya determinado responsabilidad de las personas que son materia de indagación.
"No resulta razonable que una investigación de carácter preliminar tenga vigencia desde el 20 de marzo del año 2007 y hasta la fecha no haya concluido con la formalización de la denuncia de ser el caso, o su archivo definitivo", señala el juez Lévano.
COMO DOS GOTAS DE AGUA
El magistrado expresa también que el fiscal titular de la investigación, Eduardo Castañeda Garay, no ha logrado establecer el vínculo delictivo que tendría el gerente de Logística de Compañía Minera Aurífera Santa Rosa (Comarsa), Miguel Angel Sánchez Alayo, con las actividades del presunto lavado de activos del narcotráfico.
El juez Esteban Lévano argumenta también que tampoco se ha comprobado la existencia del delito previo –tráfico ilícito de drogas– que justifique las indagaciones del Ministerio Público y la policía antidrogas a la familia Sánchez Paredes, dedicada especialmente a la explotación minera aurífera.
"(El fiscal Eduardo Castañeda) no ha señalado la forma o circunstancias en que el patrimonio de Perciles Sánchez Paredes habría ingresado a las arcas del favorecido (Miguel Sánchez Alayo)", indica el juez Lévano.
El titular del juzgado mixto de Bolívar recuerda con muy buena memoria que la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema absolvió de los cargos imputados (tráfico ilícito de drogas) a Perciles Sánchez Paredes. Sin embargo, no menciona que dicho fallo del 8 de agosto de 1988 fue duramente cuestionado, al punto que una Comisión Especial del Senado en 1989 investigó a los vocales que favorecieron a Perciles Sánchez con la absolución.
Lluvia de hábeas corpus
La investigación por lavado de activos contra la familia Sánchez Paredes la inició en enero del 2007 la titular de la Primera Fiscalía Provincial de Cañete, Lita Sánchez Tejada.
Desde enero del 2008 es dirigida por el titular de la Segunda Fiscalía Especializada en Criminalidad Organizada, Eduardo Castañeda Garay.
Desde que se iniciaron las indagaciones financieras, los integrantes de la familia Sánchez Paredes y personas ligadas al clan familiar han interpuesto por lo menos una docena de hábeas corpus contra el fiscal Castañeda.
martes, 19 de agosto de 2008
Corrupción Gobierno Regional
8 de Agosto de 2008
En el Consejo Regional
Una comisión investigadora por el caso Cubas Cava
TRUJILLO
Millonarios pagos que jamás se debieron realizarse. Millonarios pagos que debieron destinarse a inversión en escuelas, centros de salud o programas sociales. Todos estos motivos son expuestos por el consejero regional por Gran Chimú, Róger Culquitante Mostacero, quien anuncia la conformación de una Comisión Investigadora sobre los cobros con que fue beneficiado el ex presidente de la región, Juan de Dios Cubas Cava. La autoridad por Gran Chimú sostiene que rápidamente pedirá a los funcionarios del Gobierno Regional las explicaciones necesarias de por qué se aprobó dar luz verde a los pagos por 852 mil soles en los últimos meses, a pesar de las sentencias en contra resueltos por el Poder Judicial. "Lamentamos que en esta gestión regional se haya aprobado esos cobros a favor de Cubas Cava, según me he enterado por la prensa. No obstante, en la próxima sesión de Consejo pediré un informe completo sobre el tema", refiere el consejero. Culquitante Mostacero cuenta que pedirá la opinión de un abogado externo a la entidad regional para evitar cualquier suspicacia. Cabe recordar que Juan de Dios Cubas Cava hasta el momento ha recibido 852 mil soles por parte del Gobierno Regional, tras una resolución extraña que fue aceptada en la actual gestión de José Murgia Zannier, quien hasta ahora dice que sólo cumplió con un mandato judicial. El total que iba a recibir Cubas Cavas es un millón 852 mil soles, aproximadamente. Funcionarios en la mira Culquitante Mostacero declara que pedirá la presencia de la funcionaria regional Kelly Vera, quien fue la trabajadora que dio el informe a José Murgia sobre el caso Cubas Cava, para posteriormente aceptar el pago de los mencionados 852 mil soles. "Vera tendrá que ir al Consejo a responder sobre las acusaciones en su contra", enfatiza. Recuerdos El consejero por Gran Chimú comenta que, en el 2007, los funcionarios del Gobierno Regional se presentaron al Consejo para hablar sobre el tema y dice recordar que los mencionados advirtieron que sería difícil evitar los pagos a Cubas Cava y "que no había nada que hacer, por lo cual se debió acatar".
8 de Agosto de 2008
En el Consejo Regional
Una comisión investigadora por el caso Cubas Cava
TRUJILLO
Millonarios pagos que jamás se debieron realizarse. Millonarios pagos que debieron destinarse a inversión en escuelas, centros de salud o programas sociales. Todos estos motivos son expuestos por el consejero regional por Gran Chimú, Róger Culquitante Mostacero, quien anuncia la conformación de una Comisión Investigadora sobre los cobros con que fue beneficiado el ex presidente de la región, Juan de Dios Cubas Cava. La autoridad por Gran Chimú sostiene que rápidamente pedirá a los funcionarios del Gobierno Regional las explicaciones necesarias de por qué se aprobó dar luz verde a los pagos por 852 mil soles en los últimos meses, a pesar de las sentencias en contra resueltos por el Poder Judicial. "Lamentamos que en esta gestión regional se haya aprobado esos cobros a favor de Cubas Cava, según me he enterado por la prensa. No obstante, en la próxima sesión de Consejo pediré un informe completo sobre el tema", refiere el consejero. Culquitante Mostacero cuenta que pedirá la opinión de un abogado externo a la entidad regional para evitar cualquier suspicacia. Cabe recordar que Juan de Dios Cubas Cava hasta el momento ha recibido 852 mil soles por parte del Gobierno Regional, tras una resolución extraña que fue aceptada en la actual gestión de José Murgia Zannier, quien hasta ahora dice que sólo cumplió con un mandato judicial. El total que iba a recibir Cubas Cavas es un millón 852 mil soles, aproximadamente. Funcionarios en la mira Culquitante Mostacero declara que pedirá la presencia de la funcionaria regional Kelly Vera, quien fue la trabajadora que dio el informe a José Murgia sobre el caso Cubas Cava, para posteriormente aceptar el pago de los mencionados 852 mil soles. "Vera tendrá que ir al Consejo a responder sobre las acusaciones en su contra", enfatiza. Recuerdos El consejero por Gran Chimú comenta que, en el 2007, los funcionarios del Gobierno Regional se presentaron al Consejo para hablar sobre el tema y dice recordar que los mencionados advirtieron que sería difícil evitar los pagos a Cubas Cava y "que no había nada que hacer, por lo cual se debió acatar".
domingo, 17 de agosto de 2008
17 de Agosto 2008
TC reincorpora como vocal a cómplice de Montesinos
Declaró fundada su Acción de Amparo a pesar de que la Fiscalía pidió 7 años de prisión.
Revés. Fue grabado en la salita del SIN hablando de reelección de Fujimori. (Foto: Archivo)
El Tribunal Constitucional ordenó la reincorporación del ex vocal supremo Ramiro De Valdivia Cano a la Corte Suprema.
Esto al dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que lo destituyó el 2002 por aparecer en un video junto al ex asesor Vladimiro Montesinos en la época en que integraba el Jurado Nacional de Elecciones.
Así lo informó el presidente del CNM, Edmundo Peláez, que comentó que evaluarán la sentencia y si no invade sus competencias la acatarán, de lo contrario emitirán el debido pronunciamiento .
El TC declaró fundada la Acción de Amparo De Valdivia por seis votos a favor y el voto singular de César Landa Arroyo.
Según el TC, De Valdivia no era vocal supremo cuando acudió a las instalaciones del SIN, entre junio de 1996 y diciembre de 1997. Aquellas visitas –dice el TC– las hizo en su calidad de miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que el CNM no tenía competencia para destituirlo el 2002.
De Valdivia, junto a los miembros del JNE de esa época, es procesado por ayudar irregularmente a la reelección de Fujimori. La Fiscalía ha pedido 7 años de prisión.
EL DATO
Problema. De reincorporarse Ramiro De Valdivia será un vocal supremo con un juicio en la misma Corte Suprema que integra. Por lo que pedirían su abstención hasta que termine su proceso.
TC reincorpora como vocal a cómplice de Montesinos
Declaró fundada su Acción de Amparo a pesar de que la Fiscalía pidió 7 años de prisión.
Revés. Fue grabado en la salita del SIN hablando de reelección de Fujimori. (Foto: Archivo)
El Tribunal Constitucional ordenó la reincorporación del ex vocal supremo Ramiro De Valdivia Cano a la Corte Suprema.
Esto al dejar sin efecto la resolución del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que lo destituyó el 2002 por aparecer en un video junto al ex asesor Vladimiro Montesinos en la época en que integraba el Jurado Nacional de Elecciones.
Así lo informó el presidente del CNM, Edmundo Peláez, que comentó que evaluarán la sentencia y si no invade sus competencias la acatarán, de lo contrario emitirán el debido pronunciamiento .
El TC declaró fundada la Acción de Amparo De Valdivia por seis votos a favor y el voto singular de César Landa Arroyo.
Según el TC, De Valdivia no era vocal supremo cuando acudió a las instalaciones del SIN, entre junio de 1996 y diciembre de 1997. Aquellas visitas –dice el TC– las hizo en su calidad de miembro del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), por lo que el CNM no tenía competencia para destituirlo el 2002.
De Valdivia, junto a los miembros del JNE de esa época, es procesado por ayudar irregularmente a la reelección de Fujimori. La Fiscalía ha pedido 7 años de prisión.
EL DATO
Problema. De reincorporarse Ramiro De Valdivia será un vocal supremo con un juicio en la misma Corte Suprema que integra. Por lo que pedirían su abstención hasta que termine su proceso.
viernes, 15 de agosto de 2008
CONGRESISTAS PRESUMEN INOCENCIA DE JOSE ANAYA
UPP toma posición ambigua y no fija sanción drástica contra Anaya
La República 15 de Agosto 2008
Mesa Directiva decide derivar caso a la Comisión de Ética.
Alonso Ramos. Si en un principio la bancada de Unión Por el Perú (UPP) hablaba hasta de expulsar a su colega José Anaya, acusado de fraguar boletas para sustentar sus gastos operativos, horas después dicho grupo político debilitaba su postura.
El vocero de UPP Carlos Cánepa informó que la agrupación decidió esperar el pronunciamiento de la Comisión de Ética del Parlamento para tomar una decisión.
"Vamos a hacer uso de la presunción de la inocencia", dijo Cánepa La Cotera a este diario tras escuchar los descargos de Anaya en las oficinas parlamentarias del grupo.
La Mesa Directiva decidió que la Comisión de Ética inicie una investigación contra el legislador.
No obstante, la presidenta de dicho grupo de trabajo, Elizabeth León, mencionó que la situación de Anaya se trataría de un caso de delito tributario y no una falta ética, lo cual sería más grave.
Como se recuerda, el congresista ancashino infló los gastos –de acuerdo con la acusación de Prensa Libre– de consumo de una pollería y pidió el reembolso a la tesorería del Congreso del costo de pasajes a Italia, cuando el viaje le salió gratuito. Todo para justificar los S/. 7,500 que recibió en abril por concepto de gastos operativos.
APRISTA JULIO ESPINOZA JIMENEZ, ANIVERSARIO DE TERREMOTO CON CORRUPCION
Todo señala a Espinoza, ex jefe del SIS
Diario La República 15 de Agosto 2008
Pero el Presidente "García" le concedió el derecho de gracia y salió de la cárcel en junio. Congresista Reggiardo dice que ex funcionario debió ser recluido en hospital.
María Elena Hidalgo.
Gracia presidencial. A pesar de que la Contraloría lo considera responsable, Espinoza no pagará por delitos cometidos. (Foto: Arturo Pérez)
El Sexto Juzgado Anticorrupción recibió de la Contraloría General de la República una demoledora auditoría en la que atribuye al ex jefe del Sistema Integral de Salud (SIS) el militante aprista Julio Espinoza Jiménez la responsabilidad de la transferencia irregular de fondos para la compra sobrevaluada de alimentos y otros bienes para los damnificados del terremoto de Pisco, Ica y Chincha, de acuerdo a fuentes judiciales.
Sin embargo, hace dos meses, el 14 de junio, el presidente Alan García otorgó el derecho de gracia a Espinoza por sufrir de un enfermedad neoplásica, permitiéndole abandonar la prisión de San Jorge.
El ex jefe del SIS fue incluido en el proceso judicial a raíz de la denuncia penal que formuló la fiscal anticorrupción Juana Meza Peña en contra de Julio Espinoza y otros 28 implicados en el fraude al SIS, por los delitos de peculado, malversación de fondos y colusión.
LO SABÍA TODO
Contraloría ha determinado que tanto Julio Espinoza como sus funcionarios son responsables de destinar 19 millones 279 mil 760 soles a la adquisición de bienes y alimentos para las víctimas del sismo, utilizando fondos del SIS previstos para otros fines. La auditoría asegura haber acreditado contra Julio Espinoza el delito de peculado en la modalidad de malversación de fondos agravado, al comprobarse que tuvo conocimiento de las dos ampliaciones de calendario que solicitó su institución y que dichos recursos se destinaron para la compra de bienes distintos a las razones del SIS.
"Sabiendo que las compras no eran de competencia del SIS, Espinoza no suspendió el desembolso del dinero a pesar de que se trataban de onerosas sumas de dinero", señala el reporte recibido por el juez Carlos Morales Córdova.
En su defensa, Julio Espinoza presentó documentos para demostrar que fue el ex director de Planeamiento y Desarrollo del SIS Ricardo Corcuera Rodríguez, y no él, quien remitió al director nacional de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) los pedidos de dinero.
Ante el magistrado Morales, Espinoza aseguró no haber firmado los documentos que autorizaban el pedido del dinero puesto que en esos días (del 16 al 18 de agosto) estuvo en la zona de desastre acompañando al presidente en la entrega de ayuda a los damnificados.
Pero, para la Contraloría el ex jefe del SIS estuvo al tanto de todo y avaló las compras, tanto así que a su retorno concretó reuniones con el MEF con el fin de informarse de cómo regularizar las adquisiciones que él había aprobado.
El informe de la Contraloría no tendría ningún efecto porque Julio Espinoza recibió la gracia presidencial después de que la Junta Médica Penitenciaria de San Jorge le diagnosticó al ex jefe del SIS una tumoración pélvica maligna en estado avanzado. De acuerdo con el decreto presidencial, la reclusión de Julio Espinoza ponía en riesgo su vida dado que no podía gozar de una atención y tratamiento médico adecuado.
Junto a Espinoza fue apresado también el ex jefe de Administración del SIS, José Vega Díaz.
EL GRAN ROBO
Ni bien recibió el dinero para las adquisiciones, José Vega designó a dedo a una empresa proveedora de alimentos "Plamol", de propiedad de Luis Plasencia Romero, y cuyo operador ejecutivo era Guillermo Bianchi Burga, su padrastro. De los 14.2 millones de soles que recibió para gastar en los damnificados del sur, José Vega destinó 10.9 millones (76.4%) en la empresa de su padrastro Bianchi.
"Debió ser internado"
Para el congresista Renzo Reggiardo, quien reveló el caso de las sobrevaloraciones en la compra de alimentos por parte del SIS, la liberación del ex jefe del Sistema Integral de Salud Julio Espinoza Jiménez debe ser investigada.
"Considero que existe una irregularidad y ligereza del gobierno en amnistiar a Espinoza cuando todavía no se ha terminado con investigarlo. El Congreso determinó que él fue uno de los autores directos que lucraron con la necesidad y el dolor de miles de compatriotas afectados", dijo.
"Es importante precisar por qué Espinoza tuvo este tipo de beneficios cuando existen miles de presos enfermos en los penales del país que no acceden al indulto", explicó el congresista".
"Lo que considero es que en su estado Julio Espinoza debió ser internado en el Hospital Dos de Mayo con guardia permanente, pero no exonerarlo de la sanción y la sentencia. Todavía el juzgado no se ha pronunciado sobre su responsabilidad", concluyó.
...........
Por qué García le dio el derecho de gracia?
Suscribirse a:
Entradas (Atom)