viernes, 28 de agosto de 2009

GASOLINAZO PNP

Politica
Denuncian a 75 por caso “gasolinazo” en la PNP

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Por presunta sustracción de más de 24 millones y medio de soles al año.
Denuncia alcanza al ex inspector general de la PNP, teniente general Luis Henríquez Palacios.
Después de tres meses de investigación, el Ministerio Público denunció ayer a 75 personas del alto mando policial y personal civil, por presuntos actos de corrupción en el abastecimiento de combustible a los vehículos de la Policía Nacional.

La denuncia fue formalizada por el fiscal Demetrio Díaz Huamán, de la Segunda Fiscalía Anticorrupción, con lo cual se abre un nuevo escándalo en el seno de la institución policial, máxime si uno de los implicados principales es el ex inspector general de la PNP, teniente general Luis Arnaldo Henríquez Palacios.

En base a testimonios y las pericias correspondientes en 16 grifos capitalinos, el fiscal Díaz estableció la existencia de una mafia que traficaba con el combustible destinado a las labores operativas de la institución, para quedarse con parte del dinero destinado para este fin y que provenía del erario público.

Los cargos hechos contra los encausados van desde peculado, corrupción de funcionarios (cohecho pasivo propio, cohecho activo genérico), encubrimiento personal, omisión de actos funcionales, abuso de autoridad, falsedad genérica y usurpación de funciones en agravio del Estado.

Exactamente, los cargos hechos por Díaz Huamán involucran a 55 miembros de la Policía Nacional, entre generales, coroneles y personal subalterno, y a 20 civiles entre propietarios y encargados de los grifos emplazados.

Documentos claves

Uno de los documentos claves que sirvió al fiscal para sustentar su acusación, fue un informe del ex inspector de las Direcciones Especializadas de la PNP, José Trinidad Muñoz, donde dio cuenta minuciosamente de las irregularidades ocurridas en diversos grifos capitalinos y que, sin embargo, no habría sido tomado en cuenta por Henríquez Palacios.

Otro informe sobre asuntos internos de la Policía Nacional etiquetado como “Caso SA-86”, llegó a la conclusión que “Henríquez ocultó información respecto a la responsabilidad de diversos oficiales que cometieron irregularidades en la administración y abastecimiento del combustible asignado por el Estado a la flota vehicular de la PNP”.

“Dejó transcurrir innecesariamente más de ocho meses para emitir el memorándum Nº 154-2008-IGPNP/SP el último día del año (31 de diciembre de 2008), ordenando recién el inicio de la investigación administrativo disciplinaria por las irregularidades”, sostuvo el documento.

Los grifos
La denuncia recae además contra los propietarios, representantes y encargados de los grifos Centauro (Breña), Grifo Tacna y The Friends (Surquillo), Inversiones Hat SAC (propiedad del alcalde de Chosica, Luis Bueno), Grifo Yulia, Grifo Diana, Grifo Roberto Orikawa, Grifo Perlita, entre otros establecimientos, que en su mayoría fueron acusados por falsedad genérica.

Junto a estos grifos fueron implicados los administradores y representantes del grifo Santa Margherita SAC (Breña), Eduardo Caprile Carvajal, José Apuy Aquije, por los presuntos delitos de cohecho activo genérico y cómplices de peculado. Del mismo grifo, Marlon Orihuela Salvador, Javier Cheque Guissa y Alan Laupa Arana, como supuestos cómplices de peculado.

Estos no sólo tenían que presentar la mejor propuesta para la licitación sino también debían otorgar una "coima" para beneficiar a los encargados de la Dirección de la PNP, Inteligencia, Inspectoría y Logística, según las pesquisas.

En tanto que los efectivos policiales acusados provienen de las direcciones de la Dirlog-PNP, Dircote, Dirbie-PNP, Direcfin-PNP, Dirandro, VII Dirtep, Dirincri, entre otras.

La modalidad
La Fiscalía determinó que una de las modalidades utilizadas por los denunciados era la suplantación del personal que abastecía las unidades vehiculares, a lo que se agrega que los comprobantes de abastecimiento estaban suscritos por adelantado, tal como se comprobó en el grifo Santa Margherita, donde de 597 vehículos aparecían 294 registrados en las planillas como si ya hubieran sido abastecidos. Ello, se sostiene, demuestra una concertación entre el grifo y los efectivos que administran las tarjetas de abastecimiento.

Otra modalidad era abastecer a las unidades móviles sólo con la mitad de la dotación diaria de combustible y la otra mitad “la cobraban en dinero”.

Por eso se presume que la red de corrupción en dicha institución policial se habría apropiado de millón y medio de nuevos soles anuales por cada grifo, tal como lo denunció en su momento el congresista Édgar Núñez, aun cuando los montos exactos serán fijados en el curso del proceso penal.

El requerimiento del fiscal Díaz está ahora en poder de la jueza Aiza Mendoza, del Segundo Juzgado Anticorrupción, cuyo despacho deberá formalizar el proceso correspondiente en cualquier momento.

Secreto bancario y tributario
Díaz Huamán solicitó también al juzgado se levante el secreto bancario y tributario de todos los denunciados para saber si sus ingresos y egresos coinciden con sus gastos. Además, pidió que el Poder Judicial realice una pericia contable a cada uno de los grifos sindicados y se disponga el embargo preventivo de los bienes de cada uno de los procesados a fin de que puedan pagar una futura reparación civil al Estado.

Finalmente solicitó que el juzgado dicte que los denunciados afronten la causa –de abrirse el juicio correspondiente– bajo mandato de comparecencia restringida y con impedimento de salida del país.

La pena

Los requeridos por este caso podrían llegar a purgar penas de hasta ocho años de prisión si se comprobara que cometieron delitos de peculado o cohecho pasivo propio. Mientras que la pena por el delito de usurpación de funciones alcanza siete años de pena privativa de libertad y el delito de cohecho activo genérico alcanza hasta seis años de prisión.

Algunos denunciados Efectivos policiales

1. Luis Arnaldo Henríquez Palacios

(ex inspector general de la PNP)

2. Arturo Obregón Fernández (Jefe encargado de la división de Combustible de la Dirlog- PNP).

3. Juan Domínguez Rosales (Jefe del Departamento de adquisiciones de la Dirlog- PNP).

4. Fermín Véliz Réliz (Personal de rendición de cuentas de la Dirlog- PNP)

5. Adolfo Navarro Correa (Personal de rendición de cuentas de la Dirlog-PNP).

6. Gerardo Aguirre Bustamante.

7. Luciano Olivos Brecciani.

8. Víctor Baldeón Caqui.

9. Víctor Postigo Rojas.

10. Nilton Quipuscoa Peralta, entre otros.

Civiles
1. Eduardo Caprilé Carvajal.
2. José Apuy Aquije.
3. Marlon Origuela Salvador.
4. Javier Cheque Guisso.
5. Alan Laupa Arana, entre otros.

Tres meses
Las investigaciones que realizó el fiscal Díaz durante tres meses y a tiempo completo comprendieron los contratos y licitaciones realizadas a los 16 grifos durante los años 2007, 2008 y parte del 2009 por parte de la Policía Nacional.

El dato
En abril de este año, la Policía Nacional anuló todas las licitaciones con los grifos de la capital y dispuso que sea Petroperú el encargado de abastecer a sus unidades.

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