Aún no hallan responsables por fuga de socio de León Alegría
EXPRESO, 19 Julio 2009
Han pasado cinco meses desde que el ex socio y amigo de Rómulo León Alegría, Christian Motte Ramírez –mostrando una resolución y sentencia falsa– escapó del penal de Lurigancho donde cumplía una condena de 20 años de cárcel por narcotráfico y hasta ahora no se halla a los responsables.En aquella oportunidad (3 de febrero pasado), un mujer que se identificó como secretaria del 14º Juzgado Penal de Lima ante la Oficina de Ingresos y Egresos de Lima y Callao del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), a fin de notificar la sentencia de hábeas corpus a favor de Motte Ramírez Gastón.Dicha secretaria, cuyo carnet del PJ respondía a al nombre de Graciela Nieves Ayestas Quicaño, presentó falsas sentencias y oficios de excarcelación con la firma del juez César Tuya Jara suscribiendo la nulidad del proceso y la inmediata excarcelación del procesado.
El procesado, nada menos que el hijo de Carlo Motte Piccone, directivo de la empresa Soclar a quien León Alegría y Fortunato Canáan escogieron para que represente en la empresa Fortluck, que participaría en la construcción y abastecimientos de hospitales en el Perú.
El caso, que se halla actualmente en la Sexta Fiscalía Anticorrupción, no ha dado mayores luces acerca de quienes serían los directamente involucrados en dicha fuga.
domingo, 19 de julio de 2009
jueves, 2 de julio de 2009
MINISTROS ENERGIA Y MINAS PEDRO SANCHEZ GAMARRA
EXPRESO 2 7 2009
Ministro Sánchez tiene juicio por presunta malversación
Estado perdió más de 400 millones de dólares.
El actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, se encuentra en el banquillo de los acusados por presuntamente permitir el irregular desembolso de US$ 60 millones del fondo del Estado y del Fondo de Seguro de Depósito para la cuestionada capitalización del ahora desaparecido Banco Latino, en la década pasada. En efecto, los hechos que se le imputan a Sánchez Gamarra y por los que ahora debe responder, se remontan a 1998, cuando se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), hoy Fonafe.
El juicio fue abierto el 26 de enero último por el 15º Juzgado Penal de Lima a cargo del juez Edwin Yalico Contreras, contra el ministro y otros ex funcionarios de esa época, bajo el presunto cargo de malversación de fondos públicos en agravio del Estado.
Sin embargo, por ser un proceso que debía seguirse en la vía ordinaria, el juez Yalico se inhibió de la causa y el pasado 24 de marzo el expediente recayó en el 16º Juzgado Penal de Lima a cargo del juez César Vásquez Arana, que ahora se encuentra avocado al caso.
Según las pesquisas preliminares, Sánchez Gamarra ha sido emplazado por aprobar la utilización de dinero del Estado para la capitalización del Banco Latino, a través de Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), a sabiendas que esto significaba un desvío de fondos públicos, ya que de acuerdo al Art. 7º la Ley de Bancos, Cofide es banca de “segundo piso” y no podía ser propietaria de acciones en entidades financieras. El “salvataje” del Banco tuvo tres etapas en las que el Estado perdió un total de US$ 408 millones. Sánchez Gamarra es acusado de haber actuado durante la primera de ellas. El proceso continúa su curso, según se supo en medios judiciales.Restringida Por todo ello, el ministro está afrontando el proceso bajo mandato de comparecencia restringida, junto a Fritz Dubois Freund, José Valderrama León (ex directivos de Cofide), Rosario Almenara Díaz Pezo (ex vice ministra de Economía y presidenta del Consejo Directivo de OIOE), Lucía Cayetana Aljovín Gazzoni (actual directora de PreInversión y ex secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas), Reynaldo Wadislao Bringas Delgado (ex director de Crédito Público y miembro del Consejo Directivo de la OIOE) y Luis Baba Nakao (ex presidente de Cofide).Además de ello, el juez Vásquez Arana dispuso que cada uno de los procesados abone por concepto de caución la suma de S/. 6,000.00, como una manera de garantizar la presencia de éstos en la causa hasta que deslinden responsabilidades. KAREM BARBOZA QUIROZCondena anteriorEn octubre de 2007, el ex ministro de Economía y Finanzas y jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria durante el gobierno de Fujimori, Jorge Baca Campodónico, fue condenado a tres años de prisión y al pago de 2 millones de nuevos soles tras ser hallado responsable del delito de malversación de fondos y abuso de autoridad por el caso del “salvataje del Banco Latino”.
Ministro Sánchez tiene juicio por presunta malversación
Estado perdió más de 400 millones de dólares.
El actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez Gamarra, se encuentra en el banquillo de los acusados por presuntamente permitir el irregular desembolso de US$ 60 millones del fondo del Estado y del Fondo de Seguro de Depósito para la cuestionada capitalización del ahora desaparecido Banco Latino, en la década pasada. En efecto, los hechos que se le imputan a Sánchez Gamarra y por los que ahora debe responder, se remontan a 1998, cuando se desempeñaba como Director Ejecutivo de la Oficina de Instituciones y Organismos del Estado (OIOE), hoy Fonafe.
El juicio fue abierto el 26 de enero último por el 15º Juzgado Penal de Lima a cargo del juez Edwin Yalico Contreras, contra el ministro y otros ex funcionarios de esa época, bajo el presunto cargo de malversación de fondos públicos en agravio del Estado.
Sin embargo, por ser un proceso que debía seguirse en la vía ordinaria, el juez Yalico se inhibió de la causa y el pasado 24 de marzo el expediente recayó en el 16º Juzgado Penal de Lima a cargo del juez César Vásquez Arana, que ahora se encuentra avocado al caso.
Según las pesquisas preliminares, Sánchez Gamarra ha sido emplazado por aprobar la utilización de dinero del Estado para la capitalización del Banco Latino, a través de Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), a sabiendas que esto significaba un desvío de fondos públicos, ya que de acuerdo al Art. 7º la Ley de Bancos, Cofide es banca de “segundo piso” y no podía ser propietaria de acciones en entidades financieras. El “salvataje” del Banco tuvo tres etapas en las que el Estado perdió un total de US$ 408 millones. Sánchez Gamarra es acusado de haber actuado durante la primera de ellas. El proceso continúa su curso, según se supo en medios judiciales.Restringida Por todo ello, el ministro está afrontando el proceso bajo mandato de comparecencia restringida, junto a Fritz Dubois Freund, José Valderrama León (ex directivos de Cofide), Rosario Almenara Díaz Pezo (ex vice ministra de Economía y presidenta del Consejo Directivo de OIOE), Lucía Cayetana Aljovín Gazzoni (actual directora de PreInversión y ex secretaria general del Ministerio de Economía y Finanzas), Reynaldo Wadislao Bringas Delgado (ex director de Crédito Público y miembro del Consejo Directivo de la OIOE) y Luis Baba Nakao (ex presidente de Cofide).Además de ello, el juez Vásquez Arana dispuso que cada uno de los procesados abone por concepto de caución la suma de S/. 6,000.00, como una manera de garantizar la presencia de éstos en la causa hasta que deslinden responsabilidades. KAREM BARBOZA QUIROZCondena anteriorEn octubre de 2007, el ex ministro de Economía y Finanzas y jefe de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria durante el gobierno de Fujimori, Jorge Baca Campodónico, fue condenado a tres años de prisión y al pago de 2 millones de nuevos soles tras ser hallado responsable del delito de malversación de fondos y abuso de autoridad por el caso del “salvataje del Banco Latino”.
miércoles, 1 de julio de 2009
FISCAL MILLA LOPEZ PETRO-DOLARES
Investigan a fiscal Milla por “filtrar información
Expreso 1 Julio 2009
La Fiscalía de la Nación dispuso agotar una investigación en torno a la conducta funcional del fiscal Walter Milla López, por haber sido sindicado de haber filtrado información a determinado medio de prensa que no es EXPRESO, respecto a correos electrónicos que manejaba la empresa Business Track SAC. De esa manera, Milla López, integrante de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, está ahora bajo el ojo del escrutinio de las máximas autoridades del Ministerio Público, para verificar si su despacho dio información considerada reservada en torno a la investigación que se le sigue a la empresa BTR, a cuyos ejecutivos se les acusa de presunta interceptación electrónica.En ese caso, el medio en cuestión que dio a conocer dicha información dijo en su oportunidad que se trataba de audios cuando en realidad se trataban de correos electrónicos sobre actividades del primer mandatario y sus familiares, cuyas copias obraban en los equipos incautados de dicha empresa de seguridad.Trascendió que la misma fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, consideró necesario someter a investigación al magistrado, a fin de deslindar responsabilidades. ESG
Expreso 1 Julio 2009
La Fiscalía de la Nación dispuso agotar una investigación en torno a la conducta funcional del fiscal Walter Milla López, por haber sido sindicado de haber filtrado información a determinado medio de prensa que no es EXPRESO, respecto a correos electrónicos que manejaba la empresa Business Track SAC. De esa manera, Milla López, integrante de la Tercera Fiscalía contra el Crimen Organizado, está ahora bajo el ojo del escrutinio de las máximas autoridades del Ministerio Público, para verificar si su despacho dio información considerada reservada en torno a la investigación que se le sigue a la empresa BTR, a cuyos ejecutivos se les acusa de presunta interceptación electrónica.En ese caso, el medio en cuestión que dio a conocer dicha información dijo en su oportunidad que se trataba de audios cuando en realidad se trataban de correos electrónicos sobre actividades del primer mandatario y sus familiares, cuyas copias obraban en los equipos incautados de dicha empresa de seguridad.Trascendió que la misma fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, consideró necesario someter a investigación al magistrado, a fin de deslindar responsabilidades. ESG
miércoles, 17 de junio de 2009
PPK MANUEL DAMMERT
Dammert apela sentencia penal pro-PPK
EXPEDIENTE Nº 208-2006-QUERELLASECRETARIO:
SR. RONALD YAURIPRINCIPALESCRITO NºSUMILLA: APELACION DE SENTENCIA------------ --------- --------- --------- --------- -----SEÑOR JUEZ DEL 40º JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE, en la Querella incoada por don Pedro Pablo Kuczynski Godard por presunto y negado Delito de Difamación Agravada, a Ud. respetuosamente digo: Que, habiendo sido notificado en la fecha con la sentencia expedidapor su Despacho que declara infundada la Excepción de Naturaleza de acción, así como, infundada la Exceptio Veritatis deducida por el suscrito y, me condena por delito de difamación agravada, a la pena deun año de pena privativa de la libertad suspendida, ciento veinte díasmulta y S/. 30,000 nuevos soles de reparación civil, a favor del querellante Pedro Pablo Kuczynski Godard, no encontrando arreglada a la Constitución Política del Estado, a la Ley, ni a los autos el fallo expedido, oportunamente y de conformidad con el Artículo 314º y siguientes del Código de Procedimientos Penales, por convenir a mi derechos, por la brevedad del plazo, y reservándome el derecho de ampliar los fundamentos; interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra lareferida sentencia expedida, solicitando a su Despacho, elevar los autos al superior jerárquico, instancia que confío se servirá declararla NULIDAD E INSUBSISTENCIA DEL FALLO o alternativamente, REVOCAR la sentencia y REFORMÁNDOLA, declarar fundada la Excepción de Naturalezade Acción y/o la Exceptio Veritatis, en mérito a los siguientes fundamentos:
I. FUNDAMENTOS DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIAPRIMERO: La apelada violenta el principio de congruencia de lasResoluciones Judiciales, toda vez que, el suscrito con fecha 07 demayo del 2007 fue absuelto del delito denunciado declarando que elsuscrito Manuel Dammert demostró con abundante prueba documental quetodas sus declaraciones y publicaciones estaban referidas a hechosciertos, públicos y noticiables, y que de ninguna manera se refieren ala intimidad personal o familiar del querellado. Sin embargo, estasentencia fue anulada por la instancia superior advirtiendo unaincongruencia en el razonamiento del juez que por un lado sustentabala absolución en la ausencia total de dolo y animus injuriandi y porel otro, declaraba fundada la exceptio veritatis. La Corte Suprema confecha 02 de diciembre del 2008, ratifica la nulidad y ordena emitirnueva sentencia con el único objeto de subsanar y corregir el errorincurrido. Sin embargo, el Juez de la causa, excediéndose en sufunciones y contrariando el ordenamiento legal que prohíbe que al Juezdel reenvío desacatar lo resuelto en la sentencia anulatoria, demanera arbitraria emite sentencia condenatoria viciando de nulidad elproceso, y afectando las garantías judiciales de la observancia deldebido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en elArtículo 139, inc. 3 de la Constitución Política.SEGUNDO: La sentencia apelada resulta violatoria del PlenoJurisdiccional de las Salas Penales, Permanente y Transitorias de laCorte Suprema, Acuerdo Plenario Nº 3-2006/CJ-116, que establece elPRINCIPIO JURISPRUDENCIAL en materia de delitos contra el honorpersonal y el derecho constitucional a la libertad de expresión y deinformación, doctrina legal que debe ser obligatoriamente invocada porlos Magistrados de todas las instancias judiciales, la misma que no hasido materia de análisis, glosa ni mención expresa en el falloapelado; desconociendo las reglas de ponderación siguientes:1. RELEVANCIA PUBLICA DE LA INFORMACION: Esta probado que los temastratados por el suscrito querellado en las entrevistas y publicacionesobjeto de la querella son temas públicos y de interés nacional comoson: Proceso de Privatización del Terminal Portuario del Callao;Estrategia de Exportación del Gas de Camisea; Proceso de Concesión delaeropuerto Jorge Chávez; Existencia de la Empresa Latin AmericaEnterprise Management Fund en la que Pedro Pablo Kuczynski esfundador, director y presidente; Tacha de la Candidatura de ManuelDammert y otros docentes universitarios en Elecciones Parlamentariasdel 2006; y Pago de Indemnización al empresario Baruch Ivcher. Asímismo, los temas públicos están referidos o se relacionan directamentecon el querellante en su condición de funcionario y autoridad públicacomo Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Consejo deMinistros durante el Gobierno de Alejandro Toledo.2. VERACIDAD DE LA INFORMACION: Esta probado que el suscritoquerellado es profesor universitario, investigador social, asesorparlamentario y asesor de los trabajadores portuarios, y que lasinvestigaciones realizadas contienen información veraz sobre losvínculos de la Empresa Latin America Enterprise Management Fund conPedro Pablo Kuczynski quien ha sido fundador, director y presidente dela misma, incluso durante la época en que se desempeñaba como Ministrode Estado tal como lo demuestra la Ficha Registral de la empresa enEstados Unidos, cuya copia obra en autos; el objeto de la empresadedicada a labores de gestor empresarial y de lobbys, tal como loconfirman los documentos e información de la propia empresa, que obranen autos; las vinculaciones de los integrantes de dicha empresa con elGrupo Empresarial Chileno y el Grupo Romero; la rectificación delJurado Nacional de Elecciones respecto de la ilegal tacha a losdocentes universitarios en las Elecciones parlamentarias del 2006, yel pago de una Indemnización a Baruch Ivcher dispuesta por Pedro PabloKuczynski en Diciembre del 2005, hecho público recién en Marzo del2006. Los documentos que obran en autos en ningún momento han sidoobjeto de análisis y compulsa en la sentencia apelada, sin embargo, elJuez de la causa los desconoce y con una interpretació n arbitraria,expide sentencia condenatoria y la única prueba en la que sustenta sufallo es sostener y afirmar que la Comisión Investigadora no denuncioal Querellante, confundiendo lo que constituye el proceso deinvestigación parlamentaria, con el proceso de admisión de denuncia,no pudiéndose derivar la conclusión que el denunciante este incurso endifamación.3. AUSENCIA DE EXCESOS: La apelada desconoce que toda información ycrítica política formulada en las entrevistas y artículosperiodísticos por el suscrito querellado contiene una adecuadamoderación de las expresiones, no conteniendo insultos, ofensas ovejaciones al querellante, quien en su afán de alterar y tergiversarmis expresiones, recurre al fácil expediente de extraer frases yglosas del contexto y de los temas políticos en que fueron abordados,así como extrapolar textos para sorprender a la Administració n de laJusticia, y que el fallo transcribe confusamente y desconociendo elcontexto en que fueron expresadas.TERCERO: Finalmente, la apelada resulta nula e insubsistente toda vezque contraviene los fallos de la Corte Interamericana de DerechosHumanos que establece, de manera expresa, que toda condena por delitode prensa en presunto agravio de funcionarios públicos, inhibe lalibertad de expresión y violenta el Artículo XIII de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec sobreLibertad de Expresión, ratificada por el Perú el 12 de febrero del2001, por cuanto la apelada colisiona con la uniforme jurisprudenciade la CIDH: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Caso Ricardo Canese vs.Paraguay, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, y recientemente, el CasoEduardo Kimel vs. Argentina; sendos fallos que despenalizan losdelitos contra el honor tratándose de funcionarios públicos, yrecogiendo los principios del Estado de Derecho y pluralismodemocrático, sanciona la responsabilidad internacional del Estadoinfractor, dejando sin efecto las condenas impuestas, justiciainternacional y decisiones adoptadas por Tribunales Internacionalesque en materia de derechos fundamentales, son vinculantes para laautoridad jurisdiccional en mérito a la Cuarta Disposición Final yTransitoria de la Constitución Política del Estado.II.
FUNDAMENTOS DE LA REVOCATORIA
PRIMERO: La sentencia apelada incurre en grave error conceptual en su Décimo Segundo Considerando al señalar que existió delito dedifamación, pues si bien reconoce que los temas tratados por elquerellado son de interés público, es decir que no corresponden a laesfera íntima; al mismo tiempo, califica que la “veracidad subjetivadel informador” no ha sido objeto de un previo contraste razonable dedatos objetivos y que, en el presente caso, el suscrito querellado haincurrido en “falta de diligencia” al haber trasmitido una informaciónfalsa con ostensible intención dolosa, denotando manifiesto despreciopor la verdad, calificativos éstos últimos sin ningún sustento yjustificación probatoria a lo largo de la sentencia. Reitero, comoúnico argumento recurre al hecho de que existió una investigaciónefectuada por la Comisiòn de Fiscalizaciòn del Congreso de laRepùblica sobre los hechos denunciados, pero que, en opinión delquerellante no se determinó su responsabilidad, lo que no estáprobado, y es versión de parte, y además presenta esta circunstanciacomo prueba de la difamación, cuando la Comisión del Congreso admitióla investigación, por considerar que tenía elementos que debían serinvestigados, desvirtuando con este hecho de admisión el equivocadosustento argumental de la sentencia. Además, es violatorio de lasnormas constitucionales y legales de los procesos de fiscalización enel Congreso, el que las conclusiones de su investigación puedanconvertirse en supuestas pruebas de un delito de difamación. AUSENCIA DE ANIMO DIFAMATORIO O INJURIANTE
SEGUNDO: La apelada no se apoya en mérito del proceso toda vez, que ESTA PROBADO con el contenido de las Actas de Visualización de Video yActa de Trascripción de Entrevista Radial de fechas 9, 18 y 24 deAgosto del 2006, así como del propio contenido de los Artículos deInvestigación y Opinión escritos en el Diario “La República” por el Querellado Manuel Dammert Ego Aguirre, que el suscrito en ningúnmomento se ha extralimitado en el ejercicio legítimo la «libertad deexpresión», «pensamiento, opinión, información y crítica política» derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Toda vez que los hechosabordados son veraces, públicos y noticiables, encontrándose lasexpresiones y comentarios desprovistos de expresiones ofensivas,adjetivos peyorativas y mucho menos ánimo difamatorio o injuriante.Mis pronunciamientos, escritos y expresiones respecto a este tema, nopueden ser atribuidas a una intención dolosa de ningún tipo; sino quereflejan mis convicciones y opiniones sobre materias de interéspúblico.
TERCERO: En lo relativo a la Reparación Civil impuesta al suscritoquerellado, de S/ 30,000, adolece de todo sustento y fundamentació n, yademás resulta desproporcionada dentro de los precedentes judicialesexistentes como el caso de la querella del Primer Vicepresidente de laRepública, Giampietri vs. Ex Procurador Antonio Maldonado, de S/.1,000, todo lo cual resulta violatorio de los Artículos 45 y 138 de laConstitución Política, que consagran el principio de «interdicción a la arbitrariedad» . Además, la reparación civil deviene enImprocedente, toda vez que de conformidad con el Art. 1971, inc. 1)del Código Civil, el ejercicio regular de un derecho no generaresponsabilidad ni obligación de resarcir. En el presente caso, la«libertad expresión» de «pensamiento, opinión e información» y elrecuento veraz, objetivo de los hechos denunciados, el carácter noinjurioso o público del mensaje, constituyen hechos noticiables yrelevantes, que como investigador social, asesor parlamentario yasesor de los trabajadores portuarios de la empresa nacional depuertos, estaba en la obligación de informar a la opinión pública.
POR LO EXPUESTO:Solicito a su Despacho, admitir el RECURSO DE APELACIÓN contra lareferida sentencia expedida, y elevar los autos al superiorjerárquico, instancia que confío se servirá declarar la NULIDAD EINSUBSISTENCIA DEL FALLO o alternativamente, REVOCAR la sentencia yREFORMÁNDOLA, declarar fundada la Excepción de Naturaleza de Accióny/o la Exceptio Veritatis, con arreglo a ley.
OTROSI DIGO: Que, cumplo con adjuntar tasa judicial que acredita elpago de los derechos correspondientes y cédulas de notificación.Lima, 11 de Junio del 2009.
MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE
EXPEDIENTE Nº 208-2006-QUERELLASECRETARIO:
SR. RONALD YAURIPRINCIPALESCRITO NºSUMILLA: APELACION DE SENTENCIA------------ --------- --------- --------- --------- -----SEÑOR JUEZ DEL 40º JUZGADO PENAL DE LA CORTE SUPERIOR DE LIMA
MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE, en la Querella incoada por don Pedro Pablo Kuczynski Godard por presunto y negado Delito de Difamación Agravada, a Ud. respetuosamente digo: Que, habiendo sido notificado en la fecha con la sentencia expedidapor su Despacho que declara infundada la Excepción de Naturaleza de acción, así como, infundada la Exceptio Veritatis deducida por el suscrito y, me condena por delito de difamación agravada, a la pena deun año de pena privativa de la libertad suspendida, ciento veinte díasmulta y S/. 30,000 nuevos soles de reparación civil, a favor del querellante Pedro Pablo Kuczynski Godard, no encontrando arreglada a la Constitución Política del Estado, a la Ley, ni a los autos el fallo expedido, oportunamente y de conformidad con el Artículo 314º y siguientes del Código de Procedimientos Penales, por convenir a mi derechos, por la brevedad del plazo, y reservándome el derecho de ampliar los fundamentos; interpongo RECURSO DE APELACIÓN contra lareferida sentencia expedida, solicitando a su Despacho, elevar los autos al superior jerárquico, instancia que confío se servirá declararla NULIDAD E INSUBSISTENCIA DEL FALLO o alternativamente, REVOCAR la sentencia y REFORMÁNDOLA, declarar fundada la Excepción de Naturalezade Acción y/o la Exceptio Veritatis, en mérito a los siguientes fundamentos:
I. FUNDAMENTOS DE LA NULIDAD DE LA SENTENCIAPRIMERO: La apelada violenta el principio de congruencia de lasResoluciones Judiciales, toda vez que, el suscrito con fecha 07 demayo del 2007 fue absuelto del delito denunciado declarando que elsuscrito Manuel Dammert demostró con abundante prueba documental quetodas sus declaraciones y publicaciones estaban referidas a hechosciertos, públicos y noticiables, y que de ninguna manera se refieren ala intimidad personal o familiar del querellado. Sin embargo, estasentencia fue anulada por la instancia superior advirtiendo unaincongruencia en el razonamiento del juez que por un lado sustentabala absolución en la ausencia total de dolo y animus injuriandi y porel otro, declaraba fundada la exceptio veritatis. La Corte Suprema confecha 02 de diciembre del 2008, ratifica la nulidad y ordena emitirnueva sentencia con el único objeto de subsanar y corregir el errorincurrido. Sin embargo, el Juez de la causa, excediéndose en sufunciones y contrariando el ordenamiento legal que prohíbe que al Juezdel reenvío desacatar lo resuelto en la sentencia anulatoria, demanera arbitraria emite sentencia condenatoria viciando de nulidad elproceso, y afectando las garantías judiciales de la observancia deldebido proceso y la tutela judicial efectiva, consagrados en elArtículo 139, inc. 3 de la Constitución Política.SEGUNDO: La sentencia apelada resulta violatoria del PlenoJurisdiccional de las Salas Penales, Permanente y Transitorias de laCorte Suprema, Acuerdo Plenario Nº 3-2006/CJ-116, que establece elPRINCIPIO JURISPRUDENCIAL en materia de delitos contra el honorpersonal y el derecho constitucional a la libertad de expresión y deinformación, doctrina legal que debe ser obligatoriamente invocada porlos Magistrados de todas las instancias judiciales, la misma que no hasido materia de análisis, glosa ni mención expresa en el falloapelado; desconociendo las reglas de ponderación siguientes:1. RELEVANCIA PUBLICA DE LA INFORMACION: Esta probado que los temastratados por el suscrito querellado en las entrevistas y publicacionesobjeto de la querella son temas públicos y de interés nacional comoson: Proceso de Privatización del Terminal Portuario del Callao;Estrategia de Exportación del Gas de Camisea; Proceso de Concesión delaeropuerto Jorge Chávez; Existencia de la Empresa Latin AmericaEnterprise Management Fund en la que Pedro Pablo Kuczynski esfundador, director y presidente; Tacha de la Candidatura de ManuelDammert y otros docentes universitarios en Elecciones Parlamentariasdel 2006; y Pago de Indemnización al empresario Baruch Ivcher. Asímismo, los temas públicos están referidos o se relacionan directamentecon el querellante en su condición de funcionario y autoridad públicacomo Ministro de Economía y Finanzas y Presidente del Consejo deMinistros durante el Gobierno de Alejandro Toledo.2. VERACIDAD DE LA INFORMACION: Esta probado que el suscritoquerellado es profesor universitario, investigador social, asesorparlamentario y asesor de los trabajadores portuarios, y que lasinvestigaciones realizadas contienen información veraz sobre losvínculos de la Empresa Latin America Enterprise Management Fund conPedro Pablo Kuczynski quien ha sido fundador, director y presidente dela misma, incluso durante la época en que se desempeñaba como Ministrode Estado tal como lo demuestra la Ficha Registral de la empresa enEstados Unidos, cuya copia obra en autos; el objeto de la empresadedicada a labores de gestor empresarial y de lobbys, tal como loconfirman los documentos e información de la propia empresa, que obranen autos; las vinculaciones de los integrantes de dicha empresa con elGrupo Empresarial Chileno y el Grupo Romero; la rectificación delJurado Nacional de Elecciones respecto de la ilegal tacha a losdocentes universitarios en las Elecciones parlamentarias del 2006, yel pago de una Indemnización a Baruch Ivcher dispuesta por Pedro PabloKuczynski en Diciembre del 2005, hecho público recién en Marzo del2006. Los documentos que obran en autos en ningún momento han sidoobjeto de análisis y compulsa en la sentencia apelada, sin embargo, elJuez de la causa los desconoce y con una interpretació n arbitraria,expide sentencia condenatoria y la única prueba en la que sustenta sufallo es sostener y afirmar que la Comisión Investigadora no denuncioal Querellante, confundiendo lo que constituye el proceso deinvestigación parlamentaria, con el proceso de admisión de denuncia,no pudiéndose derivar la conclusión que el denunciante este incurso endifamación.3. AUSENCIA DE EXCESOS: La apelada desconoce que toda información ycrítica política formulada en las entrevistas y artículosperiodísticos por el suscrito querellado contiene una adecuadamoderación de las expresiones, no conteniendo insultos, ofensas ovejaciones al querellante, quien en su afán de alterar y tergiversarmis expresiones, recurre al fácil expediente de extraer frases yglosas del contexto y de los temas políticos en que fueron abordados,así como extrapolar textos para sorprender a la Administració n de laJusticia, y que el fallo transcribe confusamente y desconociendo elcontexto en que fueron expresadas.TERCERO: Finalmente, la apelada resulta nula e insubsistente toda vezque contraviene los fallos de la Corte Interamericana de DerechosHumanos que establece, de manera expresa, que toda condena por delitode prensa en presunto agravio de funcionarios públicos, inhibe lalibertad de expresión y violenta el Artículo XIII de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos y la Declaración de Chapultepec sobreLibertad de Expresión, ratificada por el Perú el 12 de febrero del2001, por cuanto la apelada colisiona con la uniforme jurisprudenciade la CIDH: Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica, Caso Ricardo Canese vs.Paraguay, Caso Palamara Iribarne vs. Chile, y recientemente, el CasoEduardo Kimel vs. Argentina; sendos fallos que despenalizan losdelitos contra el honor tratándose de funcionarios públicos, yrecogiendo los principios del Estado de Derecho y pluralismodemocrático, sanciona la responsabilidad internacional del Estadoinfractor, dejando sin efecto las condenas impuestas, justiciainternacional y decisiones adoptadas por Tribunales Internacionalesque en materia de derechos fundamentales, son vinculantes para laautoridad jurisdiccional en mérito a la Cuarta Disposición Final yTransitoria de la Constitución Política del Estado.II.
FUNDAMENTOS DE LA REVOCATORIA
PRIMERO: La sentencia apelada incurre en grave error conceptual en su Décimo Segundo Considerando al señalar que existió delito dedifamación, pues si bien reconoce que los temas tratados por elquerellado son de interés público, es decir que no corresponden a laesfera íntima; al mismo tiempo, califica que la “veracidad subjetivadel informador” no ha sido objeto de un previo contraste razonable dedatos objetivos y que, en el presente caso, el suscrito querellado haincurrido en “falta de diligencia” al haber trasmitido una informaciónfalsa con ostensible intención dolosa, denotando manifiesto despreciopor la verdad, calificativos éstos últimos sin ningún sustento yjustificación probatoria a lo largo de la sentencia. Reitero, comoúnico argumento recurre al hecho de que existió una investigaciónefectuada por la Comisiòn de Fiscalizaciòn del Congreso de laRepùblica sobre los hechos denunciados, pero que, en opinión delquerellante no se determinó su responsabilidad, lo que no estáprobado, y es versión de parte, y además presenta esta circunstanciacomo prueba de la difamación, cuando la Comisión del Congreso admitióla investigación, por considerar que tenía elementos que debían serinvestigados, desvirtuando con este hecho de admisión el equivocadosustento argumental de la sentencia. Además, es violatorio de lasnormas constitucionales y legales de los procesos de fiscalización enel Congreso, el que las conclusiones de su investigación puedanconvertirse en supuestas pruebas de un delito de difamación. AUSENCIA DE ANIMO DIFAMATORIO O INJURIANTE
SEGUNDO: La apelada no se apoya en mérito del proceso toda vez, que ESTA PROBADO con el contenido de las Actas de Visualización de Video yActa de Trascripción de Entrevista Radial de fechas 9, 18 y 24 deAgosto del 2006, así como del propio contenido de los Artículos deInvestigación y Opinión escritos en el Diario “La República” por el Querellado Manuel Dammert Ego Aguirre, que el suscrito en ningúnmomento se ha extralimitado en el ejercicio legítimo la «libertad deexpresión», «pensamiento, opinión, información y crítica política» derechos fundamentales garantizados por la Constitución Política y los Convenios Internacionales de Derechos Humanos. Toda vez que los hechosabordados son veraces, públicos y noticiables, encontrándose lasexpresiones y comentarios desprovistos de expresiones ofensivas,adjetivos peyorativas y mucho menos ánimo difamatorio o injuriante.Mis pronunciamientos, escritos y expresiones respecto a este tema, nopueden ser atribuidas a una intención dolosa de ningún tipo; sino quereflejan mis convicciones y opiniones sobre materias de interéspúblico.
TERCERO: En lo relativo a la Reparación Civil impuesta al suscritoquerellado, de S/ 30,000, adolece de todo sustento y fundamentació n, yademás resulta desproporcionada dentro de los precedentes judicialesexistentes como el caso de la querella del Primer Vicepresidente de laRepública, Giampietri vs. Ex Procurador Antonio Maldonado, de S/.1,000, todo lo cual resulta violatorio de los Artículos 45 y 138 de laConstitución Política, que consagran el principio de «interdicción a la arbitrariedad» . Además, la reparación civil deviene enImprocedente, toda vez que de conformidad con el Art. 1971, inc. 1)del Código Civil, el ejercicio regular de un derecho no generaresponsabilidad ni obligación de resarcir. En el presente caso, la«libertad expresión» de «pensamiento, opinión e información» y elrecuento veraz, objetivo de los hechos denunciados, el carácter noinjurioso o público del mensaje, constituyen hechos noticiables yrelevantes, que como investigador social, asesor parlamentario yasesor de los trabajadores portuarios de la empresa nacional depuertos, estaba en la obligación de informar a la opinión pública.
POR LO EXPUESTO:Solicito a su Despacho, admitir el RECURSO DE APELACIÓN contra lareferida sentencia expedida, y elevar los autos al superiorjerárquico, instancia que confío se servirá declarar la NULIDAD EINSUBSISTENCIA DEL FALLO o alternativamente, REVOCAR la sentencia yREFORMÁNDOLA, declarar fundada la Excepción de Naturaleza de Accióny/o la Exceptio Veritatis, con arreglo a ley.
OTROSI DIGO: Que, cumplo con adjuntar tasa judicial que acredita elpago de los derechos correspondientes y cédulas de notificación.Lima, 11 de Junio del 2009.
MANUEL ENRIQUE DAMMERT EGO AGUIRRE
domingo, 24 de mayo de 2009
ALCALDES ACUSADOS BONOS DE RECONSTRUCCION
Informe de Fiscalización acusa a 7 alcaldes por Bono de Reconstrucción
expreso 24 Mayo
Asesor parlamentario no fue implicado, a pesar de video indiciario. Luego de casi nueve meses desde que se denunciara que el Bono 6000 no llegó a muchos damnificados del terremoto del año 2007, y que se otorgó a cientos de personas en forma irregular, la Comisión de Fiscalización redactó el informe final. En el documento se acusa a siete alcaldes distritales de abuso de autoridad, a decenas de funcionarios públicos por estafa y al gerente del Banco de Materiales por omisión de función, al no cumplir los requisitos legales para otorgar este beneficio. Según el informe “Presuntas irregularidades en el otorgamiento del Bono 6000 -Tarjetas BANMAT- a damnificados de zona devastada por el sismo de 15 de agosto de 2007”, se detectó un manejo irregular en muchos de los 28,224 bonos 6000, que equivalen a una inversión del Estado por un total de 169,344,000 soles.CorrupciónEl proceso empezaba con las cifras del reciente censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revisadas por los Comités de Defensa Civil de las zonas afectadas y finalizaba con la autorización del Banco de Materiales, con la entrega de los respectivos bonos a los jefes de hogares.La Comisión de Fiscalización cotejó la lista de beneficiados con el Registro Nacional de Identidad (RENIEC), hallando numerosas irregularidades, ya que algunos hogares recibieron más de un bono, y personas domiciliadas en otros lugares también. Incluso se habría otorgado este beneficio a ciudadanos que aparecen como fallecidos en la fecha de la supuesta entrega.Como si fuera poco, el informe se basa en información oficial para determinar que “la Subvención por Pérdidas Materiales, consistente en la entrega de Bonos 6000 - Tarjeta Banmat no se entregó a todos los distritos damnificados señalados por el INEI y validados por el Indeci”.Por ejemplo, el INEI no incluyó al distrito de Lilipata, a pesar de que decenas de casas se vinieron abajo en el terremoto. El BANMAT no dio los bonos a los distritos de Mollepampa, Tupe, Lincha, Chavín y Quito Arma.
En el listado de beneficiarios de Chilca, aparece Timoteo Núñez Toledo –padre de Juana Núñez Ramos, secretaria del alcalde distrital– junto a tres de sus hijos, quienes vivían en la misma vivienda al momento del desastre. El párroco de la zona, José Napa Sánchez, también figura en el rol, a pesar de no ser jefe de hogar.
CÉSAR ROJAS
El datoA pesar de que en la sesión del 3 de octubre del 2008, la Comisión de Fiscalización visionó un video donde Andrés Tello Velasco -ex candidato a la Región Lima y asesor parlamentario del PAP- distribuía los bonos de la reconstrucción sin ser funcionario de las autoridades encargadas, ni este hecho ni el nombre del implicado aparecen en alguna parte del informe.
expreso 24 Mayo
Asesor parlamentario no fue implicado, a pesar de video indiciario. Luego de casi nueve meses desde que se denunciara que el Bono 6000 no llegó a muchos damnificados del terremoto del año 2007, y que se otorgó a cientos de personas en forma irregular, la Comisión de Fiscalización redactó el informe final. En el documento se acusa a siete alcaldes distritales de abuso de autoridad, a decenas de funcionarios públicos por estafa y al gerente del Banco de Materiales por omisión de función, al no cumplir los requisitos legales para otorgar este beneficio. Según el informe “Presuntas irregularidades en el otorgamiento del Bono 6000 -Tarjetas BANMAT- a damnificados de zona devastada por el sismo de 15 de agosto de 2007”, se detectó un manejo irregular en muchos de los 28,224 bonos 6000, que equivalen a una inversión del Estado por un total de 169,344,000 soles.CorrupciónEl proceso empezaba con las cifras del reciente censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revisadas por los Comités de Defensa Civil de las zonas afectadas y finalizaba con la autorización del Banco de Materiales, con la entrega de los respectivos bonos a los jefes de hogares.La Comisión de Fiscalización cotejó la lista de beneficiados con el Registro Nacional de Identidad (RENIEC), hallando numerosas irregularidades, ya que algunos hogares recibieron más de un bono, y personas domiciliadas en otros lugares también. Incluso se habría otorgado este beneficio a ciudadanos que aparecen como fallecidos en la fecha de la supuesta entrega.Como si fuera poco, el informe se basa en información oficial para determinar que “la Subvención por Pérdidas Materiales, consistente en la entrega de Bonos 6000 - Tarjeta Banmat no se entregó a todos los distritos damnificados señalados por el INEI y validados por el Indeci”.Por ejemplo, el INEI no incluyó al distrito de Lilipata, a pesar de que decenas de casas se vinieron abajo en el terremoto. El BANMAT no dio los bonos a los distritos de Mollepampa, Tupe, Lincha, Chavín y Quito Arma.
En el listado de beneficiarios de Chilca, aparece Timoteo Núñez Toledo –padre de Juana Núñez Ramos, secretaria del alcalde distrital– junto a tres de sus hijos, quienes vivían en la misma vivienda al momento del desastre. El párroco de la zona, José Napa Sánchez, también figura en el rol, a pesar de no ser jefe de hogar.
CÉSAR ROJAS
El datoA pesar de que en la sesión del 3 de octubre del 2008, la Comisión de Fiscalización visionó un video donde Andrés Tello Velasco -ex candidato a la Región Lima y asesor parlamentario del PAP- distribuía los bonos de la reconstrucción sin ser funcionario de las autoridades encargadas, ni este hecho ni el nombre del implicado aparecen en alguna parte del informe.
sábado, 16 de mayo de 2009
LISTA DE CORRUPTOS - cuantos faltan
Conozca quiénes son los funcionarios corruptos en lista dada por la PCM
Gesto de transparencia.
Figuran personajes ya conocidos como Vladimiro Montesinos y Agustín Mantilla
La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en su página web la relación de funcionarios sentenciados por delitos contra la administración pública.
El listado forma parte del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y fue elaborado con información brindada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Entre los 838 nombres divulgados figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex ministro aprista Agustín Mantilla y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. A ellos se suman los funcionarios sancionados administrativamente por faltas vinculadas a actos de corrupción. Estos nombres fueron proporcionados por los ministerios y organismos públicos.
EL COMERCIO LO DIJO“La transparencia es un factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al fracaso [...] eso deben entender las instancias más altas del Ejecutivo”.
EDITORIAL 02/05/2009
Informe de casos administrativos.
Lista completa de funcionarios corruptos sentenciados .
Gesto de transparencia.
Figuran personajes ya conocidos como Vladimiro Montesinos y Agustín Mantilla
La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en su página web la relación de funcionarios sentenciados por delitos contra la administración pública.
El listado forma parte del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y fue elaborado con información brindada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Entre los 838 nombres divulgados figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex ministro aprista Agustín Mantilla y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. A ellos se suman los funcionarios sancionados administrativamente por faltas vinculadas a actos de corrupción. Estos nombres fueron proporcionados por los ministerios y organismos públicos.
EL COMERCIO LO DIJO“La transparencia es un factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al fracaso [...] eso deben entender las instancias más altas del Ejecutivo”.
EDITORIAL 02/05/2009
Informe de casos administrativos.
Lista completa de funcionarios corruptos sentenciados .
lunes, 11 de mayo de 2009
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Fiscalía investiga al CNM
EXPRESO 11 MAYO
Por presunto tráfico de influencias. El nuevo escándalo desatado por el presunto tráfico de influencias no sólo alcanzó al vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edwin Vegas Gallo, sino también al ex presidente de ese organismo,
Edmundo Peláez Bardales, a quienes la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, los investiga por presuntamente solicitar a un magistrado de Apurímac, a través de un funcionario de dicha institución, un favor en un juicio en esa provincia.
Según información alcanzada a EXPRESO, el fiscal Leoncio Paredes investiga al funcionario del CNM Narciso Contreras Adrianzén señalado por el vocal superior de Apurímac, Lucio Vilcanqui, como la persona que le habría solicitado el “favorcito” en un proceso de indemnización contra el Ministerio de Agricultura y que al final le dejó la tarjeta de Vegas Gallo y quien también fuera intimidado por una llamada telefónica.
Las áreas adscritas a la Fiscalía de la Nación (enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales) en estos momentos se encargan de recopilar información acerca de los viajes que efectuó el funcionario Contreras Adriánzen.
Además –según información obtenida– no se descartó solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los miembros del CNM, para llegar a establecer a quién perteneció la presunta llamada que recibió el presidente de la Corte de Apurímac.
EXPRESO 11 MAYO
Por presunto tráfico de influencias. El nuevo escándalo desatado por el presunto tráfico de influencias no sólo alcanzó al vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edwin Vegas Gallo, sino también al ex presidente de ese organismo,
Edmundo Peláez Bardales, a quienes la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, los investiga por presuntamente solicitar a un magistrado de Apurímac, a través de un funcionario de dicha institución, un favor en un juicio en esa provincia.
Según información alcanzada a EXPRESO, el fiscal Leoncio Paredes investiga al funcionario del CNM Narciso Contreras Adrianzén señalado por el vocal superior de Apurímac, Lucio Vilcanqui, como la persona que le habría solicitado el “favorcito” en un proceso de indemnización contra el Ministerio de Agricultura y que al final le dejó la tarjeta de Vegas Gallo y quien también fuera intimidado por una llamada telefónica.
Las áreas adscritas a la Fiscalía de la Nación (enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales) en estos momentos se encargan de recopilar información acerca de los viajes que efectuó el funcionario Contreras Adriánzen.
Además –según información obtenida– no se descartó solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los miembros del CNM, para llegar a establecer a quién perteneció la presunta llamada que recibió el presidente de la Corte de Apurímac.
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