lunes, 27 de junio de 2011

El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima

SUS EMPRESAS DE JUEGOS DE AZAR HABRÍAN FUNCIONADO AL MARGEN DE LA LEY Y EVADIDO IMPUESTOS

La oscura fortuna de Oscorima

El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima, tiene tanto dinero que lo regala en su tierra. Sin embargo, la fiscalía y la procuraduría lo investigan por lavado de activos provenientes de la explotación ilegal de tragamonedas

Por: Fabiola Torres L Unidad de Investigación
Lunes 27 de Junio del 2011

El presidente regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, llegó al poder con una propuesta que sus electores no podían rechazar: durante sus recorridos proselitistas regaló billetes de cien soles en una de las regiones más pobres del país. Tras casi seis meses en el cargo, su forma de hacer política no ha cambiado. Oscorima, quien vive en el lujoso hotel Plaza de Huamanga mientras construye su nueva residencia en la urbanización Mariscal Cáceres, ha hecho regalos a la policía y el Ministerio Público, y asegura que los S/.12.038,46 de su sueldo los dona a organizaciones de caridad todos los meses.

TODA LA INFORMACIÓN EN EL SIGUIENTE LINK

http://elcomercio.pe/impresa/notas/oscura-fortuna-oscorima/20110627/830399


martes, 21 de junio de 2011

33 nuevos parlamentarios ENJUICIADOS

Los antecedentes judiciales de los nuevos parlamentarios

Nefasto pasivo: 25% de congresistas afronta algún juicio. La mayoría es de Gana Perú y Fuerza 2011. “Destaca” el caso de Humberto Lay.

Nuevos parlamentarios iniciarán funciones con preocupante situación judicial. (M. Pauca)

Por Carlos Castillo

El nuevo Congreso de la República está listo para iniciar sus funciones con el supuesto propósito de revertir la imagen negativa que la opinión pública tiene de este poder del Estado. Sin embargo, la tarea no será fácil con el pasivo que arrastra la nueva plana parlamentaria: 33 de sus 130 integrantes tienen procesos abiertos en diferentes juzgados del país.

Es decir, el 25% del nuevo Legislativo tiene problemas con la justiciapor diferentes imputaciones. En esta situación no hay distingo de color político: en todas las nuevas bancadas hay representantes que iniciarán su labor parlamentaria y gozarán de inmunidad teniendo aún procesos abiertos.

La alerta la dio el jueves pasado el reelecto congresista Víctor Andrés García Belaunde. Luego, el propio presidente del Parlamento, César Zumaeta, ratificó la cifra: “Son 33 que están judicializados”.

Estos datos se conocieron luego de que el saliente Congreso –gracias a los votos de nacionalistas, fujimoristas y pepecistas– se opusiera al proyecto de ley para que los parlamentarios electos no asumieran sus funciones mientras no saldaran cualquier deuda con la justicia.

Tal vez Zumaeta dio la explicación del porqué de la negativa a este proyecto: la mayoría de procesados pertenece a los dos principales grupos del próximo Parlamento: Gana Perú (GP) y Fuerza 2011 (F2011).

ALGUNAS ‘PERLAS’. Fuentes judiciales consultadas por Perú.21 nos informaron de algunos casos judicializados que están pendientes de resolverse. Quizás el que más llama la atención es el juicio abierto al pastor Humberto Lay Sun, quien integrará la bancada de la Alianza Por el Gran Cambio (APGC).

Según el expediente N° 12054-2008-0-1801-JR-PE-31, que obra en el 31° Juzgado Penal para Reos Libres de la Corte Superior de Justicia de Lima, a Lay lo están procesando, junto con otras personas, por el presunto delito de hurto agravado en agravio de su partido, Restauración Nacional, y del militante Luis Vílchez Torres.

Por el mismo delito está procesada, en el 22° Juzgado Penal para Reos Libres, la legisladora electa Esther Capuñay Quispe, de Solidaridad Nacional (SN).

Como dato curioso, debemos señalar que en ese mismo juzgado se encuentra la denuncia contra el fujimorista Reber Ramírez Gamarra por el presunto delito contra la fe pública.

Uno de los casos más escandalosos es el de Wilder Ruiz Loayza (GP), quien afronta más de 30 procesos judiciales que van desde homicidio hasta daño a la propiedad.

Otra encausada por, presuntamente, haber participado en un homicidio es la también nacionalista Claudia Coari, mientras que su colega de bancadaWalter Acha es investigado por vínculos con el narcotráfico.

Asimismo, otro de los connotados prontuariados que ganará inmunidad esEulogio Romero, también de Gana Perú, denunciado por malversación de fondos. Fue detenido el 9 de mayo y liberado un día después.

Figura también el cusqueño Hernán La Torre (GP), con proceso por malversación de fondos. Y ni el vicepresidente electo Omar Chehade se salva de los procesos. Tiene un juicio pendiente en el 33° Juzgado Penal de Reos Libres por fraude procesal, falsedad genérica y otros.

En tanto, en el 7° Juzgado Penal para Reos Libres figura la denuncia contraHeriberto Benítez (SN) por asociación ilícita y otros delitos.

Igualmente, dos congresistas que retornan a una curul, Yehude Simon(APGC) y Luz Salgado (F2011), tienen abiertas causas penales porresistencia a la autoridad.

Tampoco se salva el expremier Javier Velásquez Quesquén, procesado porabuso de autoridad contra el municipio de Yauyos. Y por difamaciónestán bajo la lupa Modesto Julca (PP) y Martha Chávez (F2011).

PIDEN 8 AÑOS DE PRISIÓN PARA FUNCIONARIOS DE BANMAT

Piden ocho años de prisión para funcionarios del Banmat


Hechos

El fiscal superior anticorrupción Óscar Miranda Orillo pidió ayer ante la Tercera Sala Anticorrupción ocho años de prisión para ex funcionarios del Banco de Materiales (Banmat), acusados de estar involucrados en la adjudicación directa de la empresa Lumitech para la compra de calaminas que iban a servir a la población de las regiones afectadas por el fenómeno del Niño.
Miranda Orrillo, de la Quinta Fiscalía Superior Anticorrupción de Lima, acusó a Concepción Córdova Espinoza, Hernando Gil Grados, Eduardo Llerena Aguirre y Jesús Jímenez Umbert del delito de colusión desleal por participar en la compra de calaminas, transacción que produjo al Estado pérdidas por 28 millones de dólares.
Acusó además como cómplices de delito de colusión a los representantes de Lumitech Martín Cosío Melgar, Alfonso Revilla Pezo y a los hermanos Víctor y Miguel Gonzales Castro, y pidió que todos ellos paguen S/. 5,000 por reparación civil en forma solidaria.

Durante el régimen del ex presidente Alberto Fujimori, los funcionarios involucrados en la denuncia hicieron aparentar que otras empresas se presentaron a un concurso para la compra de calaminas; sin embargo, no fue así, porque éstos finalmente no pagaron la deuda al propio banco generando una deuda que el Estado pago mediante un Decreto Supremo 015-02 para llenar el vacío económico que dejaron por la ilegal maniobra.

El dato
Los funcionarios, tras suscribir el contrato con Lumitech, acordaron la entrega de otros US$ 6 millones a los representantes de esa empresa por traerles un lote de “insumos” para construir calaminas.


21 de Junio 2011, Expreso