DETALLES DE NOTAS
Cargos. Atribuirían tres delitos a Omar Quezada. Informe final de grupo legislativo señala a ex jefes zonales de Lima, Ica, Trujillo, Cusco y Ayacucho por serias irregularidades.
Marco Sánchez.
El informe preliminar de la comisión de Fiscalización del Congreso sobre las irregularidades en Cofopri acusó a 22 ex funcionarios de esta entidad y a su ex director ejecutivo Omar Quezada Martínez, por presuntos delitos penales.
El documento debió ser discutido y aprobado el miércoles en la comisión, pero los legisladores apristas y fujimoristas impidieron el quórum necesario, debido a sus calculadas ausencias.
La situación de Quezada es delicada, pues se le acusa de tres delitos penales: Incumplimiento de Deber Funcional, Negociación Incompatible y Abuso de Autoridad. Ello debido a que habría incumplido el reglamento de funciones de esa entidad, forzado la aplicación de normas y expedido títulos de propiedad a pesar de conocer “todas las actuaciones irregulares en expedientes de adjudicación”.
El informe se refiere, en este punto, a adjudicaciones realizadas en Cofopri-La Libertad.
Omisión dolosa
Fiscalización investigó el accionar de Cofopri en el periodo 2006-2009 y las irregularidades en la adjudicación de terrenos eriazos y tráfico en Chilca-Cañete.
El grupo halló además irregularidades en las sedes de Cofopri en Lima, Cusco, Ayacucho y Trujillo. En esta última se investigó la adjudicación de un terreno de 3,758 m2 a favor de una asociación de artesanos, proceso en el cual –dice el informe– Cofopri no debió actuar.
Por ello se atribuye a Quezada haber cometido “omisión dolosa en la adjudicación del inmueble”.
Junto a él se acusó a cinco ex funcionarios de Cofopri-La Libertad, con el jefe zonal Martín Sifuentes Palacios a la cabeza.
Veintena de acusados
En el caso de la irregular adjudicación al aprista Oswaldo Chauca, en Chilca, el grupo acusó al ex jefe de Cofopri-Lima Hernando Hidalgo Díaz por aprobar resoluciones conseguidas con trámites evidentemente deficientes.
También al ex secretario general de Cofopri Julio Calderón y los ex servidores César Castagne Chung, Erika Serrano, Daniel Gonzales Gonzales, Paul Herbacio Sánchez y José Luis Vílchez.
El documento acusa además a los ex jefes zonales de Cofopri, en Ica, Eddy García Mendoza; de Cusco, Sandro Villanueva Gutiérrez, y Rodrigo Quispe Galarza, ex responsable en Ayacucho.
De aprobarse la acusación contra los 22 ex funcionarios, esta será remitida al Ministerio Público y a la Contraloría.
Apristas: “Es un informe político”
Los apristas sostienen que la propuesta de informe es sesgada y mal elaborada. Daniel Robles, miembro de Fiscalización, señaló que “es exagerado atribuirle delitos a Quezada, pues cumplió su responsabilidad política al renunciar e incluso pedir licencia como secretario general del partido. Las normas de Cofopri sostienen que el director ejecutivo representa a la institución dentro y fuera, firma convenios, pero no es responsable técnico”.
Robles López trasladó la responsabilidad civil y penal de las adjudicaciones irregulares a los jefes zonales de Cofopri. “En el caso de Trujillo –por el que se acusa a Quesada– los asesores de Fiscalización solo tomaron la versión del gobierno regional, olvidando que la asociación beneficiada ganó juicios del PJ. En definitiva, el informe es político y tiene sesgo para perjudicar al partido”.
De los acusados, Eddy García es candidato aprista a la región Ica. Martín Sifuentes fue candidato en las elecciones internas.
