El primer proceso contra funcionarios del Estado y directores de una de las empresas de la privatización de los 90, se instaló en Lima el último 14 de mayo. En audiencia pública la Tercera Sala Penal de Lima determinó que se abría juicio público contra los ex directivos de Conade, encargados de viabilizar y controlar la privatización, Francisco Javier Acosta Sánchez (ex vicepresidente del Tribunal Constitucional) y César Augusto Morgan Alcalde, y los ex integrantes del directorio de Aeroperú, Javier Fernández Guerra, Carlos Fernández Suinaga, Dora Amelia Zapata López Aliaga de Papini, Oliver Thomas Alexander Stark Preuss, Carlos Aníbal Armando García Delgado, Alfonso Brazzini Díaz Ufano (dueño nada menos que del hotel Marriott-Perú).
Todos ellos han sido denunciados por el delito contra la administración de justicia y colusión ilegal en agravio de Aeroperú y el Estado peruano, y se solicita una pena efectiva de prisión de 5 años, para cada uno de ellos. En algún momento, el ex presidente Alejandro Toledo dijo que el caso de Aeroperú era el más escandaloso hecho de corrupción que contribuyó a desprestigiar gravemente la imagen de la privatización. Ciertamente, el hablantín presidente de esa época no hizo nada dentro de lo que estaba a su alcance, para evitar que tamaño robo, terminara nuevamente en la impunidad. Más bien se permitió que los funcionarios de Indecopi siguieran litigando para terminar de liquidar a la línea de bandera nacional y que la Contraloría de Genaro Matute “extraviara” los archivos del caso.
Pero esas son otras historias. Lo importante es que el Ministerio Público, finalmente, logró destrabar la denuncia que llegó desde el Congreso en la primera mitad de la década, cuando el congresista Javier Diez Canseco sacó a la luz los gravísimos hechos que condujo a subvalorar a la empresa aérea y prácticamente regalarla a un consorcio mexicano peruano de aviación; el desmantelamiento progresivo de los activos de la empresa y el reparto de las rutas en perjuicio del país, la creación de deuda ficticia a favor de los propios acciones principales para permitirles quedarse con los últimos activos, etc. En este manejo doloso estuvieron implicados diversos funcionarios del Estado, entre ellos, el ex ministro de Economía, Jorge Camet, que tuvo por un buen tiempo, como jefe de su gabinete de asesores al presidente de la empresa privatizada, Roberto Abusada Salah, en un ostensible conflicto de intereses que llevó a que la política del Estado resultara funcional a los planes del grupo de mafiosos que condujo la línea aérea.
Abusada reemplazó en la presidencia de Aeroperú, a José Graña Miró Quesada, socio minoritario de Aeroméxico en este negocio, pero siguió hasta el día de hoy, actuando como empleado del empresario constructor y periodístico. Tanto Camet, como Abusada y Graña, al igual que otros funcionarios (Dante Matellini, por ejemplo, ex presidente de Aeroperú, antes de la privatización), están por ahora fuera de la acusación fiscal porque se han acogido a recursos de prescripción, pero se espera que cuando avancen los esclarecimientos concluyan incorporados al proceso por su evidente responsabilidad.
Procesados
Dentro de los ocho denunciados, destacan los casos de Javier Acosta Sánchez, que en condición de responsable de la Cepri (Comité Especial de Privatización) se prestó a la maniobra temprana de los nuevos propietarios de la empresa aérea de convertir la deuda de operación de los años 93-94 (post privatización), en deuda pública, obligando al Estado a desembolsar 204 millones de dólares; y el de Alfonso Brazzini Díaz Ufano, actualmente el principal accionista del más grande hotel de Lima (Marriott), que en su condición de miembro del directorio de Aeroperú tuvo a su cargo las operaciones de cuentas bancarias en paraísos financieros (islas Caimán), donde las utilidades de Aeroméxico, generando un déficit fraudulento.
Aguinaga
La Tercera Sala Penal que dirigirá el proceso es la misma que juzgó el caso del ex alcalde de Pucallpa, Luis Valdez Villacorta, en el caso del asesinato del periodista Alberto Rivera Fernández, y su presidente, el vocal Jorge Aguinaga Moreno, fue uno de los que dio su voto por la absolución y fue posteriormente acusado por su colegiado Malzon Urbina La Torre, de haberlo amenazado de muerte para que torciera su voto. Aguinaga está actualmente bajo investigación de la Ocma y probablemente sea separado de la magistratura y procesado por sus vínculos con Valdez.
El problema es que aún sigue despachando y dirigiendo la sala que será la que deberá decidir sobre un asunto tan emblemático como la estafa de la privatización de Petroperú y la administración delictiva de la línea aérea por mafiosos peruanos y mexicanos. En uno de sus primeros gestos contra una recta administración de justicia, Aguinaga, separó del caso a la Asociación de Trabajadores Accionistas de Aeroperú y a su presidente, Celso Gonzales, quienes ejercieron la administración judicial de la Junta de Aeroperú cuando la empresa ya se encontraba paralizada y fueron los que dieron a conocer los documentos probatorios de los delitos. Gonzales indicó al respecto que habían pedido la tacha del presidente de la sala y su reemplazo por un vocal más independiente.
Raúl Wiener
Unidad de Investigación
