jueves, 4 de febrero de 2010

ex ministro de Vivienda Francis Allison Oyague

La investigación por presunto soborno a Allison en recta final

La investigación seguida contra los que resulten responsables de un presunto “soborno” efectuado al ex ministro de Vivienda Francis Allison Oyague para que el ex funcionario firme un contrato de concesión a favor del proyecto Taboada, por lo que le habrían ofrecido hasta US$ 1 millón, se encuentra a punto de culminar, revelaron voceros del Ministerio Público.
Sin embargo, pese a que la Policía Anticorrupción emitió su informe de este caso, aún se tendrá que esperar el regreso de la fiscal anticorrupción, Juana Meza Peña, a cargo de las pesquisas, pues ésta solicitó por estos días licencia por vacaciones.

Meza Peña, de la Tercera Fiscalía Anticorrupción, ordenó a los agentes anticorrupción que se cite al ex ministro Allison Oyague, al abogado Domingo Orezzoli, quien, según algunas publicaciones, fue quien habría propuesto dicho pago al también ex alcalde de Magdalena del Mar.

Negó soborno
Según se conoció, Allison Oyague mantuvo su posición y dijo a las autoridades que lo único que se buscaba era desviar la atención, e insistió en el hecho de no haberse firmado dicho contrato sobre la concesión del proyecto Taboada por un supuesto intento de soborno, cuando las razones fueron otras.
En otro momento, –según fuentes de la Fiscalía– el ex titular de Vivienda manifestó que dicho contrato de licitación con la empresa española ACS había sido suspendido durante la gestión de su antecesora, Nidia Vílchez, debido a que no se ajustaba a los estándares ambientales exigidos.

MINISTERIO DE SALUD,, TERREMOTO PISCO,, CORRUPCIÓN

Piden prisión de hasta 15 años por malversaciones en el SIS
9-1 GIAN CARLO TEJEDASobrevaluaron insumos para damnificados del terremoto de 2007.
Tras dos años de investigación judicial, el Ministerio Público formuló acusación penal en contra de 25 personas, entre ex funcionarios del Ministerio de Salud, del Seguro Integral de Salud (SIS) y empresarios, por las sobrevaloraciones de los insumos que adquirieron para socorrer a los miles de damnificados que dejó el terremoto del 2007, que azotó la región Ica y la provincia de Cañete.

Tras analizar el expediente, la titular de la Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción, Flor de María Vega, acusó a los procesados ante la Tercera Sala Especial por diversos delitos contra la administración pública, malversación de fondos, colusión desleal, omisión de funciones y falsedad ideológica, en agravio del Estado y del SIS.

Acusados y reparaciones
Entre los acusados por la fiscal Vega Zapata, figuran el ex viceministro de Salud, José Gilmer Calderón Iberico, para quien se ha solicitado dos años de pena privativa de libertad, S/.200 mil de reparación civil, 60 días multas (30% de su sueldo diario) e inhabilitación.
A Calderón Iberico se le acusa de omisión de funciones, por no haber fiscalizado la labor del SIS, tal como era su obligación al ser el SIS un organismo público descentralizado que depende del sector Salud y en razón al inciso “C” del artículo 9 de la ley 23567; ley del Minsa, que indica que la responsabilizar de supervisar a los organismos públicos de Salud correspondía al viceministro de ese sector..
También fueron acusados mientras que el ex administrador del SIS José Vega Díaz y Ricardo Corcuera Rodríguez, ex jefe de Planeamiento y Desarrollo del SIS, para quienes se ha solicitado 15 años de pena privativa de libertad.
A Mirtha Díaz Ramos (15 años), Rubén Quiroz Quintana (8 años), David Domínguez Pasco (8 años), entre otros.
Asimismo, al empresario Luis Plascencia Romero (Plamol) (15 años) mientras que para Giovanna Pérez Carrasco (Llama Azul), Antonio Cabello Sánchez (Biogrants), Eloy Quintana Florez (Kimera), Néstor Zegarra Valencia (Axis), entre otros, se pidió una pena de 10 años de prisión efectiva.
Además, la fiscal Vega Zapata solicitó que se pague un monto aproximado de S/. 5 millones de como monto de reparación civil, a favor del Estado y del SIS.

Algunos hechos
Según los hechos comprobados durante las investigaciones judiciales, dos días después del terremoto el Estado desembolsó más de S/.14 millones 200 mil de a fin de adquirir diversos insumos para apoyar a los damnificados.
Sin embargo, lejos de buscar ayudar a los damnificados el grupo de funcionarios adquirió
–previa concertación– los insumos, como comida, zapatos, pastillas de purificación de aguas, entre otros, a precios sobrevaluados hasta en un 30%.
Pero ello no era todo, sino que muchas de las empresas a las cuales adelantaron incluso pagos, no estaban registradas en el Registro Único de Proveedores de Consucode.
Con gracia
Todas las órdenes de adquisiciones que se colocaron a las diversas empresas fueron hechas por el ex jefe del SIS, Julio Espinoza Jiménez; sin embargo éste no fue acusado por la fiscal Flor de María Vega, ya que hace unos meses fue beneficiado con la gracia presidencial del indulto.

Sobrevaluaciones de escándalo
Por ejemplo, por cada ración de alimentos, el Estado pagó a la empresa Plamol la elevada suma de
S/. 34; sin embargo, ante las evidencias, los propios representantes de Plamos reconocieron que dichas raciones, las adquirieron a S/. 24 a la compañía Axis Internacional.
Lo mismo ocurrió con las pastillas purificadoras de agua que fueron vendidas al SIS al precio de 20 céntimos de nuevo sol, cuando en el mercado su precio real era de 10 céntimos de nuevo sol.
Precisamente, la empresa Plamol pertenecía al coronel EP (r) Guillermo Bianchi Burga, padrastro de Vega Díaz, y para quien la Fiscalía superior ha solicitado diez años de cárcel.
Para deslindar responsabilidad en los pagos que había hecho el SIS por adelantado, el ex jefe del SIS Julio Espinoza Jiménez trató de que el ex ministro de Salud, Carlos Vallejo Sologuren, autorizara las compras; sin embargo, éste le respondió que no le correspondía al ministerio autorizar las adquisiciones porque esa era competencia del titular del SIS.
KAREM BARBOZA QUIROZ