Informe de Fiscalización acusa a 7 alcaldes por Bono de Reconstrucción
expreso 24 Mayo
Asesor parlamentario no fue implicado, a pesar de video indiciario. Luego de casi nueve meses desde que se denunciara que el Bono 6000 no llegó a muchos damnificados del terremoto del año 2007, y que se otorgó a cientos de personas en forma irregular, la Comisión de Fiscalización redactó el informe final. En el documento se acusa a siete alcaldes distritales de abuso de autoridad, a decenas de funcionarios públicos por estafa y al gerente del Banco de Materiales por omisión de función, al no cumplir los requisitos legales para otorgar este beneficio. Según el informe “Presuntas irregularidades en el otorgamiento del Bono 6000 -Tarjetas BANMAT- a damnificados de zona devastada por el sismo de 15 de agosto de 2007”, se detectó un manejo irregular en muchos de los 28,224 bonos 6000, que equivalen a una inversión del Estado por un total de 169,344,000 soles.CorrupciónEl proceso empezaba con las cifras del reciente censo realizado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), revisadas por los Comités de Defensa Civil de las zonas afectadas y finalizaba con la autorización del Banco de Materiales, con la entrega de los respectivos bonos a los jefes de hogares.La Comisión de Fiscalización cotejó la lista de beneficiados con el Registro Nacional de Identidad (RENIEC), hallando numerosas irregularidades, ya que algunos hogares recibieron más de un bono, y personas domiciliadas en otros lugares también. Incluso se habría otorgado este beneficio a ciudadanos que aparecen como fallecidos en la fecha de la supuesta entrega.Como si fuera poco, el informe se basa en información oficial para determinar que “la Subvención por Pérdidas Materiales, consistente en la entrega de Bonos 6000 - Tarjeta Banmat no se entregó a todos los distritos damnificados señalados por el INEI y validados por el Indeci”.Por ejemplo, el INEI no incluyó al distrito de Lilipata, a pesar de que decenas de casas se vinieron abajo en el terremoto. El BANMAT no dio los bonos a los distritos de Mollepampa, Tupe, Lincha, Chavín y Quito Arma.
En el listado de beneficiarios de Chilca, aparece Timoteo Núñez Toledo –padre de Juana Núñez Ramos, secretaria del alcalde distrital– junto a tres de sus hijos, quienes vivían en la misma vivienda al momento del desastre. El párroco de la zona, José Napa Sánchez, también figura en el rol, a pesar de no ser jefe de hogar.
CÉSAR ROJAS
El datoA pesar de que en la sesión del 3 de octubre del 2008, la Comisión de Fiscalización visionó un video donde Andrés Tello Velasco -ex candidato a la Región Lima y asesor parlamentario del PAP- distribuía los bonos de la reconstrucción sin ser funcionario de las autoridades encargadas, ni este hecho ni el nombre del implicado aparecen en alguna parte del informe.
domingo, 24 de mayo de 2009
sábado, 16 de mayo de 2009
LISTA DE CORRUPTOS - cuantos faltan
Conozca quiénes son los funcionarios corruptos en lista dada por la PCM
Gesto de transparencia.
Figuran personajes ya conocidos como Vladimiro Montesinos y Agustín Mantilla
La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en su página web la relación de funcionarios sentenciados por delitos contra la administración pública.
El listado forma parte del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y fue elaborado con información brindada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Entre los 838 nombres divulgados figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex ministro aprista Agustín Mantilla y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. A ellos se suman los funcionarios sancionados administrativamente por faltas vinculadas a actos de corrupción. Estos nombres fueron proporcionados por los ministerios y organismos públicos.
EL COMERCIO LO DIJO“La transparencia es un factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al fracaso [...] eso deben entender las instancias más altas del Ejecutivo”.
EDITORIAL 02/05/2009
Informe de casos administrativos.
Lista completa de funcionarios corruptos sentenciados .
Gesto de transparencia.
Figuran personajes ya conocidos como Vladimiro Montesinos y Agustín Mantilla
La Presidencia del Consejo de Ministros publicó en su página web la relación de funcionarios sentenciados por delitos contra la administración pública.
El listado forma parte del Plan Nacional de Lucha Contra la Corrupción y fue elaborado con información brindada por el Consejo de Defensa Jurídica del Estado del Ministerio de Justicia.
Entre los 838 nombres divulgados figuran el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos, el ex ministro aprista Agustín Mantilla y la ex fiscal de la Nación Blanca Nélida Colán. A ellos se suman los funcionarios sancionados administrativamente por faltas vinculadas a actos de corrupción. Estos nombres fueron proporcionados por los ministerios y organismos públicos.
EL COMERCIO LO DIJO“La transparencia es un factor fundamental, sin el cual cualquier iniciativa contra la corrupción está destinada al fracaso [...] eso deben entender las instancias más altas del Ejecutivo”.
EDITORIAL 02/05/2009
Informe de casos administrativos.
Lista completa de funcionarios corruptos sentenciados .
lunes, 11 de mayo de 2009
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA
Fiscalía investiga al CNM
EXPRESO 11 MAYO
Por presunto tráfico de influencias. El nuevo escándalo desatado por el presunto tráfico de influencias no sólo alcanzó al vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edwin Vegas Gallo, sino también al ex presidente de ese organismo,
Edmundo Peláez Bardales, a quienes la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, los investiga por presuntamente solicitar a un magistrado de Apurímac, a través de un funcionario de dicha institución, un favor en un juicio en esa provincia.
Según información alcanzada a EXPRESO, el fiscal Leoncio Paredes investiga al funcionario del CNM Narciso Contreras Adrianzén señalado por el vocal superior de Apurímac, Lucio Vilcanqui, como la persona que le habría solicitado el “favorcito” en un proceso de indemnización contra el Ministerio de Agricultura y que al final le dejó la tarjeta de Vegas Gallo y quien también fuera intimidado por una llamada telefónica.
Las áreas adscritas a la Fiscalía de la Nación (enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales) en estos momentos se encargan de recopilar información acerca de los viajes que efectuó el funcionario Contreras Adriánzen.
Además –según información obtenida– no se descartó solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los miembros del CNM, para llegar a establecer a quién perteneció la presunta llamada que recibió el presidente de la Corte de Apurímac.
EXPRESO 11 MAYO
Por presunto tráfico de influencias. El nuevo escándalo desatado por el presunto tráfico de influencias no sólo alcanzó al vicepresidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Edwin Vegas Gallo, sino también al ex presidente de ese organismo,
Edmundo Peláez Bardales, a quienes la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz Ramos, los investiga por presuntamente solicitar a un magistrado de Apurímac, a través de un funcionario de dicha institución, un favor en un juicio en esa provincia.
Según información alcanzada a EXPRESO, el fiscal Leoncio Paredes investiga al funcionario del CNM Narciso Contreras Adrianzén señalado por el vocal superior de Apurímac, Lucio Vilcanqui, como la persona que le habría solicitado el “favorcito” en un proceso de indemnización contra el Ministerio de Agricultura y que al final le dejó la tarjeta de Vegas Gallo y quien también fuera intimidado por una llamada telefónica.
Las áreas adscritas a la Fiscalía de la Nación (enriquecimiento ilícito y acusaciones constitucionales) en estos momentos se encargan de recopilar información acerca de los viajes que efectuó el funcionario Contreras Adriánzen.
Además –según información obtenida– no se descartó solicitar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de los miembros del CNM, para llegar a establecer a quién perteneció la presunta llamada que recibió el presidente de la Corte de Apurímac.
viernes, 8 de mayo de 2009
Presidente Regional Ica
Juez embarga bienes del presidente regional de Ica
expreso 7 mayo 09
Hay 28 procesados y audiencias se inician hoy.
El Cuarto Juzgado Penal de Ica decretó el embargo preventivo de los bienes del presidente regional de dicha localidad, Rómulo Triveño Pinto, tras abrirle juicio por presuntas irregularidades cometidas respecto a los fondos destinados para la reconstrucción de esa castigada zona tras el terremoto producido en agosto de 2007.
La titular de dicho despacho, Tania Peralta, dispuso que los bienes sean embargados por un monto hasta de 90 mil nuevos soles y adicionalmente ordenó que Triveño abone la suma de 5 mil soles por concepto de caución para garantizar su permanencia en el proceso judicial.
El presidente regional iqueño está afrontando el proceso bajo el mandato de comparecencia restringida y reglas de conducta, porque la magistrado Peralta dispuso que éste sólo sea juzgado por el delito de “omisión de actos funcionales”, que contempla hasta cuatro años de prisión.
Según el documento (de unas 23 páginas), que dio inicio a dicha causa, el proceso es de carácter ordinario por lo que el plazo para las investigaciones a nivel judicial es de cuatro meses, con posibilidad de ser ampliado dos meses más como tope.
Además, se suscribe la orden de la jueza Peralta para la concurrencia de más de 100 testigos en el proceso y la instructiva de los 28 procesados, que desde hoy acudirán a su despacho.
La declaración instructiva de Triveño Pinto fue fijada para el 26 de mayo a las 9 de la mañana.
Triveño es acusado de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos para la reconstrucción, en particular, por haber contratado camiones para recoger por horas los desmontes cuando la modalidad normal es por camionada. En estos pagos se habrían perdido varios miles de soles. Fiscalía apelaráDe otro lado, el titular de la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Ica, a cargo de Jorge Alberto Ríos Barriga, evalúa el expediente (nueve tomos) para apelar después la decisión de la juez Peralta de no procesar al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Felipe Palomino Ramírez.
Dicha fiscalía no ha descartado pedir una ampliación de la denuncia contra el presidente regional de Ica (Triveño), por los delitos de concusión y colusión por utilizar dolosamente al parecer de 18 millones 535 mil soles, destinados para el recojo de los escombros en Chincha, Pisco e Ica, luego de producido el fenómeno telúrico.
expreso 7 mayo 09
Hay 28 procesados y audiencias se inician hoy.
El Cuarto Juzgado Penal de Ica decretó el embargo preventivo de los bienes del presidente regional de dicha localidad, Rómulo Triveño Pinto, tras abrirle juicio por presuntas irregularidades cometidas respecto a los fondos destinados para la reconstrucción de esa castigada zona tras el terremoto producido en agosto de 2007.
La titular de dicho despacho, Tania Peralta, dispuso que los bienes sean embargados por un monto hasta de 90 mil nuevos soles y adicionalmente ordenó que Triveño abone la suma de 5 mil soles por concepto de caución para garantizar su permanencia en el proceso judicial.
El presidente regional iqueño está afrontando el proceso bajo el mandato de comparecencia restringida y reglas de conducta, porque la magistrado Peralta dispuso que éste sólo sea juzgado por el delito de “omisión de actos funcionales”, que contempla hasta cuatro años de prisión.
Según el documento (de unas 23 páginas), que dio inicio a dicha causa, el proceso es de carácter ordinario por lo que el plazo para las investigaciones a nivel judicial es de cuatro meses, con posibilidad de ser ampliado dos meses más como tope.
Además, se suscribe la orden de la jueza Peralta para la concurrencia de más de 100 testigos en el proceso y la instructiva de los 28 procesados, que desde hoy acudirán a su despacho.
La declaración instructiva de Triveño Pinto fue fijada para el 26 de mayo a las 9 de la mañana.
Triveño es acusado de presuntas irregularidades en el manejo de los fondos para la reconstrucción, en particular, por haber contratado camiones para recoger por horas los desmontes cuando la modalidad normal es por camionada. En estos pagos se habrían perdido varios miles de soles. Fiscalía apelaráDe otro lado, el titular de la Cuarta Fiscalía Penal Provincial de Ica, a cargo de Jorge Alberto Ríos Barriga, evalúa el expediente (nueve tomos) para apelar después la decisión de la juez Peralta de no procesar al jefe del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), Luis Felipe Palomino Ramírez.
Dicha fiscalía no ha descartado pedir una ampliación de la denuncia contra el presidente regional de Ica (Triveño), por los delitos de concusión y colusión por utilizar dolosamente al parecer de 18 millones 535 mil soles, destinados para el recojo de los escombros en Chincha, Pisco e Ica, luego de producido el fenómeno telúrico.
PINCHI HUNDE EX JUECES Y FISCALES montesinistas
Pinchi hunde a ex jueces y fiscales montesinistas
expreso may 7
Magistrados estaban en la “planilla dorada” del SIN.
Matilde Pinchi Pinchi, la ex ama de llaves y amante de Vladimiro Montesinos, hundió con sus declaraciones a un grupo de ex jueces y fiscales de la década pasada, que son ahora procesados por la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción por haber recibido fuertes sumas de dinero de la “planilla dorada” del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Durante su testimonio ante dicho tribunal que preside el vocal superior Iván Sequeiros, Pinchi Pinchi aseguró que los magistrados Rolando Percy Escobar Lino, Víctor Martínez Candela y la fiscal Hilda Valladares Alarcón (prófuga de la justicia) visitaban frecuentemente el SIN y recibían dinero por sus “servicios” a Montesinos.
“El señor Montesinos les daba (dinero) cuando tenían casos importantes (…) yo he visto recibos a sus nombres con diversos montos”, sostuvo Pinchi, para aseverar que los antes mencionados, junto a otros magistrados, figuraban en una lista que manejaba María Angélica Arce, secretaria de Montesinos.
En este caso, son también procesados el ex juez Segundo Nicolás Trujillo y los ex fiscales Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, Fernando Egas Contreras y Kathia Chávez Aragón, por los presuntos delitos de prevaricato, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios (cohecho propio).
Para todos los procesados, la Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción ha solicitado penas entre 5 y 9 años de prisión efectiva y el pago de S/. 150,000.00 hasta S/. 700,000.00 por concepto de reparación civil.
expreso may 7
Magistrados estaban en la “planilla dorada” del SIN.
Matilde Pinchi Pinchi, la ex ama de llaves y amante de Vladimiro Montesinos, hundió con sus declaraciones a un grupo de ex jueces y fiscales de la década pasada, que son ahora procesados por la Tercera Sala Penal Especial Anticorrupción por haber recibido fuertes sumas de dinero de la “planilla dorada” del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Durante su testimonio ante dicho tribunal que preside el vocal superior Iván Sequeiros, Pinchi Pinchi aseguró que los magistrados Rolando Percy Escobar Lino, Víctor Martínez Candela y la fiscal Hilda Valladares Alarcón (prófuga de la justicia) visitaban frecuentemente el SIN y recibían dinero por sus “servicios” a Montesinos.
“El señor Montesinos les daba (dinero) cuando tenían casos importantes (…) yo he visto recibos a sus nombres con diversos montos”, sostuvo Pinchi, para aseverar que los antes mencionados, junto a otros magistrados, figuraban en una lista que manejaba María Angélica Arce, secretaria de Montesinos.
En este caso, son también procesados el ex juez Segundo Nicolás Trujillo y los ex fiscales Víctor Hugo Salvatierra Valdivia, Fernando Egas Contreras y Kathia Chávez Aragón, por los presuntos delitos de prevaricato, asociación ilícita para delinquir, corrupción de funcionarios (cohecho propio).
Para todos los procesados, la Tercera Fiscalía Superior Anticorrupción ha solicitado penas entre 5 y 9 años de prisión efectiva y el pago de S/. 150,000.00 hasta S/. 700,000.00 por concepto de reparación civil.
martes, 5 de mayo de 2009
LEON ALEGRIA,, que alegria
http://www.larepublica.pe/node/191543
La falta de presupuesto impide revisar el CPU de León Alegría
Mar, 05/05/2009 - 08:13
Sin embargo, el gerente general del PJ dice que es un problema técnico normativo. Hugo Suero Ludeña plantea utilizar el software comprado para el caso Business Track y contratar expertos en informática forense.
César Romero Calle.
Por falta de presupuesto o desidia, el juez Jorge Barreto Herrera aún no puede revisar y visualizar el contenido del disco duro de la computadora de Rómulo León Alegría, en la investigación por el “faenón” de los contratos petroleros.
Según la Corte Superior de Lima, la responsabilidad es de la Gerencia General del Poder Judicial, que no aprueba los fondos necesarios. Sin embargo, el gerente general del PJ, Hugo Suero Ludeña, tiene otra versión de los hechos.
Para la Corte de Lima, el tema se soluciona aprobando el desembolso de los 70 mil soles que plantearon los peritos judiciales Rubén Ruesta Arroyo y Enrique Segundo Suárez para realizar esta tarea.
Hugo Suero explicó a La República que no se trata de falta de presupuesto, sino de un impase técnico normativo que tiene fácil solución si se quisiera hacer.
Informática forense
“No sabía que el doctor Barreto tenía este problema. Ni él ni la presidencia de la Corte Superior de Lima me han hablado de falta de presupuesto. Esto es un tema técnico y normativo”, indicó Suero.
“El reglamento de peritos judiciales –continuó– establece que el Poder Judicial no paga peritajes en el área penal. Aquí los peritajes son de parte interesada, por eso cuando nos hicieron la consulta les dijimos que la salida era contratar especialistas en informática forense”.
El gerente general anotó que esto es lo que se está haciendo con la jueza María Martínez Gutiérrez, quien investiga el caso de Business Track.
“El Poder Judicial ha comprado un software de informática forense que se puede utilizar en estos casos, voy a comunicarme con el doctor Barreto para ver qué pasa”, subrayó Suero.
Mientras sucede esta falta de comunicación, el perito Segundo Suárez declinó participar en el caso de León Alegría. A fines de enero fue contratado como perito por la defensa de Carlos Tomasio, uno de los principales funcionarios de Business Track, acusados de chuponear a León Alegría.
Más de Seis meses
La investigación judicial a Rómulo León Alegaría comenzó el 22 de octubre del 2008, y desde entonces la fiscalía planteó e insiste periódicamente en revisar el CPU de la computadora de dicho personaje, algo que seis meses después aún no se realiza.El fiscal anticorrupción Óscar Zevallos advirtió que en dicho CPU hay unos dos mil e-mails de la correspondencia de León Alegría con importantes funcionarios del actual gobierno que podrían revelar otros casos de corrupción.
Pero pese a esa importancia, las autoridades judiciales han puesto poco interés en esa diligencia, lo que ha favorecido a los principales implicados: Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber y Fortunato Canaán.
Por ejemplo, la Tercera Sala Anticorrupción resolvió que en este caso no había asociación ilícita porque no hay prueba que demuestre que los cuatro o tres de ellos se asociaron expresamente para favorecer de la licitación de los cinco lotes petroleros. Esa prueba podría estar en uno de los correos de León que permanece sin revisar. El juez Jorge Barreto se ha pasado estos seis meses con el interrogatorio a los 15 implicados, en su mayoría funcionarios de Petroperú y Perupetro, pero sin mayores avances.
Secreto
Pendiente. También está pendiente recabar información del levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper con los presidentes de Perupetro y Petroperú y otros funcionarios del Estado. Igualmente, la revisión del contenido de las cajas de seguridad que León Alegría tenía en el Banco Continental. (Edición impresa La República)
La falta de presupuesto impide revisar el CPU de León Alegría
Mar, 05/05/2009 - 08:13
Sin embargo, el gerente general del PJ dice que es un problema técnico normativo. Hugo Suero Ludeña plantea utilizar el software comprado para el caso Business Track y contratar expertos en informática forense.
César Romero Calle.
Por falta de presupuesto o desidia, el juez Jorge Barreto Herrera aún no puede revisar y visualizar el contenido del disco duro de la computadora de Rómulo León Alegría, en la investigación por el “faenón” de los contratos petroleros.
Según la Corte Superior de Lima, la responsabilidad es de la Gerencia General del Poder Judicial, que no aprueba los fondos necesarios. Sin embargo, el gerente general del PJ, Hugo Suero Ludeña, tiene otra versión de los hechos.
Para la Corte de Lima, el tema se soluciona aprobando el desembolso de los 70 mil soles que plantearon los peritos judiciales Rubén Ruesta Arroyo y Enrique Segundo Suárez para realizar esta tarea.
Hugo Suero explicó a La República que no se trata de falta de presupuesto, sino de un impase técnico normativo que tiene fácil solución si se quisiera hacer.
Informática forense
“No sabía que el doctor Barreto tenía este problema. Ni él ni la presidencia de la Corte Superior de Lima me han hablado de falta de presupuesto. Esto es un tema técnico y normativo”, indicó Suero.
“El reglamento de peritos judiciales –continuó– establece que el Poder Judicial no paga peritajes en el área penal. Aquí los peritajes son de parte interesada, por eso cuando nos hicieron la consulta les dijimos que la salida era contratar especialistas en informática forense”.
El gerente general anotó que esto es lo que se está haciendo con la jueza María Martínez Gutiérrez, quien investiga el caso de Business Track.
“El Poder Judicial ha comprado un software de informática forense que se puede utilizar en estos casos, voy a comunicarme con el doctor Barreto para ver qué pasa”, subrayó Suero.
Mientras sucede esta falta de comunicación, el perito Segundo Suárez declinó participar en el caso de León Alegría. A fines de enero fue contratado como perito por la defensa de Carlos Tomasio, uno de los principales funcionarios de Business Track, acusados de chuponear a León Alegría.
Más de Seis meses
La investigación judicial a Rómulo León Alegaría comenzó el 22 de octubre del 2008, y desde entonces la fiscalía planteó e insiste periódicamente en revisar el CPU de la computadora de dicho personaje, algo que seis meses después aún no se realiza.El fiscal anticorrupción Óscar Zevallos advirtió que en dicho CPU hay unos dos mil e-mails de la correspondencia de León Alegría con importantes funcionarios del actual gobierno que podrían revelar otros casos de corrupción.
Pero pese a esa importancia, las autoridades judiciales han puesto poco interés en esa diligencia, lo que ha favorecido a los principales implicados: Rómulo León Alegría, Alberto Quimper, Ernesto Arias Schreiber y Fortunato Canaán.
Por ejemplo, la Tercera Sala Anticorrupción resolvió que en este caso no había asociación ilícita porque no hay prueba que demuestre que los cuatro o tres de ellos se asociaron expresamente para favorecer de la licitación de los cinco lotes petroleros. Esa prueba podría estar en uno de los correos de León que permanece sin revisar. El juez Jorge Barreto se ha pasado estos seis meses con el interrogatorio a los 15 implicados, en su mayoría funcionarios de Petroperú y Perupetro, pero sin mayores avances.
Secreto
Pendiente. También está pendiente recabar información del levantamiento del secreto de las comunicaciones de los números telefónicos de Rómulo León Alegría y Alberto Quimper con los presidentes de Perupetro y Petroperú y otros funcionarios del Estado. Igualmente, la revisión del contenido de las cajas de seguridad que León Alegría tenía en el Banco Continental. (Edición impresa La República)
ALCALDE SALVADOR HERESI
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=view&id=51291&Itemid=32
El alcalde que se sacó la Tinka
Con sueldo de 8,600 soles compró tres departamentos de lujo y casa en Asia. Hace siete años, Salvador Heresi Chicoma llegó al sillón municipal de San Miguel. Al cabo de ese tiempo se compró tres departamentos en zonas residenciales de Lima, construyó una casa en Asia y ha adquirido propiedades por medio millón de dólares. Lo único raro es que ni su sueldo ni sus ingresos familiares justificarían esta bonanza.
Nuevo vecino Según un informe televisivo en febrero del 2003 se convirtió en vecino de San Isidro por partida doble. El alcalde sanmiguelino adquirió dos departamentos ubicados en la primera cuadra de la calle Juan Mejía Baca por 145,000 dólares americanos. A pesar de ganar no más de 8,600 soles mensuales como funcionario público, entregó 30 mil dólares en efectivo (lo que ganaba en once meses) y firmó un compromiso de 72 cuotas mensuales de US$ 3,111 cada una. Aquí surge el primer aspecto a esclarecer: Según la declaración jurada que Heresi presentó a Contraloría General de la República, su sueldo neto no llegaba siquiera a los S/. 8,600, y percibía ínfimas cantidades por dar en alquiler algunas propiedades. ¿Cómo hacía para pagar deudas que sobrepasaban su remuneración oficial?
Más propiedades Pero allí no quedan las adquisiciones de Heresi. En el año 2005 compró un terreno de 180 metros cuadrados frente a la playa Las Arenas, en el exclusivo balneario de Asia. Según su misma declaración ante cámaras, pagó 20 mil dólares en efectivo, financiado por un crédito bancario de US$ 55,000 a pagar 72 cuotas mensuales de US$ 685 cada una. Sin embargo, en su reciente declaración jurada, la propiedad –en la que ya está construyendo su residencia– figura por 3,501 nuevos soles, cuando está valorizada en 210 mil dólares.Al parecer, en el 2008 Salvador Heresi ya había cancelado sus dos departamentos en San Isidro, y decidió comprar otra vivienda en Orrantia del Mar por US$ 100,000. El pago fue en efectivo. Ese mismo año sumó a su patrimonio una camioneta Subaru del año por 20 mil dólares.“Me someto a investigación”En su defensa, Heresi Chicota indicó tener todos sus documentos en regla, para sustentar cómo afronta estos cuantiosos pagos mensuales. Entre sus argumentos, figura que su esposa Graciela Salina aporta entre seis mil y siete mil dólares mensuales al hogar, por sus actividades como asesora municipal chalaca y asesorías jurídicas. CéSAR ROJAS
Denunciado por “publicherrys” La gestión en el cabildo sanmiguelino de Salvador Heresi también ha sido objeto de acusaciones, especialmente por los elevados montos para pagar espacios noticiosos en publicaciones menores, a fin de supuestamente promocionar incondicionalmente todas las acciones ediles. Así lo denuncia el director de la revista “Apertura”, Pedro Martínez Valera.
El alcalde que se sacó la Tinka
Con sueldo de 8,600 soles compró tres departamentos de lujo y casa en Asia. Hace siete años, Salvador Heresi Chicoma llegó al sillón municipal de San Miguel. Al cabo de ese tiempo se compró tres departamentos en zonas residenciales de Lima, construyó una casa en Asia y ha adquirido propiedades por medio millón de dólares. Lo único raro es que ni su sueldo ni sus ingresos familiares justificarían esta bonanza.
Nuevo vecino Según un informe televisivo en febrero del 2003 se convirtió en vecino de San Isidro por partida doble. El alcalde sanmiguelino adquirió dos departamentos ubicados en la primera cuadra de la calle Juan Mejía Baca por 145,000 dólares americanos. A pesar de ganar no más de 8,600 soles mensuales como funcionario público, entregó 30 mil dólares en efectivo (lo que ganaba en once meses) y firmó un compromiso de 72 cuotas mensuales de US$ 3,111 cada una. Aquí surge el primer aspecto a esclarecer: Según la declaración jurada que Heresi presentó a Contraloría General de la República, su sueldo neto no llegaba siquiera a los S/. 8,600, y percibía ínfimas cantidades por dar en alquiler algunas propiedades. ¿Cómo hacía para pagar deudas que sobrepasaban su remuneración oficial?
Más propiedades Pero allí no quedan las adquisiciones de Heresi. En el año 2005 compró un terreno de 180 metros cuadrados frente a la playa Las Arenas, en el exclusivo balneario de Asia. Según su misma declaración ante cámaras, pagó 20 mil dólares en efectivo, financiado por un crédito bancario de US$ 55,000 a pagar 72 cuotas mensuales de US$ 685 cada una. Sin embargo, en su reciente declaración jurada, la propiedad –en la que ya está construyendo su residencia– figura por 3,501 nuevos soles, cuando está valorizada en 210 mil dólares.Al parecer, en el 2008 Salvador Heresi ya había cancelado sus dos departamentos en San Isidro, y decidió comprar otra vivienda en Orrantia del Mar por US$ 100,000. El pago fue en efectivo. Ese mismo año sumó a su patrimonio una camioneta Subaru del año por 20 mil dólares.“Me someto a investigación”En su defensa, Heresi Chicota indicó tener todos sus documentos en regla, para sustentar cómo afronta estos cuantiosos pagos mensuales. Entre sus argumentos, figura que su esposa Graciela Salina aporta entre seis mil y siete mil dólares mensuales al hogar, por sus actividades como asesora municipal chalaca y asesorías jurídicas. CéSAR ROJAS
Denunciado por “publicherrys” La gestión en el cabildo sanmiguelino de Salvador Heresi también ha sido objeto de acusaciones, especialmente por los elevados montos para pagar espacios noticiosos en publicaciones menores, a fin de supuestamente promocionar incondicionalmente todas las acciones ediles. Así lo denuncia el director de la revista “Apertura”, Pedro Martínez Valera.
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL - CORRUPTO?
por Herbert Mujica Rojas
4-5-2009
TC viola derechos humanos ¿Puede el Tribunal Constitucional convertir lo que el Poder Judicial declara por resolución firme como “nulo e inexistente por tener objeto ilícito”, en“legal y existente” para que produzca efectos jurídicos favorables a un banco? ¿el mundo al revés o la génesis de un absurdo inaceptable? El escenario de este intríngulis es Arequipa. ¿En qué parte del mundo un pagaré nulo cuya emisión fue con propósitos ilícitos gesta un acto jurídico válido? ¿no es eso acaso lo que está perpetrando el Tribunal Constitucional? Los miembros del TC, como cualquier peruano tienen que “respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la Nación”, con pleno conocimiento, resolvieron en ese sentido el 23 de agosto del 2006 en la causa Nº 6759-2006, resolución que curiosamente se notifica ¡9 meses después, el 23 de febrero del 2007 !En dicha resolución, se afirma que en el ilegal proceso de ejecución de garantías contra Fernando Gerdt Tudela, el banco ejecutante no usó el pagaré para determinar la obligación, sino sólo una pericia de dicho pagaré. El tema es que el Tribunal Constitucional sabía a plenitud que el PoderJudicial, por sentencias firmes uniformemente favorables a Fernando Gerdt Tudela y hasta de la propia Corte Suprema, había declarado la nulidad del pagaré cuya pericia era la que determinaba el supuesto saldo deudor, por tener fin ilícito. ¿Cómo podía tener entonces sustento la pericia de un pagaré nulo einexistente por tener fin ilícito y que fue un delito y que estaría generando un acto jurídico válido? Un verdadero imposible jurídico que el TC mantiene por más de 2 años y 2 meses sin declarar la nulidad de su propia resolución y corrigiendo su error, declarar fundado el proceso de amparo que se interpuso, pues es una violación al debido proceso el haber hecho todo un proceso de ejecución degarantías en base a algo inexistente, es decir, que ni el pagaré ni laliquidación que se aparejó a la demanda, podían acreditar algo, pues son nulas por tener fin ilícito. El Tribunal Constitucional ha recibido hasta la fecha 31 recursos reclamandose resuelva la nulidad de la resolución de 23 de agosto del 2006 en el proceso de amparo Nº 6759-2006, sin que lo haya hecho hasta la fecha, habiendo recibido incluso copia certificada de todos los actuados pertinentes y el pagaré ya testado por el Poder Judicial, de forma tal que para resolver la nulidad planteada, todos sus miembros tienen conocimiento pleno de la situación. Con este pagaré nulo y cuyo fin es ilícito, se despojó de su propiedad -y se la destruyó- al ciudadano Fernando Gerdt Tudela, casa que era parte del patrimonio de la humanidad y donde vivió el doctor José Luis Bustamante y Rivero. ¿Habría interés en no resolver a fin de que el banco que hizo el ilegal proceso y sus cómplices, tengan tiempo de hacer más actuaciones ilegales a fin consumar el despojo? El objeto del proceso de amparo, que es por violación al debido proceso, es que se declare la nulidad de todo el juicio de ejecución Nº 659-97 porque se hizo en base a un pagaré y una liquidación basada en el mismo, cuyo acto jurídico ha sido declarado nulo por tener fin ilícito, debiéndose, además, declarar nulos todos los asientos registrales que transfieren la propiedad. ¿Defiende el TC la Constitución y la ley como es su función, o es quetambién se cuecen habas allí y se violan los derechos humanos como ocurre flagrantemente en este caso?
¡Atentos a la historia, las tribunas aplauden lo que suena bien!
¡Ataquemos al poder, el gobierno lo tiene cualquiera!
¡Rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz!
¡Sólo el talento salvará al Perú!
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