ALAN NO NEGOCIO LOS MIRAGE 2000

LOS MIRAGE

El once de octubre de 1982 se autorizó la compra de los 26 Mirage por un valor de 4,564'000,000 de francos franceses. En diciembre de ese año, con los convenios Júpiter I y II se mandó a fabricar a las empresas francesas Dassault, SNECMA y Thomson un total de 26 aviones Mirage 2000. Dos años después, El 28 de diciembre de 1984, se elevó el valor de los aviones a 4,960'000,000 de francos franceses, mediante un convenio denominado Júpiter III.
El presidente electo, Alan García Pérez, conoció o se conectó con Abdul Rahman El Assir en su periplo por Europa del mes de junio de 1985. Luego lo invitó a la transmisión de mando de ese mismo año, aunque ese no sería su único viaje en el primer año de gobierno de García.
Esta probado que este personaje es un conocido traficante de armas que opera principalmente en el mundo árabe. ALan García tomó la decisión de reducir el número de aviones Mirage adquiridos antes de asumir la presidencia, sin previa consulta a los mandos de la F.A.P. Las dos comisiones negociadoras que se enviaron a Paris, con respecto de los Mirage, se reunieron con Abdul Rahman El Assir, quien inclusive los invito a viajar a España en su avión particular. Surge la figura de la reventa. El Perú compraría los 26 aviones y luego los revendería a otros países.
Con el convenio Júpiter IV, el Perú adquirió oficialmente sólo doce aviones y un "simulador de vuelos". Cada uno le costó 32'833,000 dólares, un precio superior al consignado en los anteriores convenios. Al sugerir la hipótesis de que la reventa sí se efectuó, miembros de las comisiones negociadoras dijeron que era imposible, puesto que el Perú no poseía los aviones: los aviones no estaban construidos.
Estas afirmaciones resultan totalmente falsas si se consideran las fechas de llegada de los aviones, así como los números de serie de sus reactores. La operación dé reventa de los restantes 14 Mirage les significó una utilidad de unos 200 millones de dólares que fueron repartidos entre Atan García y sus amigos, los intermediarios árabes, funcionarios de las empresas fabricantes y funcionarios franceses, egipcios e irakíes.

Collique, negociado Ministerio de Vivienda

Ministerio de Vivienda. Enrique Cornejo

Collique

Pocas veces se ha visto en la bancada del Apra una posición crítica contra algún funcionario oficialista. Por eso los compañeros defienden con uñas y dientes al ministro de Vivienda, Enrique Cornejo, ante el justificado cargamontón de la opinión pública por la ilegal venta de 600,000 m2 del aeropuerto de Collique. El aprismo respalda a Cornejo sin sustento lógico y legal. Huele a censura.

Viviendas

Resulta que, de la noche a la mañana, Cornejo duplicó –de 10,000 a 20,000– el número de viviendas de interés social que se pretende construir en el aeródromo de Collique, argumentando que por ello no debe criticarse la escandalosa operación de compra-venta. ¿Pero, acaso eso justifica haber vendido el metro cuadrado como terreno rústico a un precio subvalorado; o ir contra acuerdos específicos del Parlamento; o vulnerar la voluntad de los ciudadanos que hace sesenta y siete años donaron esas tierras para que se destinen –exclusivamente– a construir una escuela aeronáutica y un aeródromo? Sabe a chicharrón.

Empresas

A propósito, las empresas favorecidas con la venta de terrenos en Collique son una chilena y otra peruana. Y coincidentemente ésta última –Graña y Montero– se adjudicó asimismo el enorme local donde funcionó durante décadas el ex cuartel La Pólvora en El Agustino, donde de manera febril se vienen edificando 3,500 viviendas. A quien Dios se la dio...

Director Graña Acuña Hernando Alejandro C.
Director Harsem Gomez De La Torre Teodoro
Gerente General Alvarado Pflucker Mario German Oscar
Gerente Gral. Carrillo Thorne Manuel
Presidente Directorio Graña Miro Quesada Jose Alejandro
Vicepresidente Montero Graña Juan Carlos Antonio

ALCALDE UCAYALI LUIS VALDEZ

UCAYALI
Reprograman juicio contra Luis Valdez

La Corte Superior de Justicia de Ucayali reprogramó para el próximo jueves 25 de setiembre el inicio del juicio oral contra el alcalde de Coronel Portillo, Luis Valdez, y el ex magistrado Solio Ramírez, quienes son acusados de ser los autores intelectuales del asesinato del periodista Alberto Rivera, ocurrido el 21 de abril del 2004.
El corresponsal de Ideeleradio informó que este proceso estará a cargo de la Primera Sala Especializada en lo Penal de Ucayali, presidida por el vocal superior René Martínez Castro e integrada por Francisco Boza Olivari y Randolf Rivera Berrospi.
A la audiencia han sido citados tres funcionarios de la Municipalidad de Coronel Portillo con el fin de que declaren en calidad de testigos en este

FUJIMORISTAS, JOY WAY, BACA CAMPODONICO, SAUCEDO, CAMET DICKMAN, BERGAMINO

PROCURADURÍA PIDE INICIAR JUICIO A FUJIMORI POR DESVÍO DE FONDOS AL SIN

La Procuraduría Anticorrupción pidió a la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema disponer el inicio del juicio oral al ex presidente Alberto Fujimori y a un grupo de ex ministros de su régimen por desviar mil millones de soles al Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) a través de la emisión de decretos de urgencia.
La defensa del Estado peruano pide que Fujimori y los ex ministros fujimoristas

Víctor Joy Way, Jorge Baca Campodónico, César Saucedo Sánchez, Jorge Camet Dickman, y Carlos Bergamino Cruz, entre otros,

sean juzgados por el desfalco producido a las arcas fiscales haciendo uso del poder que tenían en el gobierno de ese entonces.
Ellos han sido acusados por el fiscal supremo, Pablo Sánchez Velarde, por los delitos de asociación ilícita para delinquir, colusión ilegal, malversación de fondos y falsedad ideológica.
Asimismo se encuentra comprendido el ex contralor Víctor Caso Lay -prófugo de la justicia- a quien se le imputa el delito de asociación ilícita para delinquir y complicidad en malversación de fondos.
El ex jefe nominal del SIN, Julio Salazar Monroe, quien fue implicado en este caso inicialmente, fue separado del proceso por el fiscal Sánchez Velarde.
Al respecto, la Procuraduría Anticorrupción pidió a la Sala Penal Permanente remitir en consulta el expediente a un fiscal supremo que sea superior a Pablo Sánchez, para que revise la acusación, a fin de juzgar a Salazar Monroe por estos hechos.

MONTESINOS TRAICION A LA PATRIA

La verdad, luego de 27 años

21 de Enero 2002
La verdadera historia del primer delito de Montesinos contra la PatriaDurante décadas se creyó que los documentos que había robado Montesinos cuando era un capitán del ejército contenían información sobre compra de armas. Jerónimo Centurión, del programa Entre Líneas de Canal N, buscó a los viejos generales testigos de la historia y descubrió que la verdad era mucho más sorprendente.
El general Edgardo Mercado Jarrín cuenta una historia guardada en secreto durante casi treinta años.agenciaperu.comUna noche de 1975, el Comandante General del Ejército y ministro de Guerra de Velasco, general Edgardo Mercado Jarrín, descubrió que habían desaparecido valiosos documentos del cajón de su escritorio en el cuartel general.Veintisiete años después, el general Mercado Jarrín, recuerda el incidente: 'Cuando yo llegué una noche a mi casa me di cuenta que me faltaba ese documento. Entonces regrese al cuartel general por el documento de cambios de colocación, pero no había. Entonces reuní a todos mis ayudantes y les doy un plazo de dos horas. Si este documento no aparece, los someto a la justicia militar, les dije'.Entre sus ayudantes destacaba el inefable Vladimiro Montesinos, entonces un joven capitán, estudioso y adulador, aficionado a coleccionar documentos. 'Yo lo miraba a Montesinos, sabía que él era (quien había sustraído los documentos). A la hora, vino acá y me dijo que era un error, aquí le traigo el documento y le pido mi baja. Yo le dije que no quería saber nada de él, lo rehice y lo despaché'.Durante casi tres décadas, el general Mercado mantuvo en secreto el contenido de este documento. El misterio creo confusión: cuando el mayor de inteligencia, Fernández Salvatecci, acusó a Montesinos de espía, se asumió que los papeles robados detallaban la compra de armas a la entonces Unión Soviética.El ex ministro de Guerra niega esta versión: 'Nunca he tenido documentos de compra de armas' afirma. 'Un ministro de Guerra no maneja documentos de ninguna clase. Una vez que acabe la negociación el pago lo hizo el director de economía de mi institución y luego el ministro de Economía'. Y añade: 'Todas las compras se hicieron de gobierno a gobierno. No había secreto sobre lo comprado, sobre lo que sí había secreto es el numero'.Luego de 27 años, el programa Entre Líneas de Canal N, obtuvo de boca del ex primer ministro de Velasco la revelación: 'Lo que sí es cierto es que a mí se me desapareció un documento referido a los cambios de colocación. Era un documento referido a los cambios de colocación cuando yo ya me iba al retiro'.- ¿Este documento podía ser de interés en el extranjero o era sólo de era de interés local? - Los documentos de cambios de colocación son siempre valiosos. En un gobierno militar eran mucho más importantes que ahora. Con ese documento, yo ya sabía que Velasco no iba a continuar.
General (r) Sinesio Jarama: 'Le perdonaron la vida'.Los documentos que había sustraído Montesinos eran claves para la historia del Perú. 'Estos cambios de colocación iban a definir el futuro, porque la mayoría que estaban cambiando no eran del afecto de Velasco. Yo sabía que con esos generales iba a haber un golpe contra Velasco. Que si yo hago esos cambios con Velasco, quizás no hubiera habido el golpe de Morales (Bermúdez). Morales me debe a mí, porque él hizo los cambios' revela el general Mercado.El general en retiro, Sinesio Jarama, entonces Jefe de Información del ministro de Guerra, trabajó junto a Montesinos durante 1975. Hoy, confirma el contenido del documento que robó el ahora encarcelado ex asesor.- ¿Por qué se pensó que se trataba de documentos de compra de armas? - Porque nadie supo de qué se trataba, sencillamente eso. Pero yo sí supe de qué se trataba.- ¿Por qué no dijo antes que este documento es lo que era realmente, ni siquiera cuando sale en Caretas una historia distinta?- Si se hubiera tratado, por ejemplo, de compra de armas, de venta de armas, bueno. Pero estamos hablando de otra cosa. Yo tengo la impresión que Montesinos llegó a sacar copia a los documentos, pero le ganó el tiempo y ya no lo pudo reponer.Nunca se supo cuántos documentos robó Montesinos al general Mercado Jarrín; éste sólo descubrió el robo de uno. Montesinos jamás fue denunciado por la sustracción de estos documentos.Sin embargo, en 1983 se allanó la casa de Montesinos y se encontró más de una sorpresa: documentos clasificados y secretos, detallando compras, cambios y ascensos, que el entonces capitán había vendido a la CIA y a la KGB.
General Jaime Salinas Sedó: 'En ese momento fue más importante mantener en secreto a un espía que meter preso a Montesinos'.Poco después, a raíz de una denuncia de Fernández Salvatecci -quien lo acusó de espía- y a la información de un agente peruano en el Ecuador -que lo vio vendiendo documentos secretos en el país del norte- el procurador del Estado para asuntos de guerra, Abraham Talavera, denunció a Montesinos por traición a la patria.El general Jarama no considera que Montesinos fuera juzgado correctamente. 'Con sus antecedentes no era para perdonarle la vida' sostiene. 'Todos esos elementos juntados, en el contexto de su personalidad, daban más elementos de juicio para decir que era nocivo para la sociedad'.Durante el proceso, el general Mercado Jarrín fue citado por la justicia como testigo. El general nunca acudió. El general Jaime Salinas Sedó tiene una explicación: si el general Mercado hubiera denunciado el robo de estos documentos secretos, hubiese tenido que sufrir las consecuencias de su responsabilidad. 'Los documentos secretos en las Fuerzas Armadas tienen un manejo especial. En caso de juzgar a Montesinos por ese delito, se hubiera tenido que juzgar también a Mercado por negligencia, porque Montesinos estaba bajo su custodia' sostiene. El general Salinas Sedó considera que en ese momento fue el ejército quien ayudó a salvarle el pellejo al ex asesor. 'Los sistemas de inteligencia trabajan con agentes encubiertos en todas partes del mundo. Eso no es un secreto. Uno de los agentes vio a Montesinos, pero cuando el abogado de Montesinos exige como prueba que el espía venga, se decide que el espía no venga para no desbaratar esa persona' recuerda. 'Fue más importante mantener en secreto a esas personas que estaban en el Ecuadro que meter preso a Montesinos.'El tiempo demostraría que Montesinos solo es fiel a su estilo y a sus perversiones. El general Jarama reflexiona al respecto: 'Lo que uno concluye es que Montesinos le gustaba atesorar información, que podía no ser importante hoy día, pero podía serlo mañana. Es lo que siempre ha hecho, se puede ver en los vladivideos, que muestran al cobarde que ejerce un poder que está fuera de su alcance y por eso necesita testimonios'. Y remata: 'Montesinos hizo del chino Fujimori, lo que no pudo ser el chino Velasco'.

GENARO DELGADO PARKER NO LE DEBE A NADIE

Congreso pide informe sobre deudas de Genaro

La Primera 17 de Setiembre 2008

Genaro debe responder.
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso solicitará al Ministerio de Transportes y a la Sunat informe por qué Genaro Delgado Parker no paga los más de cien millones de soles que adeuda al Estado por uso de la señal abierta de Panamericana Televisión (canon radioeléctrico) e impuestos a la Sunat. El presidente de ese grupo de trabajo, José Maslucán, dijo que los miembros de ese grupo pedirán a las instancias correspondientes los informes contables correspondientes al detalle para pronunciarse y convocar, de ser necesario, a la titular del sector, Verónica Zavala.En la misma línea se pronunció el parlamentario Daniel Abugattás, quien precisó que la “deuda por el uso de la señal, que se conoce como canon radioeléctrico, asciende a un millón 700 mil soles y la deuda a la Sunat supera los 99 millones de soles. Y eso sólo de Panamericana, sin considerar a Panamericana Contenidos, Astros, y otras empresas suyas”.“Es más que evidente para todos que el gobierno recibe favores del canal y por eso no cobra. No hay que ser ciego para ver que la línea periodística del Canal 5 es favorable al gobierno. Basta ver cómo transmite los discursos de los apristas en su local de Alfonso Ugarte, la cobertura al presidente García. Ese es el costo. A nadie le queda la menor duda que esto es un canje”, aseguró. Abugattás habló también de la posibilidad de la conformación de una Comisión Investigadora, idea que fue secundada por el parlamentario Isaac Mekler, quien dijo que es necesaria no sólo para ver el caso Delgado Parker, sino también los de otros medios de comunicación que no cumplen con pagar sus obligaciones tributarias. Agregó que con Canal 5, el Estado está abdicando de sus derechos y probablemente esto se debe a intereses políticos del gobierno.El legislador Yonhy Lescano opinó que la Comisión de Fiscalización del Parlamento debe investigar de oficio las denuncias sobre las deudas del administrador judicial de Panamericana Televisión, Genaro Delgado Parker, con el Estado.

PREMIER DEL CASTILLO NO ES LADRON

Documento revela que Del Castillo fue informado que se estaban subvaluando terrenos del Estado.

Premier conocía fraude y autorizó vender terrenos
Documentos demuestran que Del Castillo sabía de ventas de terrenos y no hizo nada.
¿Jóvenes con plata? Sobre la participación de los Wong, García Belaunde dijo que resulta sospechoso también que Inmobiliaria Tulcea, la empresa que compró el terreno de La Molina a Sinka International, se haya creado con 400 soles de capital social y esté formada por jóvenes de 22 años. Se va a invitar al Congreso a los hermanos Wong, implicados en la transacción.
Aparecen nuevas revelaciones que dan cuenta que el premier Jorge del Castillo había sido advertido que el terreno de La Molina iba a ser vendido a precio muy por debajo del precio real; sin embargo Del Castillo no hizo nada por evitarlo. Más bien autorizó la venta dolosa, causando pérdidas económicas al Estado que superan los 26 millones de dólares.Del Castillo presidió las sesiones del Consejo Directivo de Proinversión que autorizaron la venta del citado terreno a precio muy por debajo del que rige en el mercado.En el oficio 8716-2006/SBN, el ex superintendente de Bienes Nacionales, Camilo Carrillo Gómez, informó al entonces director ejecutivo de ProInversión, René Cornejo, algunas observaciones a la pretendida venta del “inmueble ubicado en la avenida Siete número 229-351, Urbanización Rinconada Baja, distrito de La Molina (…)”.Y, no sólo eso. Inició las coordinaciones del caso con el Ministerio de Economía y Finanzas para dejar sin efecto la Resolución Suprema 491-2001, que disponía la venta del inmueble, por no estar de acuerdo con el precio de 6’ 885,500 dólares fijado por el Consejo Nacional de Tasaciones (Conata), en junio del 2006.Es decir, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros conocía de esta alerta, porque los funcionarios de ProInversión están en la obligación por ley de informar de un caso tan importe a su jefe.“La responsabilidad política en estos casos es grave, la Conata es otra de las entidades que hay que investigar. El ministro de Vivienda (Enrique Cornejo) y el primer ministro (Jorge del Castillo), tienen que asumir su responsabilidad política en estos hechos porque es claro que hubo irregularidades”, subrayó Víctor Andrés García Belaunde, miembro de la Comisión Investigadora de la venta de terrenos del Estado, al ser consultado por LA PRIMERA sobre el mencionado documento.Del mismo modo, dijo el congresista Daniel Abugattás, tendrán que responder por sus actos en esta fraudulenta venta David Lemor, director ejecutivo de ProInversion, y Jorge Villanueva Villarreal, director de la Superintendencia de Bienes Nacionales.El legislador García Belaunde denunció, el lunes pasado, que los ex superintendentes de la SBN, Aída Amézaga, y Camilo Carrillo, también advirtieron al ex ministro de Economía, Pedro Pablo Kuczynski, sobre el precio bajo del terreno de La Molina, esto durante el gobierno del ex presidente Alejandro Toledo.No se salvanEl presidente del grupo investigador de este caso en el Congreso, Isaac Mekler, reveló que nuevos indicios hacen presumir que Del Castillo y Cornejo no podrán escapar a su responsabilidad política en estos hechos, pues sí conocían del bajo precio de los terrenos. “Debieron parar la venta porque sabían que el Estado estaba perdiendo grandes cantidades de dinero y no lo hicieron. Les dieron luz verde”, sostuvo.Según el legislador García Belaunde, Sinka International (empresa que opera el juego de LA TINKA) solicitó la compra del inmueble a precio base y en forma extemporánea, pues ya se había desestimado la venta.“Sin embargo, reabrieron el proceso para aceptar una compañía con 1,000 soles de capital social y se lo adjudicaron directamente. Han regalado un edificio de 12 mil 500 metros de construcción, más un terreno de 67 mil metros”, subrayó.Sobre el caso de Collique, dijo que se ha demostrado que hubo una decisión política para mal baratear el terreno. “Es algo inaceptable, fue donado al Estado para un fin específico y el Estado no honró el compromiso que adquirió”.“Cambiaron la sede de la subasta para hacerla en forma clandestina, avisando sólo 12 horas antes a los postulantes y a puerta cerrada”, recalcó.De manera coincidente, Mekler, Raúl Castro y García Belaunde aseguraron que esa venta es ilegal, porque el Estado recibió esa propiedad y toda su infraestructura como una donación con el fin de promover la aviación civil.Defensoría investiga negociadoLa Defensoría del Pueblo acogió la denuncia presentada por representantes de decenas de miles de pobladores de Talara, en Piura, que están a punto de ser desalojados de sus viviendas si se anulan sus títulos de propiedad a pedido de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.Hugo León Manco, jefe del Área de Buena Administración de la Defensoría, envió una carta a Jorge Villanueva, el jefe de la Superintendencia, para informarle del inicio de una investigación sobre la grave situación planteada por la pretensión de arrebatar propiedades de las familias que ocupan la ex hacienda Lobitos, en el distrito de Los Órganos, en Talara, área que fue expropiada y luego pasó a pertenecer a la empresa Petroperú, pero que mucha gente ocupa desde hace más de diez años y hasta tienen títulos de propiedad.En el documento, la Defensoría solicita a la Superintendencia que explique si existe alguna disposición especial para el procedimiento de expropiación por parte de empresas estatales de derecho privado. Asimismo, le exige que explique los criterios para denunciar a los pobladores, como si fueran traficantes de terrenos. También se pide que precise el número de propietarios en la zona comprendida, detallando contra quiénes se iniciarán procesos penales y si es que se les ha informado de los procedimientos legales en su contra. La Defensoría advirtió que los terrenos, luego de ser arrebatados, serán rematados públicamente, pero los desalojados serían excluidos de participar en la referida subasta, y si pudieran participar de todas maneras salen perdiendo porque no tienen capacidad adquisitiva para comprar los terrenos perdidos. La Defensoría advirtió que esta situación genera incertidumbre en la población, lo cual puede desencadenar un nuevo conflicto social.

PRIMERA DAMA ELIANE Y EL BANCO WIESE

Eliane Karp: entre el campo y el banco
agenciaperu.com
11 de Agosto 2002

El conflicto de intereses en el caso Eliane Karp - Wiese puede ir más allá de lo que muchos creen. Uno de los amigos más cercanos de la Primera Dama, el señor Micha Hadash, desconocido para la gran mayoría de la opinión pública, es asesor del Ministerio de Agricultura. Karp, como se sabe, es la jefa de Proyectos Agrarios del Banco Wiese.
Además, el diario Correo hizo pública hoy la existencia de la Fundación Pacha por el Cambio. El periódico muestra las fichas de registro civil donde consta que es una persona jurídica de carácter privado. Entonces, si esta es una fundación privada, ¿por qué la señora Karp se ha reunido con el presidente de Francia, Jacques Chirac, con la reina Sofía, de España, y con empresarios extranjeros usando su cargo de Primera Dama para pedirles donaciones para su Fundación Pacha?
Así es, cuando Eliane Karp, como Primera Dama, y no como banquera o presidenta de una ONG, visitó a Chirac en diciembre del año pasado, le pidió dinero para Pacha. Cuando almorzó con la reina Sofía, el diario madrileño ABC, en su edición del 18 de diciembre, le ofreció la Presidencia de Honor de la Fundación. Incluso, Karp se volvió a reunir con la reina en mayo de este año, según el diario La República: "con el objetivo de obtener apoyo económico".
Así mismo, en una revista editada por la Cámara de Comercio de España en el Perú, se lee que la Primera Dama fue "con la intención de buscar la ayuda solidaria de empresas". Así, nuevamente, Karp de Toledo usó su cargo para su fundación privada.
Además, lo extraño de la Fundación Pacha es que fue creada en el Despacho de la Primera Dama y, hasta diciembre del 2001, funcionaba en el piso 11 de Petroperú.Agenciaperu.com obtuvo un documento titulado "Exposición de motivos para la creación de la Fundación para el Cambio Pacha". Allí, se señala que este es un proyecto concebido en la Oficina de la Primera Dama de la Nación en respuesta a las enormes demandas formuladas por las poblaciones originarias en el proceso de recuperación de la democracia.
Entonces cabe la pregunta: ¿es Pacha gubernamental o privada?
Para responder a este punto tal vez sea preciso observar cuál es primer objetivo de la Fundación Pacha: "Poblaciones capacitadas productivamente basándose en sus ventajas comparativas, organizadas asociativamente para la producción de bienes o servicios agrícolas, manufactureros, que les permitan acceder a mercados internos o de exportación".
Es decir, la jefa de Proyectos Agrarios del Banco Wiese, se va a encargar de los proyectos agrarios de asistencia social del gobierno. La Fundación Pacha está orientada a lo que ellos llaman poblaciones originarias y zonas urbano-marginales del Perú, con proyectos que son básicamente agrícolas.
Por último, la jefa de asesores del gabinete de la Primera Dama, Martha Hurtado Hurtado, que también es la segunda en el escalafón de la Fundación Pacha, trabajó en el Banco Wiese como gerente de Imagen hasta febrero de este año. Es decir, después de ser nombrada de jefa de asesores de Eliane Karp y después de fundar Pacha. ¿Acaso el despacho de la primera dama es una sucursal del Wiese?

QUIENES SON LOS LADRONES EN ESTE NEGOCIADO

El Estado pierde con venta de terrenos.

En La Molina, por ejemplo, la pérdida fue de 26 millones de dólares.
Festín de remates y adjudicaciones
Documentos de la Sunarp donde consigna la venta del terreno a Sinka International e Inmobiliaria Tulcea.
DETALLE“Si se hubiera vendido los 67 mil 457 metros cuadrados de terrenos de La Molina a 500 dólares el metro cuadrado, la venta hubiera superado los 33 millones de dólares. El Estado ha perdido unos 26 millones de dólares”, dijo García Belaunde.
Según la ficha electrónica de Registro de Propiedad Inmueble de la Oficina Registral de Lima y Callao, SINKA International S.A.C., de capitales chilenos, compró al Estado un terreno, ubicado en La Molina, en seis millones 885 mil 500 dólares, en abril del 2007. Pagó 100 dólares el metro cuadrado, cuando el precio comercial en la zona fluctúa entre 400 a 600 dólares el metro cuadrado, tal como lo pudo comprobar LA PRIMERA. En esta transacción, el Estado perdió aproximadamente 26 millones de dólares. Lo extraño del caso es que SINKA fue constituida por escritura pública el 23 de octubre del 2006, con un capital de apenas mil soles, siendo sus socios fundadores Héctor Figari con una sola acción y Dimitrios Karagounis con 999 acciones. Este último fue uno de los accionistas de La Tinka. Tras la venta al contado, el capital social de esta empresa fue aumentado el 24 de mayo del 2007 a 857 mil 440 soles. Dos meses después, el 24 de julio, se volvió a incrementar. Posteriormente, el 12 de marzo del 2008, SINKA vendió los terrenos a inmobiliaria TULCEA SAC en siete millones 500 mil dólares, siendo el pago en dos partes: tres millones 600 mil a la firma de la escritura pública y tres millones 900 mil al finalizar la transacción.Otro hecho sospechoso es que Inmobiliaria TULCEA se formó con un capital inicial de 400 soles el 4 de enero del 2008, es decir dos meses antes que comprara a SINKA.El miembro de la Comisión Investigadora de la venta de terrenos del Estado, Víctor Andrés García Belaunde, confirmó que este hecho forma parte de “un festín de remates y adjudicaciones que ha orquestado el gobierno del presidente García”.Terrenos a precio de gangaEl legislador de Alianza Parlamentaria Víctor Andrés García Belaunde denunció ayer que el gobierno pretende vender todos los terrenos del Estado, y que el remate del aeródromo de Collique y siete hectáreas de La Molina a precios subvaluados es sólo una muestra del negociado que viene haciendo con “nuestro patrimonio nacional”.“Hay un negociado del gobierno que se ha empeñado en un festín de remates y adjudicaciones de terrenos del Estado en forma clandestina como ha ocurrido en el caso de Collique, que se hizo a puerta cerrada en el Ministerio de Vivienda”, subrayó.En este punto, el legislador advirtió sobre la próxima venta de los terrenos de la Beneficencia Pública de Lima, hospitales y cuarteles. “Lo único que no venderá este gobierno serán los cementerios”, recalcó.El terreno donde se encontraba el aeródromo de Collique fue vendido el 29 de agosto pasado a Graña y Montero y Besco, esta última de capitales chilenos, en 28 dólares el metro cuadrado, para levantar en su lugar un conjunto habitacional, pese a que el Congreso resolvió un día antes que se suspenda la transacción.

16 CONGRESISTAS LADRONES

16 congresistas fueron denunciados por contrataciones irregulares

Práctica indebida incluye a mayoría de bancadas.
Dieciséis congresistas fueron denunciados por contrataciones irregulares de personal en sus despachos, entre el 2006 y 2008. Sin embargo, solo seis merecieron sanción de la Comisión de Ética, que terminaron en cinco suspensiones y una amonestación.
La indebida práctica, recurrente en este Congreso, provocó que el Pleno suspenda el 2007 a las desaforadas Elsa Canchaya y Tula Benites con la máxima sanción de 120 días. Ricardo Pando (fujimorista), José Vega (UPP) y Yanet Cajahuanca (nacionalista) también fueron suspendidos. José Mallqui (Unidad Nacional) fue amonestado.
Otros diez casos de congresistas denunciados por esta práctica fueron archivados. Entre ellos los de los upepistas José Saldaña, José Anaya Oropeza, Susana Vilca (Partido Nacionalista) y Alejandro Rebaza (Apra).
Según el balance de la Comisión de Ética, la contratación irregular es el tipo de denuncia que mayor cantidad de sanciones recibió.
EL DATO
Descargos. El martes la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibirá los descargos de los upepistas José Anaya y Margarita Sucari.

DIEGO GARCIA SAYAN, ALLANAMIENTO A LA CIDH

DIEGO GARCIA SAYAN Y EL ALLANAMIENTO A LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS



ESTIMADOS AMIGOS Y COMPAÑEROS: ME PERMITO ENVIARLES INFORMACION SOBRE LOS ALLANAMIENTOS DE CASOS INDIVIDUALES DE LA COMISION INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS ,QUE FUERAN MATERIA DE ARCHIVO POR PARTE DEL DR. DIEGO GARCIA SAYAN Y EL EMBAJADOR MANUEL RODRIGUEZ CUADROS (JEFE DE LA MISION PERMANENTE DEL PERU ANTE LA OEA) . ESPERO QUE LE SEA DE UTILIDAD. CUALQUIER DUDA SOBRE EL PARTICULAR, ESTOY A SU DISPOSICION.
UN FUERTE ABRAZO.
LUIS F. TEMPLE.

CUESTION PRELIMINAR


Todo funcionario o servidor público cualquiera haya sido su cargo o jerarquía debe ser investigado y denunciado si hubiera indicios suficientes y razonables para imputarles responsabilidad.





ANTECEDENTES



1. El ex Ministro de Justicia Diego García Sayán y el Embajador Manuel Rodríguez Cuadros, Representante Permanente del Perú ante la Organización de los Estados Americanos, durante la celebración del 110º Periodo de Sesiones Ordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC. Estados Unidos de América realizado en Febrero 2001; se reunieron con el Presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Dr. Claudio Grossman, su Primer Vicepresidente Juan Méndez, su Segunda Vicepresidente Marta Altolaguirre, los comisionados Robert Goldman y Peter Lauirie, y el Secretario Ejecutivo Jorge Taiana, Y SIN TENER AUTORIZACION EXPRESA AMPARADA EN DISPOSICIÓN LEGAL ALGUNA OBLIGO AL ESTADO PERUANO a propiciar una solución amistosa en determinados casos; a reconocer responsabilidad y adoptar medidas para restituir derechos afectados y/o reparar el daño causado, comprometiendo el Erario Nacional incondicional e ilimitadamente; y al Estado a buscar soluciones integrales en casos cerrados definitivamente y de denuncias que ya habìan sido consideradas con Archivo definitivo por haber sido materia de Informes Finales declarativos no vinculantes entre 1987 y 2000 ; asì como soluciones de casos que correspondian a 26 Informe Finales que aún no se habìan publicado. y por tanto, no obligatorios por su inexistencia y por tener el carácter de declarativos no vinculantes.

2. Cabe destacar que en esta reunión “oficiosa” se comprometió al Estado Peruano, acordando que “Tanto el Gobierno del Perú como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entienden que la solución que se busca se logrará teniendo en cuenta las obligaciones internacionales que el Estado peruano ha asumido teniendo en ejercicio de su soberanía, y los siguientes criterios específicos: - el reconocimiento de la responsabilidad del Estado peruano en los casos en los que se hayan afectado los derechos humanos; - la reparación de los daños y consecuencias a las víctimas, o a sus familiares, por las violaciones a los derechos humanos de las víctimas; - la realización de las investigaciones a que hubiere lugar en el ejercicio autónomo del poder judicial y la determinación de las responsabilidades respectivas; - la adopción de las medidas cautelares recomendadas por la Comisión, y la puesta en práctica de procedimientos de solución amistosa con la participación de la CIDH, los peticionarios y las víctimas o sus familiares”.



3. Conforme se detalla más adelante, el ex Ministro Diego García Sayán y el ex Embajador Manuel Rodríguez Cuadros establecieron sin autorización expresa ni autoridad para hacerlo una política gubernamental lesiva para los intereses del Estado que se plasmaron en las dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los denominados casos Cantuta y Castro Castro, sin dejar de mencionar la irríta indemnización abonada a Leonor La Rosa, cuando los casos ya habían sido cerrados a nivel Comisión Interamericana de Derechos Humanos; propiciando su conocimiento extemporáneo por la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando ya no le correspondía hacerlo, contrariamente a la aplicación estricta de las normas de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (único instrumento convencional vinculante), que era responsabilidad funcional de los funcionarios de advertir y adoptar oportunamente las medidas y defensa de los intereses del Estado entre ellas las excepciones de no agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna.



Por todo ello y en su oportunidad, procedía investigar y sancionar a los responsables de este allanamiento inconsulto por haber incurrido en grave infracción a lo dispuesto en los artículos 38, 44, 45, 118 y 205 de la Constitución Política del Perú y por el delito previsto y penado en el artículo 377 del Código Penal.





4. ASPECTOS LEGALES


El Decreto Ley Nº17537 “De la Representación y Defensa del Estado en Juicio” de 25 Marzo 1969 no está limitado al ámbito interno ya que de su texto no se desprende ninguna restricción por razón de competencia territorial, antes bien, el artículo 1 en forma general y expresa señala” La defensa de los intereses y derechos del Estado se ejercen judicialmente por intermedio de los Procuradores Generales de la República a cargo de los asuntos de los diferentes Ministerios”.



Conforme lo establece el artículo 47 de la Constitución Política del Perú “La defensa de los intereses del Estado está a cargo de los Procuradores Públicos conforme a ley…” que no es otra que el Decreto Ley 17537.



A mayor abundamiento resulta de plena aplicación el principio general del Derecho conforme al que “No debemos distinguir donde la Ley no distingue”.



En todos los casos en que el Estado requiera la designación de representantes en juicio para ejercer su defensa como demandantes o demandados sin interesar la denominación que se les dé como Abogados o Agentes es y siempre será la de Procuradores, que necesariamente deben ceñirse para su nombramiento y ejecución del encargo a lo señalado en la norma de la materia; es decir, el Decreto Ley Nº 17537.





El artículo 15º del Decreto Ley Nº 17537 establece que “Los Procuradores podrán convenir en la demanda, desistirse de ella o transigir en juicios, sin otro trámite que la expedición de la Resolución Suprema autoritativa.



El artículo 8º del DS Nº 007-2005-JUS señala que “El allanamiento y/o suscripción de un Acuerdo de solución amistosa …..será autorizado mediante Resolución Suprema …”

Cabe destacar que el artículo 8º antes glosado incurre en grave error al considerar la posibilidad que un Agente pueda celebrar un Acuerdo de solución amistosa, ya que esta modalidad de poner término a un proceso internacional solamente se da en los casos de denuncias ante la Comisión Interamericana, y no ante la Corte Interamericana, debido a que el procedimiento administrativo seguido ante la Comisión no requiere de acreditación de Agentes y usualmente son los representantes acreditados ante la Organización de Estados Americanos quienes ejercen la representación del Estado.



Como es fácil de apreciar, las normas antes citadas se refieren al allanamiento como un acto procesal puro y simple no condicionado que pone término definitivo a un proceso a partir de la fecha de su expedición, de lo que se colige que la resolución autoritativa debe comprender sus alcances y obligaciones que comprometen al Estado frente a terceros con fecha cierta.



El allanamiento es una forma de conclusión del proceso con declaración sobre el fondo, cuando el demandado reconoce la demanda o se allana al petitorio. En el primer caso acepta la pretensión dirigida contra él; en el segundo, además de aceptar la pretensión, admite la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de ésta. El allanamiento es improcedente cuando el representante no tiene autorización expresa para hacerlo.

La autorización contenida en Resolución Suprema debe cumplir con requisitos mínimos exigidos para estos casos, ya que de lo contrario se somete incondicionalmente al Estado peruano a la voluntad de los demandantes y de la Corte Interamericana, quedando sujeto abiertamente por sus propios actos a lo que disponga la sentencia en completo estado de indefensión, ya que declarado el allanamiento la Corte debe expedir sentencia inmediata.



Tanto el Estatuto como el Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen carácter vinculante para los Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; el único documento que tiene carácter obligatorio es la Convención misma.



Un aspecto no tratado por inadvertido y no por ello menos importante, aunque en la reiterada práctica ( no crea Derecho) se ha venido aceptando tácitamente, es que el Estado peruano cuando en 1981 se sometió voluntariamente a la competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos conforme a los artículos 45 y 62 de la Convención, respectivamente, lo hizo solamente para los casos en que un Estado Parte fuere el que alegue que el Perú ha incurrido en violaciones de los derechos humanos establecidos en esta Convención.



Por consiguiente, en los casos de peticiones de persona o grupo de personas, u Organismos No Gubernamentales formuladas contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana, para su admisibilidad y procedencia previamente debe contarse con la aceptación de su competencia, dado que los peticionarios no son ni tiene la calidad Estado parte.



Es más, el artículo 46 de la Convención distingue entre petición y comunicación, correspondiendo la primera a la formulada por personas u organismos no gubernamentales, y la segunda cuando quien la plantea es un Estado Parte. Como puede advertirse, este último caso es el único en que debería proceder el sometimiento automático a la competencia de la Comisión.



La consecuencia de esta precisión es que todos los casos que hasta la fecha se han presentado a la Comisión y que han llegado a la Corte, pudieron haber sido desestimados en su origen como petición ante la Comisión, ya que ésta sin el reconocimiento expreso y previo de su competencia no podría plantear el caso como demandante ante la Corte.



Lo Los funcionarios que se allanaron sin tener autorización expresa del Estado peruano, incurrieron en las infracciones constitucionales imputadas por su propia, intencional e ilegal conducta en perjuicio de la imagen y del patrimonio del Estado, que a su vez constituye supuesto de hecho incontrovertible de ilegal omisión en el ejercicio de sus actos de cautelar los intereses del Estado, haciéndolos pasibles de sanción penal por el delito de incumplimiento de deberes

ALEX KOURI Y MONTESINOS, VIA EXPRESA AEROPUERTO CALLAO

Contraloría cuestiona a jueza
Diario Expreso 3 de Setiembre 2008

La Contraloría General de la República impugnó la decisión de la jueza anticorrupción, Magaly Báscones, por excluir al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos de la denuncia del Ministerio Público por presuntas irregularidades cometidas en la concesión de la Vía Expresa Faucett del Callao.De esta manera, según informó, la Contraloría a través de su procurador público se sumó al pedido de la Primera Fiscalía Anticorrupción para que el presidente de la Región Callao, Alex Kouri, y Montesinos Torres, sean procesados juntos por los delitos de colusión desleal y negociación incompatible.“Efectivamente, la Procuraduría apeló la decisión judicial para que Montesinos no sea excluido del caso, y éste no sea derivado a la Corte del Callao”, afirmó el contralor Genaro Matute.
Por su parte, el procurador de dicho organismo, Héctor Maldonado, precisó que el recurso de impugnación fue presentado al Poder Judicial el martes pasado.
“Consideramos que existen indicios razonables para que Montesinos no sea excluido de este proceso, así como para que el caso siga a cargo del sistema anticorrupción”, alegó el funcionario.